Los recientes ataques contra empleados del transporte público no solo han cobrado vidas y desintegrado familias, también están dejando a los empresarios sin empleados, porque, según los transportistas, ellos prefieren renunciar antes que convertirse en las próximas víctimas de los delincuentes.
Ayer por la mañana, un bus de la Ruta 43 —que hace su recorrido entre Ciudad Delgado y la zona del hospital Rosales, en San Salvador— fue incendiado frente al motorista y algunos usuarios por tres supuestos pandilleros.
El ataque fue cometido un día después de que un motorista y un cobrador de la Ruta 151, que circula entre San José Villanueva y Santa Tecla, en La Libertad, fueran asesinados cuando hacían el primer viaje del día.
La semana pasada, en Apopa, también fue ultimado a balazos un motorista de un microbús pirata frente a una veintena de pasajeros, cuando iban hacia Quezaltepeque.
Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), aseguró que, hasta el miércoles pasado, 11 empleados del gremio han sido asesinados y dos han resultado lesionados mientras estaban trabajando.
Además, la entidad ha registrado ocho muertes violentas de usuarios y delincuentes dentro de las unidades de transporte; 20 ataques a buses y microbuses (daños). El bus incendiado ayer es el primero que se cuenta en el año.
A juicio de Miranda, los grupos criminales no solo ven en el gremio un blanco perfecto para lucrarse de la extorsión, sino también lo están utilizando como carne de cañón para presionar al gobierno y así lograr beneficios.
“(Los ataque) podrían ser medidas de presión por las bandas que se dedican a la extorsión para presionar al Consejo de Seguridad para que flexibilice al Gobierno en algunas peticiones que han hecho”, sostuvo Miranda.
El empresario y su colega Roberto Soriano, delegado de la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP), coincidieron en que los recientes ataques contra empleados de buses y microbuses aparentemente no tienen relación con el pago de las extorsiones.
El representante de la ATP sostuvo que ayer hubo un encuentro de empresarios en el que se analizó el problema y se llegó a la conclusión de que la mayoría de rutas está al día con el pago de la extorsión y los delincuentes no les han exigido más de dinero.
“Pareciera que de lo que se trata es de darle un mensaje al Gobierno de la fuerza que ellos (los grupos delictivos) puedan tener, y como siempre somos nosotros los que pagamos los platos rotos”, expresó Soriano.
Según él, trabajadores de diferentes rutas se han acercado preocupados a los empresarios para preguntarles si no están pagando los chantajes y, en algunos casos, han renunciado (o han dicho que lo harán) porque temen que los delincuentes les hagan daño.
Entre los transportistas hay temor de que los empleados realicen un paro de labores generalizado para demandar seguridad, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que al final el Viceministerio de Transporte termine sancionando a los empresarios.
Indiferencia de Gobierno
Tras los asesinatos de los dos empleados de la Ruta 151 y la quema del bus de la Ruta 43, los empresarios y trabajadores no están dando el servicio por temor a que los delincuentes repitan los ataques.
El alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, manifestó que los empleados de la Ruta 151 han dicho que no saldrán a trabajar hasta que las autoridades no les garanticen seguridad.
Al respecto, Soriano criticó que por muchos años las autoridades les han dicho que no cuentan con personal policial y militar suficiente para dar seguridad en las unidades, “pero sí tienen más de 300 de agentes cuidando el negocio de un grupo de personas, como es el Sitramss”.
El transportista dejó entrever que esta indiferencia podría ser una estrategia del Gobierno para hacer que los empresarios se desesperen y deserten del negocio.
Los empresarios, secundados por otros que pidieron el anonimato, aseguraron que pese a los recientes incidentes, no han sido convocados por delegados del Gabinete de Seguridad para explicarles qué acciones van a realizar.