La Sala de lo Constitucional resolvió ayer que las instituciones del Estado violaron los derechos de los habitantes del cantón Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad, al no dar un adecuado tratamiento a la escoria producida por Batería de El Salvador.
La Sala determinó en su sentencia que tanto Baterías de El Salvador como las autoridades son responsables de los daños al medio ambiente y a la salud de las personas afectadas, que sufrieron como consecuencia de la contaminación por plomo.
Los magistrados encontraron responsables por sus actos y omisiones a los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente, Concejo de San Juan Opico, Fiscalía General y la empresa.
Según los constitucionalistas, la fábrica es responsable de la contaminación al medio ambiente al producir y abandonar la escoria sin darle el tratamiento adecuado.
Al Ministerio de Salud lo responsabilizó de la contaminación ambiental en la zona, por la aprobación de construcción y permisos de funcionamiento de la industria y por el retraso en ordenar el cierre de la fábrica.
Dijo que Medio Ambiente falló en aprobar los estudios de impacto ambiental para el funcionamiento de la fábrica.
También por dar el visto bueno al estudio de impacto ambiental para desarrollar el proyecto habitacional denominado Ciudad Versalles dentro de una zona protegida y de reserva de agua.
En cuanto al Concejo de San Juan Opico, la Sala lo culpó por aprobar la instalación y el funcionamiento de la mencionada fábrica.
Entre tanto, la Fiscalía General de la República fue incriminada por no ejercer en su momento la acción penal y también por la omisión de su autoridad para iniciar una investigación de oficio.
En ese sentido, los magistrados ordenaron que el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y el Concejo de San Juan Opico, adopten diversas medidas con la finalidad de restaurar el ecosistema afectado y prevenir que se continúe contaminando.
Además, para que no se “siga afectando la salud y poniendo en grave riesgo la vida de la población residente en esa zona”.
La Sala dio 90 días calendario para que las autoridades y la empresa aludida informen al máximo Tribunal sobre sus decisiones y acciones concretas para cumplir con la sentencia. Asimismo la Sala dejó abierta la posibilidad para que los afectados emprendan las acciones civiles de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la contaminación de dicha empresa.