Hace 10 años, Andrés Martínez terminó de pagar un terreno que adquirió en la lotificación Brisas de San Diego, situada en el kilómetro 40 de la carretera Troncal del Norte, en El Paisnal, San Salvador.
Martínez esperaba que en los siguientes días de haber saldado la última cuota, el lotificador le entregara la escritura que certifica que es propietario del inmueble donde residen él y su familia.
Sin embargo, el tiempo ha pasado y el documento aún no se lo han entregado, lo que impide tener seguridad de que no será desahuciado. Tampoco puede heredarlo a sus hijos y mucho menos hipotecarlo ante cualquier emergencia porque no está a nombre de él.
Por el terreno de unos 200 metros cuadrados pagó 1,700 dólares. Su hermano también tomó otra parcela en la misma lotificación, pero tampoco ha recibido la escritura.
Estiman que la mitad de los que adquirieron sus lotes en Brisas de San Diego ya terminaron de pagar sus terrenos, sin obtener sus escrituras.
En la propiedad hay un rótulo que indica que todavía hay lotes disponibles a cuotas accesibles.
Para calmar los ánimos de quienes compraron parcelas, un abogado llega a darles esperanza de que se están tramitando los documentos.
“A mi hermano le prometieron que si pagaba de inmediato el lote, le entregarían rápido la escritura. Pagó, pero le mintieron”, aseguró un muchacho.
Óscar Armando Orellana y su esposa Guadalupe Ramos son de los últimos que adquirieron un lote en Brisas del Norte. Desde hace un año pagan 19 dólares mensuales, dieron una prima de 47 dólares, más 20 dólares para abonar el costo de la futura escritura que les entregarían.
Los esposos Orellana estaban cansados de alquilar una casa en San Salvador que nunca sería de ellos, por lo que vieron una oportunidad de contar con una de su propiedad en esa lotificación y se aventuraron en adquirir un lote.
La pareja nunca se imaginó que donde estaba cifrando esperanzas de tener un techo propio no era una lotificación legalizada y que la propiedad donde compraron no estaba autorizada por las instituciones para ser urbanizada y que al final les afectaría la escrituración.
“A mí me gustó la lotificación porque el terreno es bastante plano”, dijo Ramos.
Les dijeron que todo estaba en orden y que no había problemas, que la zona era tranquila, sin violencia, “pero de eso no tiene nada, pues es peligroso”, dijeron. También les prometieron que podían contar con agua, luz, transporte público y caminos vecinales, pero no es cierto, se abastecen de un pozo y solo tienen energía eléctrica.
Las calles vecinales y áreas de recreo están abandonadas.
El mismo problema enfrenta Marco Tulio Segura, un hombre de la tercera edad que compró de contado un terreno en la lotificación El Porvenir, en el cantón El Puente en Salcoatitán, Sonsonate.
Segura no compró directamente al lotificador, sino pagó el derecho de otro cliente, por 30 mil dólares.
El inmueble tenía construcción, pero Marco Tulio la mejoró con una inversión similar a lo que había pagado. A dos años de haber adquirido la propiedad, aún no le han dado escritura porque la lotificación no está legalizada y, como él, unos 300 más están en incertidumbre.