l presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el uruguayo Claudio Paolillo, explica las preocupaciones por los negros nubarrones que se ciernen sobre varios países del Hemisferio en materia de la libertad de expresión.
Este comunicador, miembro prominente del foro integrado por más de 1 mil 300 medios de comunicación de todo el Hemisferio, reconoce que las llamadas de alerta han llegado de países como El Salvador, donde los informes daban señales de estabilidad en esta materia. La acción tomada por el titular del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, quien en días recientes sólo ofreció una conferencia de prensa a medios de comunicación afines al oficialismo levantó el velo, mientras la SIP se reunía en Panamá en uno de sus encuentros regulares.
Paolillo reitera cómo, en los países alineados en la órbita del llamado Socialismo del Siglo XX, se han acentuado esas problemáticas; pero también en otros donde se están proliferando oligopolios de medios, en manos privadas y públicas, que de igual manera vulneran este derecho fundamental a la libre expresión.
Paolillo formó parte de una delegación que expuso estos problemas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos en Washington DC.
¿Qué ha motivado a la SIP para venir este día la CIDH a participar en esta audiencia?
Fuimos convocados a esta audiencia por invitación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expusimos nuestra opinión al respecto que consiste básicamente en el rechazo a los monopolios o oligopolios en materia de medios de comunicación, pero en los términos exactos que establece el Artículo 12 sobre los principios para la Libertad de Expresión que esta misma comisión tiene desde el año 2000, donde se establece que los monopolios y oligopolios son negativos para el ejercicio de la libre expresión; pero que no debe haber leyes específicas para medios, sino leyes generales antimonopólicas tanto para medios de comunicación como para cualquier otro sector productivo.
¿Se estaría quebrantando ese ar- tículo medular entonces?
Estamos viendo con preocupación que muchas veces se habla de los monopolios y oligopolios privados que son nocivos para la libertad de expresión como lo expusimos, pero poco se habla de los monopolios públicos, que también los hay y son terriblemente negativos; si vemos el caso de Ecuador, hay un oligopolio público formado por el gobierno de señor Rafael Correa que tiene cientos de emisoras de radio y canales de televisión e incluso con expropiaciones de medios que se los ha apropiado el Estado, y eso produce un oligopolio que está prohibido por el artículo 12 de la declaración de esta comisión; también ocurre lo mismo en Venezuela en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua también.
¿En qué formas se puede explicar mejor esta problemática, cuando los tiempos de las audiencias son tan cortos?
Hemos expuesto tres puntos: Primero, que estamos en contra de los monopolios o oligopolios cualquiera que sea el que los tenga o detente, porque eso atenta contra la libre expresión por cuanto se concentra en pocas voces la emisión de ideas, pensamientos y opiniones; por un lado, y, por otro lado estamos en contra de los monopolios públicos fomentados por algunos gobiernos de la región que utilizan recursos públicos además para crearlos porque todo es financiado con publicidad oficial o directamente con concesiones estatales.
¿Una especie de negocios resueltos de antemano?
Claro, son tipos que no son empresarios de comunicación reciben un canal y la condición es: “no hables en contra del gobierno” y yo te doy la concesión de una obra pública más publicidad; entonces los países que mencioné: Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela la discriminación en materia de publicidad estatal es abrumadora, todos los que están a favor del gobierno reciben montañas de dinero y todos los que están en contra o son críticos o son independientes.
Costa Rica ha mencionado con preocupación ante la comisión la presencia de un solo magnate de medios de comunicación en muchos países de América Latina y que se adapta bastante bien a las exigencias de gobiernos para operar al son del discurso gubernamental de cada país.
¿Cuán crítico es que este señor Ángel González tenga acaparados tantas frecuencias?
Este señor tiene un imperio mediático en toda América Latina y los casos más tremendos son los casos de Guatemala, Nicaragua y Perú, donde ya ha entrado y en Uruguay también, y vemos un problema sobre todo por las políticas que el señor González ha dicho a todos sus testaferros donde tiene operaciones mediáticas que es: “Yo no quiero molestar a los gobiernos”, en los medios que él tiene no se critica a ningún gobierno, de derecho o izquierda, lo único que le importa es el negocio. Se puede decir que tiene derechos, sí, porque las concesiones son estatales, a los gobiernos les conviene tener canales y radios dóciles, pero que nada abonan al proceso democrático de la sociedad y nuestros países.
