La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena realizar un nuevo recuento de votos en San Salvador para diputados, debe ser cumplida a cabalidad porque se trata de una violación de derechos constitucionales, consideraron varios abogados consultados sobre el tema.
Asimismo, consideraron sin sustento jurídico las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo electoral, Julio Olivo, para quien la sentencia de la Sala podría ser “inaplicable”.
“La demanda reunía todas las condiciones. Se trata de violación de derechos constitucionales y no de actos de mera legalidad”, consideró el abogado y exmagistrado del TSE, Félix Ulloa.
En esto coincidió el expresidente de la CSJ, Domingo Méndez. Según dijo, las resoluciones de la Sala son de estricto cumplimiento, por lo que el presidente del TSE cometería desobediencia que al final tendría consecuencias para el funcionario.
“Esta es una sentencia de la Sala y no puede incumplirla el Tribunal, de lo contrario tendría que someterse a la calificación de un desacato, como se puede llamar en un momento dado. A mí me parece que es desobediencia. Hay un desacato por parte del presidente. Eso no puede hacerlo”, señaló el abogado y representante de la organización de la sociedad civil Aliados por la Democracia.
En tanto, el abogado Francisco Bertrand Galindo señaló que, en este caso, no se trata de una legislación sino de una resolución del máximo tribunal en materia constitucional, por lo que el TSE debe acatar la resolución.
“Los jueces en general tienen la facultad (de inaplicar una ley), pero sujeta a un cierto control. En el caso del Tribunal, como es independiente del Órgano Judicial, en una aplicación simple de la ley tendría facultad para inaplicar una ley, pero no estamos hablando de una ley sino de una resolución del máximo órgano que la Constitución establece para interpretar”, manifestó Bertrand Galindo.
Según el abogado, la regla que se ha fijado es que la única que puede decidir si no se aplica una norma constitucional es la misma Sala de lo Constitucional.
Es más, aseguró que si no se acata la resolución el procedimiento que sigue es declarar en desobediencia al presidente del TSE. “Eso provocaría que se debe notificar al Fiscal que hay desobediencia, y allí vendría una serie de cosas que no sabemos qué podría pasar”, explicó.
Según dijo, es posible que los funcionarios no estén de acuerdo con los lineamientos de la Sala de lo Constitucional, “pero se deben cumplir porque no hay opción”.
El presidente del TSE señaló ayer que la sentencia de la Sala podría inaplicarse si determinan que la misma viola la Constitución de la República y el Código Electoral. No obstante, al momento de conocerse la sentencia, el martes pasado, Olivo dijo que darían cumplimiento a cualquier sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador y representante de Aliados por la Democracia, Luis Cardenal, coincidió con los abogados en que “una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que garantiza los derechos de los ciudadanos, debe ser respetada por todos los funcionarios”.
Dijo que el presidente del TSE no es la excepción. “Andar diciendo este tipo de cosas le resta a la dignidad de su cargo y le resta credibilidad a él como persona. Todos los ciudadanos somos sujetos a la ley y los funcionarios públicos más aún”, declaró Cardenal.
Según dijo, los funcionarios deben ceñirse a lo que establecen las leyes, por lo que el máximo tribunal en materia constitucional es la Sala.
“Los funcionarios no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite. Ellos han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la garante del cumplimiento de la Constitución es la Sala”, advirtió.
En tanto, el director de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, la sentencia establece claramente que ha habido incongruencias en el conteo de votos para San Salvador, lo cual ha afirmado el mismo magistrado del TSE, Ulises Rivas.
“La Sala señala que han existido incongruencias. En el caso del magistrado Ulises Rivas, plantea que esas irregularidades podrían incluso modificar el resultado con respecto al diputado 24 de San Salvador”, dijo.
Esta fue una de las disputas entre el diputado de CD, Douglas Avilés, y el diputado electo por ARENA, Mauricio Vargas, quien obtuvo la diputación 24 para San Salvador.
Avilés alegaba que hay inconsistencias en varias actas del municipio de Mejicanos, en San Salvador, las cuales podrían cambiar el resultado y brindarle la diputación.
Avilés y candidatos de otros partidos políticos presentaron al TSE un recurso de nulidad del escrutinio definitivo, pero los magistrados resolvieron que los argumentos de los peticionarios no reunían los requisitos establecidos en la ley electoral.
Según Villalta, los recursos presentados ante la Sala para hacer un nuevo conteo de votos están bien fundamentados y expresan que hubo una vulneración de los derechos constitucionales, que fue uno de los principales argumentos de los candidatos al pedir que se abran las cajas.