El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Johel Valiente, sostuvo ayer que aún no han iniciado una investigación sobre la aprobación de un decreto legislativo que impulsó en 2014 el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, el cual beneficiaría a la esposa de su socio y exasesor, Byron Larrazábal.
El decreto 667, aprobado en mayo de 2014 por el FMLN, GANA y el grupo de tránsfugas permite que se le devuelva por ley un terreno embargado de 83.43 hectáreas a la esposa de Larrazábal Arévalo, en el municipio de San Francisco Morazán, Chalatenango, de acuerdo con publicaciones de La Prensa Gráfica de ese entonces.
En el caso está en juego una nueva empresa, Eko Lime S.A. de C.V., en la que, además de Larrazábal, participa el hermano del presidente legislativo, Earle René Reyes, según la publicación de La Prensa Gráfica.
Según el presidente del ente contralor, está recabando información sobre este caso, pero no aseguró si comenzarán una investigación de oficio acerca del mismo.
“La Corte vive recopilando información y de oficio inicia cualquier investigación, y no podría decir si la vamos a hacer o cuándo la vamos a hacer, eso depende del giro de toda la información que la Corte recabe, repito, oficiosamente”, afirmó Valiente ayer, luego de presentar un informe de rendición de cuentas de la institución.
Según dijo, lo que debe hacer la CCR es determinar si hay algún indicio en la información que recaben, a partir de lo cual deben, por mandato de ley, iniciar una investigación.
La compañía Eko Lime S.A. de C.V. se dedica a la explotación de recursos silvícolas o forestales, y fue constituida el 14 de octubre de 2013, siete meses antes de que Reyes pidiera al pleno legislativo la aprobación del decreto 667, el cual fue aprobado con 43 votos.
Rendición de cuentas
El presidente de la CCR presentó ayer el informe de labores de la institución, en el que destacó la reducción de la mora en casos de auditorías y exámenes especiales.
Según el presidente de la contraloría, en 2013 había 1,049 expedientes sin resolver, pero aseguró que a la fecha esa cifra se redujo a 200 expedientes.
No obstante, no especificó los casos en los que hubo hallazgos importantes. “Cuando hablamos de la mora estamos hablando de los juicios de cuentas que no habían sido tramitados en su totalidad. De los hallazgos solo podemos indicar que son de índole administrativa y patrimonial”, explicó.
El informe también detalló que la CCR ha realizado 276 auditorías financieras y 657 exámenes especiales, en los que se han incorporado denuncias ciudadanas.
Valiente también explicó que ya han sido convocados los partidos políticos para entregar los finiquitos a los concejales de los distintas municipalidades que tomarán posesión el 1 de mayo.
“Los alcaldes que van a tomar posesión, todos ya tienen su finiquito. Lo que sucede es con los demás concejales que al momento de tomar posesión deben contar con ese documento. Esta semana hemos convocado a los partidos para darles instructivos y la forma del proceso que se va a llevar a cabo para extenderles las constancias a los concejales que tomarán posesión”, detalló.