¿Por qué cree que estos tópicos que menciona se acentúan más en los países de la órbita del ALBA?
Porque el ALBA tiene una ideología autoritaria, nace con una ideología autoritaria, no solo en materia de libertad de expresión; pero también en la concepción de la democracia, de la república. Una república democrática debe tener además de elecciones libres y justas, instituciones que funcionen con separación de poderes, jueces independientes, libertad de expresión, garantías individuales y respeto por los derechos humanos; en los países bolivarianos lo único que funciona y cada vez con menos garantías son las elecciones, cuando se encaraman en el poder se ríen de los principios republicanos, y lo estamos viendo en Venezuela, hay gente que está presa solo por pensar y opinar distinto al gobierno o por ser políticos vemos a Leopoldo López y el alcalde Ledezma y otros. Esa es una ideología general contraría a la libertad y a la democracia.
¿Estos grupos que menciona dicen hacerlo como sector privado, o nuevos capitales poniéndose en el mercado?
La SIP lo que puede hacer es lo que ha hecho siempre: defender en general la libertad de expresión, que es lo que dicen nuestros estatutos, que existimos para eso; pero le voy a decir algo más: somos la única organización de la sociedad civil que pagamos para defender la libertad de expresión; otros cobran, como vimos en esta audiencia con el otro grupo que estaba a este lado y que se presenta como la sociedad civil. Ellos cobran para defender la libertad de expresión con fundaciones y ONG y viven de eso, hasta necesitan que haya problemas en la libre expresión para justificar su existencia. Nosotros pagamos para existir porque somos partícipes directos como directores de medios y diarios o de periódicos que necesitamos que exista la libre expresión para funcionar.
Además de Nicaragua y Guatemala de los que usted señaló las problemáticas en la audiencia, ¿cómo se ven el resto de países de la región centroamericana, empezando por El Salvador?
En cuanto El Salvador, en los informes que dan los delegados del país en la SIP no son especialmente críticos sobre la libertad de expresión en este país. Al parecer, la libre expresión se puede ejercer en forma bastante amplia, aunque en la última asamblea que tuvimos hace un par de semanas en Panamá se presentó una protesta porque un ente del estado, el Tribunal Supremo Electoral, convocó a una conferencia de prensa, citando solo a los medios más afines al gobierno y no aquellos que son críticos, lo cual es un ataque a la libertad de expresión y esperemos que El Salvador no vaya por ese camino. Ya hicimos pública la protesta correspondiente como Sociedad Interamericana de Prensa y vamos a estar muy vigilantes de lo que pasa en El Salvador.
¿Y Honduras y los otros países?
En Honduras el narcotráfico está haciendo de las suyas; además este es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo actual, como le constará hay una cantidad de periodistas muertos cuyos casos no han sido resueltos por las instituciones estatales ni por el poder judicial ni fiscalía, esos quedan en la impunidad y ese es el motor que hace que otros delincuentes maten periodistas sin temer consecuencias. En ese país hablamos con el expresidente Porfirio Lobo y con el actual presidente, Juan Orlando Hernández, para que instauren mecanismos especiales de persecución especial de crímenes contra periodistas, pero no hemos tenido resultados.
Costa Rica y Panamá…
Panamá es un país donde hubo problemas durante el gobierno del señor Ricardo Martinelli, no del tipo de los que hay en Venezuela y Ecuador, por supuesto; pero sí hubo acoso contra la prensa que denunciaba casos de corrupción que ahora se están demostrando de forma tremenda con funcionarios, exfuncionarios e incluso un expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que irá a la cárcel por recibir coimas de otras públicas. Eso se ha corregido por ahora desde que asumió el presidente Varela, y Costa Rica que siempre ha figurado en los primeros lugares de libertad que realizan muchas instituciones, pero aquí tengo un proyecto de ley que está en discusión, de esos que echarían por tierra los mecanismos de protección de la libertad de expresión. Es un proyecto de Ley de radio y televisión que tendrá tratamiento en la Asamblea de ese país y también esperamos que Costa Rica no vaya por ese camino.