Se fue el último domingo de febrero. Iba frustrada por la ineficacia de las instituciones salvadoreñas y decepcionada por haber tenido que renunciar, no solo a vivir aquí, sino a la ciudadanía salvadoreña.
Eva (nombre ficticio) tenía un futuro prometedor en El Salvador. Ella, una abogada y notaria, trabajaba en una Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); su esposo, un médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La vida les sonreía como familia; para 2013 no tenían mucho de haberse convertido en padres. En ese mismo año lograron comprar su propia vivienda la colonia San Antonio, en Santa Tecla.
Antes de comprar su propia casa, Eva y su familia habitaban en una vivienda alquilada de la colonia Buena Vista, siempre en Santa Tecla, un vecindario con acceso controlado por vigilancia privada.
Así las cosas, a la abogada solo le constaba de vista y oídas, en las noticias, los actos delincuenciales que día a día golpean a decenas de familias salvadoreñas. Ella jamás imaginó que la delincuencia le diera un giro a su vida.
Pero ese jamás se acabó el miércoles 7 de agosto de 2013; casi por terminar las vacaciones agostinas, Eva, su esposo y su hijo regresaban de un paseo. Él se disponía a cerrar el portón de la cochera, cuando fueron asaltados por varios hombres armados. Uno de los delincuentes encañonó a su esposo, otro lo hizo con ella, mientras que su bebé dormía profundamente en sus brazos. Ella logró acostarlo en un sillón de la sala de su recién estrenada casa.
Los ladrones parecían conocer todos los detalles de su vida. Sabían que tenía un buen empleo en la CSJ y que su esposo era médico del ISSS.
Mientras un hombre mantenía encañonado a su esposo, el otro la obligaba a entregarle joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Al final, les quitaron dos tarjetas de débito y los obligaron a revelar las claves so pena de regresar a matarlos si les daban contraseñas incorrectas.
Mientras desvalijaban la casa, uno de los ladrones estuvo a punto de violarla, pero el otro ladrón le dijo que no la tocara.
Cuando hubieron reunido todo lo que se iban a llevar, uno de los hampones llamó a otra persona que llegó en un microbús en el cual cargaron con todo lo saqueado. La llamada la hicieron desde uno de los teléfonos que les habían robado.
A ellos los dejaron amarrados en el patio de la casa y con las puertas de acceso cerradas.
El médico, logró liberarse de las ataduras y salió a pedir ayuda a sus parientes, que vivían a poca distancia.
¿Denunciar, para qué?
Denunciar sirvió para nada. La misma noche del asalto, salieron los tres de su vivienda, dejando todo.
El 9 de agosto, luego de sugerencias de amigos y parientes, fueron a denunciar el asalto a la División Central de Investigaciones (DCI). Allí les dijeron que les darían régimen de protección y que, obviamente, investigarían.
Pero desde aquel día, según Eva, solo recibieron una llamada de la Policía en la que les pedían que fueran a ver unos videos captados por las cámaras de cajeros automáticos donde habían saqueado las cuentas de Eva y su esposo.
Sin embargo, Eva afirmó que luego cancelaron esa cita y nunca más volvieron a tener contacto con los investigadores.
Desde el mismo día del asalto, Eva y su familia comenzaron una vida de nómadas, pues tenían que cambiar de domicilio frecuentemente cada vez que recibían llamadas en la que los amenazaban. Sus parientes más cercanos también tuvieron que cambiar de domicilio por temor.
Eva resiente que a pesar de tener los videos de las cámaras de los bancos donde tenían su dinero, y a pesar de que las llamadas que hicieron los hampones para que los llegaran a traer las hicieron desde los teléfonos de las víctimas, hasta el último domingo de febrero, la Policía no había hecho nada.
Renunció a la ciudadanía por su seguridad y su dinero.
Eva nació en Estados Unidos por tanto era salvadoreña por sus padres y estadounidense por nacimiento.
Nunca volverá
En abril de 2014, ocho meses después del asalto y de andar alquilando y cambiando de casa cada vez que recibía una amenaza telefónica, decidió irse a los Estados Unidos.
Allá, el gobierno le dio un buen trato junto a su familia. Ella consiguió un buen empleo y su esposo comenzó a trabajar en un hospital aunque no como médico pues tenía que hacer algunos estudios extra y tramitar su licencia para trabajar como tal.
Así las cosas, decidió tramitar desde allá, la entrega de su dinero del fondo de pensiones acá en El Salvador. Sin embargo, le salía caro hacerlo a distancia por lo que la última semana de febrero anterior, tuvo que volver a El Salvador para hacerlo.
Pero Eva no contaba con que por última vez y durante una semana, tendría que vivir toda una odisea en el ISSS y en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para lograr que le devolvieran el dinero de sus cotizaciones a la administradora de fondos de pensiones.
El colmo, según ella, de esa odisea fue que tuvo que renunciar a ser salvadoreña para tener derecho a que le entregaran ese dinero.
“Yo nunca me hubiera querido ir de acá, pero ahora ya no pienso volver a poner un pie en este país donde nadie hace nada por falta de voluntad”, dijo Eva el pasado sábado 21 de febrero, un día antes de que abandonara el país “donde las instituciones no funcionan por tanta burocracia”.