Un grupo de directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que aglutina a más de un millar de medios de comunicación en América Latina acudió este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para exponer los potenciales peligros que enfrenta el ejercicio del periodismo libre y la libertad de expresión en el hemisferio con la cada vez más evidente concentración de medios de comunicación en pocas manos y doblegados a la voluntad de algunos gobiernos.
La delegación invitada al 154 período de sesiones de la CIDH, ente adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA; llegó para exponer ante los relatores de la instancia hemisférica sobre el tema: “Libertad de Expresión: Diversidad pluralismo y concentración de medios de comunicación en las Américas”.
El acostumbrado formado de audiencias, de un peticionario y un estado o varios que responden los señalamientos, fue cambiado en esta oportunidad al conceder las sillas de la otra mesa a un conglomerado de organizaciones y sindicatos de comunicadores que se deslizaron también por las mismas propuestas de la SIP sobre la preocupante concentración de medios, pero con algunos matices.
En representación de la sociedad de prensa su presidente Claudio Paolillo, hizo un corto resumen en los 20 minutos concedidos para cada grupo expositor, sobre las anómalas situaciones que se han dado en países donde se ha ido minando el derecho fundamental de expresión con las acciones tomadas desde los propios gobiernos, como el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua, que citó como los más graves.
En este país centroamericano, la familia del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, más un empresario mexicano, Miguel González, quien en se ha convertido en magnate de medios de comunicación en América Latina controlan casi en su totalidad el espectro radioeléctrico del país.
González, explicó el presidente de la SIP se adecua de una manera sorprendente a los intereses de los gobiernos, de tal manera que se adhiere a la discursiva oficialista –de derecha o de izquierda– según el país para mantener nada más que se redondo negocio.
“En Nicaragua la familia presidencial Ortega – Murillo controla el canal 2, que ya había pasado antes al empresario mexicano Miguel González, que ahora se quedó con el canal 7 que antes era una repetidora del canal 2, González no critica en sus canales nada contra el gobierno y tiene en Nicaragua los canales 9, 10, 11 y 7, y es dueño de otra empresa con al menos tres emisoras para todo el país. La familia presidencial controla los canales 2, 4, 6 canales del estado, 8, 13 y 47 y el 91 de suscripción por cable. Queda únicamente uno, el canal 12 como medio de comunicación independiente en ese país; quiere decir que en Nicaragua estamos ante un duopolio, cuyo resultado es que la sociedad nicaragüense reciba de una manera abrumadora solo informaciones u opiniones oficialistas”, alertó el presidente de la SIP a los relatores de la CIDH.
La figura de este empresario azteca también se ha acoplado bien en Guatemala creando un monopolio privado que controla la televisión abierta, con concesiones renovadas una y otra vez por distintas administraciones de gobierno y que maneja casi en su totalidad de la información de carácter público que reciben los ciudadanos guatemaltecos. Pero esta figura según explicó Paolillo en entrevista con El Diario de Hoy, también está en proceso de entrar a El Salvador.
La respuesta de los comunicadores aglutinados en sindicatos y ONG se concentró también en que debe haber más empeño por parte de la CIDH para que se garantice también la democratización de los medios de comunicación desde la perspectiva de responder a derechos de minorías excluidas y a pequeños proyectos de comunicación de alcance comunitario.
Claudio Paolillo, en representación del grupo que le acompaño conformado por Lourdes Lobardía, vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP; también directora del diario La Prensa de Panamá; Danilo Arbilla, expresidente de la SIP, uruguayo; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, mexicano, a José Antonio Miro Quezada, miembro de la sociedad y directivo del grupo El Comercio, de Perú. Martín Steves, miembro de la SIP e integrante del Grupo Clarín, de Argentina, instó a la CIDH de activar todos los mecanismos de acción que manda el Artículo 12 sobre la Declaratoria sobre Libre Expresión avalada por este mismo organismo.
“La SIP se ha opuesto a cualquier norma de control de la Internet y recientemente ha denunciado leyes como las de Ecuador, Venezuela y Argentina, las cuales bajo la escasa de legislar sobre concentración de medios han sido empleadas por los gobiernos para restringir la libertad de prensa y de expresión, aprovechando esas leyes estos gobiernos han confiscado y clausurado medios privados, han perseguido a periodistas y han creado cientos y cientos de medios pro gubernamentales, públicos y privados, como el caso de Ecuador, han comprado medios de comunicación como los casos de Bolivia y Nicaragua o lo han hecho a través de testaferros como ha sido en Venezuela y Argentina y han silenciado a medios críticos e independientes utilizando la publicidad oficial como herramienta de premio para los oficialistas y de castigo para los críticos e independientes”, reiteró el presidente de la sociedad.
Comisión ve fructífero encuentro con asocio de medios
Concluida los dos bloques de exposiciones de 20 minutos para cada expositor, los relatores de la CIDH tomaron la palabra para reiterar la importancia de retomar este debate con dos grupos de la sociedad civil, un ejercicio distinto a los que se acostumbran en estas jornadas de audiencias.
El presidente de la Comisión Jesé de Jesús Orozco, reconoció que la comisión tiene bien establecido los criterios para garantizar que en los países del hemisferio haya diversidad de propietarios y de medios de comunicación, así también se ha velado porque existan reglamentos eficaces que impidan la concentración indebida o la formación de monopolios, especial atención dijo debe haber para fomentar “el pluralismo y el debido proceso para la renovación de licencias o concesiones”, acotó.
También cuestionó a los relatores para explicar cómo han funcionado los recursos presentados en los países para cerrar el paso a la concentración de frecuencias de radio, televisión y la repartición de medios impresos.
Por su parte el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA; Edilson Lanza matizó que es importante que haya un consenso en las posturas de las partes citadas a la audiencia en que existe un riesgo para la democracia en los países del hemisferio donde se están dando concentración de medios de comunicación.
Lanza pidió a la comisión y a la Sociedad Interamericana de Prensa abrir el diálogo para encontrar de manera conjunta algunas vías de solución que lleven a la CIDH a dictar medidas para que los respectivos gobiernos de los países se apeguen a los principios de la declaratoria aprobada por esa misma instancia.