El Fiscal General, Luis Martínez, consideró que detrás de la vulneración de correspondencia confidencial del Ministerio Público y de las acusaciones que querellantes en el caso han formulado contra él en el caso de Francisco Flores hay “fuerzas oscuras”, incluso oficialistas, que buscan su remoción.
Al mismo tiempo, afirmó que no acatará las órdenes de ninguna comisión legislativa que se forme para removerlo, ya que esa clase de comisiones “son inconstitucionales”.
“Claramente les digo: ‘No soy recusable y la Asamblea Legislativa no tiene las facultades legales ni constitucionales para conocer sobre esta situación’. Si quieren jugar a las conspiraciones y políticas estamos preparados para enfrentarlo”, enfatizó.
Las declaraciones del fiscal Martínez salen a la luz tras las acusaciones de los querellantes de que él habría manipulado y alterado la documentación enviada por la Fiscalía de las Bahamas. En ese sentido, Martínez no descartó una posible demanda en contra de los abogados por acusarlo sin fundamento.
“El tema por lo que han estado acusando los querellantes y que me voy a reservar mi derecho de ejercer las acciones penales respectivas porque ellos han manifestado públicamente ante los medios y diferente lugares de que el fiscal (Martínez) ha alterado o manipulado la prueba que vino de Bahamas”, enfatizó.
El fiscal Martínez consideró que el interés de los abogados querellantes en el caso Flores de pedir a la Asamblea Legislativa que lo separe del proceso, a través del Juzgado Séptimo de Instrucción, es para buscar posteriormente su destitución del cargo.
“Esto es parte de una persecución y juego político que ha comenzado un proceso de elección del Fiscal General y ya vamos a ver que aquí van a surgir traiciones, van a salir construcciones de casos perversos y ataques de diferente naturaleza”, dijo Martínez al denunciar que los ataques en contra de su persona obedecen a situaciones políticas para impedirle su reelección.
Denunció que existen personas que estén conspirando para “tomarse” el Ministerio Público con fines políticos.
“Eso siempre ha sido una sed natural de muchos políticos de tener en alguna medida sometida a esta institución y con el trabajo de los fiscales lo que estamos haciendo fortaleciendo su independencia, objetividad, imparcialidad, la legalidad y la seguridad jurídica”, señaló.
Al fiscal Martínez le sorprende la actuación del juez Séptimo de Instrucción porque “cuando los querellantes piden la recusación y viene el juez en 30 minutos resuelve enviarlo a la Asamblea Legislativa y nosotros pedimos el día lunes una revocatoria y hasta la fecha ni lo han agregado al proceso y ni lo han resuelto”.