El fiscal general Luis Martínez se reunió ayer con el comisionado presidencial para la Seguridad Francis Hato Hasbún, con quien discutió los hallazgos de dinero, televisores plasmas, equipos de sonido, celulares, juegos de consola y hasta armas de fuego en los centros penales donde pandilleros se encuentran recluidos.
El fiscal Martínez había pedido el domingo pasado una reunión de urgencia con Hasbún y otras autoridades de Seguridad Pública, para tratar el problema de que los pandilleros que se encuentran en los distintos penales poseen objetos ilícitos y hasta armas de fuego, sin que las autoridades hagan algo para evitar el ingreso de esos artículos prohibidos.
A través de un comunicado, Martínez confirmó que la reunión se prolongó por más de una hora durante la cual se revisó los pormenores de cada requisa realizada en cuatro reclusorio con el propósito de detectar las deficiencias en los penales donde se han encontrado más de 150 televisores plasmas, más de 10,000 dólares en efectivo, un centenar de celulares, equipos de sonido y dos revólveres en las últimas semanas.
En ese sentido, las autoridades de Seguridad asumieron el compromiso de corregir “todas las deficiencias al más corto plazo y hacer los cambios que haya que hacer”.
Complacido por el compromiso adquirido por los responsables de la Seguridad Pública, Martínez destacó que es importante seguir con las requisas en los recintos penitenciarios donde se albergan a los pandilleros bajo la coordinación de la Fiscalía, Policía y Centros Penales, pero “siempre de frente a la población y por el bien de la Nación”.
Señaló, además, que “ya es tiempo de poner orden conforme a las leyes de la República. No se puede seguir jugando con la seguridad de todo un país. El comisionado presidencial me ha reiterado el apoyo decidido a la institución (Fiscalía) y le tomo la palabra”, dijo el fiscal Martínez, tras la reunión que se realizó de forma privada en Casa Presidencial.
Martínez reiteró que seguirá con el esfuerzo de desarticular a los grupos criminales de las pandillas, pero esto tiene que ser de forma conjunta con las otras instituciones gubernamentales que tienen la obligación de garantizarle la seguridad ciudadana a los salvadoreños.
El viernes pasado, Martínez exigió la destitución del director de Centros Penales Ródil Hernández, por su “evidente incapacidad y negligencia”.
Ante la petición del fiscal Martínez, Hernández aseguró que se están haciendo “todas esas acciones (requisas) contempladas dentro del plan de Justicia, Seguridad y Convivencia”. Sostuvo que se le está dando cumplimiento al mandato expresado por el presidente Salvador Sánchez Cerén de “restablecer el orden y el control en los centros penales”. Aclaró que su trabajo al frente de los centros penales siempre ha sido dentro de lo que manda la ley y rechazó haber sido negligente.