En el marco de la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, organizada por el Gobierno y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que promoverá una ley de reinserción para pandilleros.
También anunció que presentará una normativa para trabajar con personas en riesgo de ingresar a pandillas y en procesos para reinsertar en la sociedad a miembros de estas estructuras delictivas.
“Quiero anunciarles que próximamente presentaremos la Ley de Reinserción de Pandillas y Prevención para Personas en Riesgo, que esperamos sea aprobada muy pronto y por consenso en la Asamblea Legislativa”, dijo el mandatario frente a una multitud que el Gobierno calculó en 300 mil personas, en el monumento al Divino Salvador del Mundo.
“Estaremos abiertos a trabajar por el desarrollo y el bienestar del país con aquellos que abandonen el camino del odio y la oscuridad”, añadió luego en referencia al trabajo que realiza el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Pese a ser un anuncio de gran relevancia y que seguramente deberá involucrar a otros sectores de la sociedad en su implementación, Sánchez Cerén no dijo nada más sobre esta nueva ley.
El discurso no incluyó más detalles sobre las acciones que se tomarán para reintegrar a pandilleros en la sociedad, a qué se refiere con reinserción o cómo se evitará que más jóvenes sean reclutados por estos grupos delictivos.
No obstante, el mandatario destacó que “todos somos indispensables” en la sociedad y habló sobre rescatar a las comunidades y convivir en armonía… “una convivencia que implica “arrancar los odios de nuestros corazones y saber ser tolerantes”, dijo.
Además, solicitó a los religiosos, empleados públicos y estudiantes presentes en la plaza que establezcan nuevas relaciones de amistad y amor dentro de las familias salvadoreñas.
Miles de personas llegaron en diferentes marchas al monumento del Salvador del Mundo, símbolo de la Nación. La mayoría iba vestida de blanco y alzaba banderas azul y blanco.
En los días anteriores, la marcha fue criticada porque se denunció que muchos empleados públicos y escolares irían obligados a manifestarse.
Pese a ser un día de asueto, al final de la concentración se produjo un inmenso congestionamiento en los alrededores del Salvador del Mundo y los automovilistas se quejaban de que la Policía no lo resolvía.
Combate al crimen
Por otro lado el mandatario agradeció a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia por aprobar la Ley Antiextorsiones y endurecer las penas para las personas que atenten contra la vida de los agentes de la Policía y miembros del Ejército. “Agradezco… por dotar al gobierno los instrumentos para hacer el trabajo más efectivo en la lucha contra la delincuencia”, expresó.
Sánchez Cerén dijo que el Estado no dejará impune las muertes de los agentes de seguridad y ciudadanos asesinados por miembros de pandillas. Además, reiteró que junto al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana “aplicaremos la ley con firmeza para derrotar la delincuencia de cualquier tipo”.
De momento las autoridades de Gobierno no han mencionado cómo la aplicación de condenas a los criminales coexistirá con la ley de reinserción que se está elaborando en Casa Presidencial, sin que esta nueva normativa intervenga con la justicia.
Junto a la retórica de “no ceder ni un paso frente a la delincuencia”, el discurso de la marcha estuvo acompañado de una postura a favor de la prevención y la reconciliación.
Parte de las tareas de prevención que realizará el Ejecutivo es la focalización de recursos y programas gubernamentales en los municipios y territorios más vulnerables a la delincuencia y las pandillas.
Nueva postura
Desde hace poco más de una década la política del Estado salvadoreño, en el área de seguridad, se ha enfocado en la represión y castigo del crimen, sin que dicha estrategia haya prevenido las alzas en los homicidios y las extorsiones.
En julio de 2003, el expresidente Francisco Flores anunció el plan Mano Dura, con el cual se buscaba endurecer el control sobre las pandillas. La implementación de la iniciativa incluyó redadas y arrestos de varios miembros de estas estructuras.
Las administraciones de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes también contaron con sus propias leyes que priorizaron los arrestos y encarcelamientos. Sin embargo las pandillas lograron consolidar su cadena de mando y logística aprovechando la saturación del sistema penitenciario. La mayoría de las extorsiones que sufren los salvadoreños es ordenada desde las cárceles.
En marzo de 2012 se conoció la llamada tregua entre pandillas, un proceso en el cual los pandilleros se comprometieron a reducir el número de homicidios a cambio de reducir la severidad de algunas medidas de control en las cárceles.
Ante la opinión pública esta tregua incluyó la entrega de algunas armas, incluso frente a autoridades de la Organización de Estados Americanos, y constantes llamados a que otros actores de la sociedad civil apoyaran el diálogo.
Sin embargo las pandillas se negaron en todo momento a dejar de extorsionar a la población o desarmarse.
Eventualmente la iniciativa llegó a un punto muerto y para 2015 los niveles de homicidios han regresado a sobrepasar los 10 asesinatos diarios, llegando a 15 por día en marzo.
La ley de reinserción sería la primera iniciativa institucional para intentar separar del crimen y reincorporar a los pandilleros. Sin embargo se desconocen los controles judiciales, requisitos, facilidades y demás aspectos que incluirá la normativa.