La novena víctima de la masacre registrada en Quezaltepeque murió la madrugada de ayer en el hospital San Rafael de Santa Tecla, La Libertad, según confirmó la Fiscalía General, mientras la tesis del ataque por un ajuste de cuentas por drogas toma más fuerza.
La tarde del lunes pasado, al menos 10 hombres con armas con silenciadores entraron a un estacionamiento de furgones en el kilómetro 29 de la carretera Quezaltepeque hacia el desvío de San Juan Opico, La Libertad, y acribillaron a un grupo de 10 personas que se encontraban en el lugar. Siete hombres y una mujer murieron en el sitio; mientras que dos resultaron gravemente heridos.
La madrugada de ayer murió Franklin Geovany Vanegas Ayala, quien residía en la zona de Lourdes, Colón; y que se supone trabajaba como transportista. Hay dos víctimas que aún no han sido identificados porque ningún familiar se ha acercado a Medicina Legal a reconocerlos.
Entre las víctimas identificadas se encuentra Rudis Alcides Lazo Flores, de 45 años, quien era primo de Reynerio de Jesús Flores Lazo, un narcotraficante que purga una condena de 80 años de prisión por cuatro casos de tráfico de drogas entre El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Fuentes policiales explicaron que familiares de Lazo Flores manifestaron que él había llegado al predio, porque iba a negociar la venta de unos cabezales para furgones.
Las otras víctimas de la masacre son Berta Luz Cárcamo Ortiz, Ricardo Alemán Mancía, Juan Douglas Pocasangre Deleón, Marco Wilfredo Cárcamo Ordóñez y Ramón Alfredo Alemán Osorio, quien, según la Fiscalía, sería el propietario del inmueble donde estacionaban los furgones.
Fiscalía: ajuste de cuentas por narcotráfico
El jefe fiscal antihomicidios, Óscar Torres, confirmó ayer que una de las líneas de investigación que manejan con respecto a la matanza es un ajuste de cuentas por narcotráfico, aunque no pueden descartar que pueda tratarse de problemas con las pandillas.
Aunque en las primeras indagaciones no hay, por el momento, indicios de que la masacre esté ligada al narcotráfico, Torres explicó que por la forma como se cometió, se había ampliado la inspección del predio para ver si se podía obtener algún tipo de documentación o descubrir algún compartimiento escondido en algún furgón con lo que reforzaría la tesis de las autoridades antinarcóticas de que la matanza estaría ligada al trasiego de drogas por la región centroamericana.
“Falta que inspeccionar más detalladamente vehículos que están en el lugar, documentos que se puedan encontrar para ir teniendo una hipótesis más probable”, dijo Torres. Agregó que “tal vez podríamos encontrar algún indicio en el traslado de drogas, si los furgones trasladaban droga, pero no podemos decir con certeza, pero es algo rutinario que siempre se hace en este tipo de eventos”.
Fuentes de la Policía aseguraron que, por el dispositivo utilizado por los individuos y las armas con silenciadores, no cabe duda de que se trata de una vendetta de narcotraficantes. Agregaron que esta venganza pudo derivarse del robo de algún cargamento de drogas o que no hayan entregado la narcomercancía que les habían encargado.
El fiscal Torres aseguró que no puede asegurar que la masacre fue cometida por integrantes de Los Zetas de México por las letras pintadas en la habitación donde encontraron los cuerpos.
“La verdad es que aquí cualquiera puede ubicar “x” ó “y” estructura como para poder evadir las investigaciones o que éstas den un giro a otros grupos delincuenciales”, dijo Torres.
Niño bajo cuido de PNC
Las autoridades fiscales suponen que Pocasangre Deleón y Cárcamo Ortiz serían los padres del niño de 3 años que sobrevivió al ataque y que se presume sigue bajo el cuido de la Policía.
El niño le dijo a los policías, cuando lo encontraron en la cabina de un cabezal, que sus padres andaban comprando en una gasolinera.
Además, la Policía recibió información de que el menor había llegado con sus padres en uno de los vehículos que se encuentran en el lugar.
Fuentes policiales explicaron que, si no aparece ningún familiar del niño, será llevado a un albergue del Isna.
Familiares de Cárcamo Ordóñez, de 24 años, aseguraron que él se dedicaba al transporte de carga.
La madre de Cárcamo Ordóñez manifestó, al llegar la noche del lunes al sitio de la masacre, que su hijo no andaba en nada malo y que sabía que él había llegado a ese predio a negociar unas baterías para furgones.
Las autoridades antinarcóticas tratan de establecer si la matanza de otro transportista, su esposa y uno de sus empleados en el sector de El Porvenir, Santa Ana, tiene alguna relación.
Fuentes policiales explicaron que, por el momento, no existe ningún vínculo entre las dos masacres, aunque por la forma como se produjeron los dos hechos, no se puede descartar que puedan estar relacionados y más cuando en Guatemala han sido asesinados transportistas salvadoreños que se supone están ligados al narcotráfico internacional.