La decisión de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de mantener la demanda civil contra los acusados en el litigio con Enel abre la puerta para reanudar un proceso que se sigue contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
La razón: uno de los acuerdos entre el Estado salvadoreño y la firma italiana es que se extinguiría la reclamación por daños y perjuicios (acción civil) contra Enel y los nueve acusados de supuestamente favorecer a la firma italiana para obtener el proyecto de explotación de energía geotérmica.
Sin embargo, CEL dice ahora que ese fue un acuerdo entre el Estado y Enel y tanto esa empresa paraestatal como su afiliada INE “se reservan el derecho” de promover un reclamo civil contra los acusados, cuya defensa alega que no se les ha podido probar delito a un año del proceso.
Esto contradice el acuerdo firmado en diciembre pasado en Washington por el Fiscal General de El Salvador, Luis Martínez, y ejecutivos de Enel, que establece la extinción de la acción civil, extensiva a los acusados en el caso.
De lo contrario, el documento contempla que seis meses después, es decir el 7 de junio próximo, si Enel considera que no se cumplen las condiciones puede iniciar una serie de consultas con las autoridades salvadoreñas para continuar con el proceso ante el CIADI. Para la empresa italiana es de vital importancia la liberación de responsabilidades civil, sobre todo para su ejecutivo Vicente Machado, por las repercusiones a la imagen corporativa de la empresa.
El artículo 3 del acuerdo establece: “Las partes han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a Enel Green Power y Enel Green Power El Salvador en los procesos penal en el Juzgado 7º de Paz y 7º de Instrucción, la cual se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen la calidad de imputadas en los mismos”.
Pero el presidente de CEL, David Antonio López Villafuerte, presentó un escrito en un tribunal para reafirmar que no desiste del juicio civil contra los exfuncionarios.
Incluso el funcionario quiere que ellos paguen los 280 millones de dólares que suman las acciones que el Estado pagó a Enel tras el acuerdo.
Al ser consultado en Washington sobre el caso, el abogado Luis Parada, miembro del equipo del bufete Foley Hoag que defiende a El Salvador en este y otro caso que se dirime en el CIADI, explicó a El Diario de Hoy los límites del acuerdo, que en su parte medular dio como resultado la venta de acciones que tenía Enel en el asocio público privado con LaGeo, contraparte estatal para el desarrollo del sector energético.
“El caso ha quedado suspendido hasta el 7 de junio, pendiente de ver cómo sigue la causa penal y civil (en El Salvador). Por eso es que la Fiscalía ya solicitó la exención del proceso civil”, explicó.
El apoderado de CEL e INE, Óscar Armando Romero Larios, manifestó en el tribunal que “renunciaban única y exclusivamente a la acción civil a favor de Vicente Machado, exdirectivo de Enel, no así de los demás imputados”.
El acuerdo marco dice que Enel tiene el derecho de iniciar consultas con El Salvador por un periodo de 30 días y después de eso, si no han llegado a otro acuerdo o se ha extendido el plazo, puede solicitar al tribunal CIADI que se reinicie el caso, desde donde se dejó”, explicó Parada.
El contenido de las negociaciones que se realizaron en la sede del Banco Mundial, entre los ejecutivos de la compañía italiana y la representación del Estado salvadoreño, con miembros de Casa Presidencial, la Fiscalía y de CEL para llegar al acuerdo con Enel, ha sido notificado a los tres árbitros del tribunal.
Parada comentó que las partes enviaron al tribunal copia del acuerdo alcanzado y que se incluyó como parte del proceso en el organismo.
La empresa italiana acudió al CIADI para buscar protección contra el embargo de cerca de $2 mil millones de dólares que le aplicó un tribunal de El Salvador por supuestos daños al Estado salvadoreño, al mismo tiempo que procesó a varios exfuncionarios por supuesto peculado a la hora de seleccionar a Enel como socio estratégico para desarrollar un proyecto geotérmico a principios de la década pasada.
Sobre esa base del monto, Enel podría reiniciar la querella en Washington, al considerar que la venta de sus acciones que hizo a la CEL en diciembre pasado no fue acorde con el valor real de mercado de éstas, sobre todo porque estaba muy por debajo del valúo que hizo una empresa vinculada a un exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes.
El Diario de Hoy trató de conseguir comentarios oficiales de Enel, pero no hubo respuesta por el momento.