La última plenaria de la Asamblea Legislativa saliente es el escenario del último estira y encoge para que se ratifique o no la reforma al artículo 69 de la Constitución donde se habla del derecho humano al acceso agua y a la alimentación.
Ayer la pretendida ratificación no prosperó; pues, las fracciones de ARENA y del PCN no estaban dispuestas a votar a favor de la ratificación.
Ante ese panorama, el FMLN pidió que se votara con 43 votos para iniciar un nuevo proceso de reforma a la Carta Magna, un hecho criticado por ARENA pues a su juicio se violentó el proceso de reforma constitucional.
La iniciativa es respaldada por los diputados del FMLN a solicitud de 130 organizaciones aglutinadas en el Foro del Agua.
Estas ONG llevaron a cabo una protesta ayer y llegarán a la Asamblea para exigir la ratificación de la reforma.
El artículo 69 a ratificar afirma: “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.
Ese punto “el acceso al agua” como derecho humano no coincide con lo que realmente considera la ONU como derecho humano.
Un experto en el tema hídrico explicó que el acceso es simplemente la facilidad que puede tener un animal para beber de cualquier fuente de agua, esté esta contaminada o no. Pero lo que la ONU considera un derecho humano son el agua potable y el saneamiento.
La Observación General nº 15 sobre el derecho al agua fue adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en noviembre de 2002. El artículo I.1 de esta observación reza: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”.
La resolución 64/292, de la Asamblea General de la ONU, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento el 28 de julio de 2010.
Dicha resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales “a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos”.
Las organizaciones que exigen la ratificación de la reforma sostienen que esta garantizará que el agua no se convierta en “en una mercancía”.
Pero la misma ONU ha aclarado que “el marco de los derechos humanos no establece el derecho a un suministro de agua gratuito”. Así lo explica en el folleto informativo “El derecho al agua”, editado por ONU Hábitat y la OMS en marzo de 2011.
La insistencia por que se ratifique esta reforma parece pretender revertir el hecho de que en el proyecto de Ley General de Aguas que se discute aún en la Asamblea Legislativa, se establece que el ente rector de este recurso será una autónoma.
Tanto Fusades como expertos en el tema hídrico han señalado que la gestión del agua no debería estar supeditada a los vaivenes de la política, sino a criterios técnicos.