La ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, declaró ayer que no ha autorizado a la Sociedad Linda Vista Gardens S.A. de C.V. para que ejecute un proyecto de construcción en el volcán de San Salvador. Por ello considera imponerle una multa que podría oscilar entre los 101 y los 5 mil salarios mínimos.
Mientas tanto, la Administración de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (OPAMSS) ni siquiera han recibido solicitudes para autorizar esas obras.
Linda Vista Gardens S.A. de C.V. ha descuajado parte del área boscosa e iniciado la construcción de un complejo turístico cultural en un terreno en el kilómetro 18 de la carretera hacia El Boquerón, denunciaron vecinos que temen que en invierno ocurra un deslave similar al que sepultó parcialmente la colonia Montebello en 1982.
El lugar fue centro de atención recientemente porque allí se casó el candidato a alcalde de San Salvador por el FMLN, Nayib Bukele.
“Efectivamente, en primer lugar, no. No hay un otorgamiento de un permiso ambiental para hacer una obra en este lugar”, afirmó tajantemente la funcionaria, tras concluir una conferencia de prensa sobre otro tema.
Pohl recordó que la función del ministerio a su cargo “no es dar un permiso de construcción”, sino “una viabilidad ambiental”. Sin embargo, esta viabilidad “es fundamental y obligatoria para iniciar la construcción de una obra, actividad o proyecto”, indicó.
La ministra reiteró que “no hay un permiso ambiental en este momento”, por lo que el Ministerio ya inició un proceso sancionatorio administrativo contra la empresa. Este podría concluir con la imposición de multas “por haber comenzado una obra o proyecto que está sin permiso ambiental”.
La funcionaria aclaró que la solicitud de la compañía pidiendo el visto bueno ya fue presentada al Ministerio. Inicialmente, aseguró, se le hicieron algunas observaciones (que no detalló). Actualmente, la evaluación sigue su curso a fin de determinar si procede o no el permiso definitivo y se otorga la factibilidad medioambiental al proyecto.
Nueva investigación
Asimismo adelantó que debido a las últimas denuncias y publicaciones de El Diario de Hoy, el MARN ha abierto un nuevo proceso de investigación. Esto debido a que en el primero que hicieron, recién ingresada la solicitud por parte de los propietarios del proyecto, no detectaron que pudiera haber peligro alguno.
“Cuando fuimos a hacer estas observaciones no encontramos evidencia de un peligro inminente, que pudiera representar en ese momento lo que había de avance para las personas. Sin embargo, a raíz de las denuncias; a raíz de las publicaciones nosotros estamos evaluando qué mecanismos legales tenemos y qué evaluación técnica hacemos para ver cómo podemos enfrentar esto”, aseguró.
Pohl confirmó han enviado equipos técnicos y legales, que están evaluando si hay un peligro inminente. Esto, en palabras de Pohl, “aparece en las publicaciones de El Diario de Hoy, donde aparece un deslizamiento a raíz de las acciones que ha hecho esta constructora”.
La ministra detalló que pedirán toda la información sobre los permisos que otorgan otras instituciones involucradas como “las alcaldías, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y el Anda (para dar la factibilidad de agua)”.
La OPAMSS y la Anda no han dado permiso
Aunque el propietario del proyecto, Pedro Salvador López Galindo, dijo que tiene todos los permisos en regla, representantes de otras instituciones involucradas lo negaron enfáticamente.
Un vocero de la Dirección y Subdirección de Control del Desarrollo Urbano de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) dijo que “no hay ningún trámite de permiso por parte de la compañía y de todo el proyecto”.
En el caso de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), un representante de la gerencia de Comunicaciones, tras hacer las consultas respectivas, confirmó que no hay ningún trámite en proceso.
“No tenemos ingresada ninguna solicitud al respecto y, además, no tenemos porqué dar permiso, debido a que ese proyecto, según entendemos, está por arriba de los 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar, que es la cota máxima para conceder permisos de construcción de urbanizaciones y edificaciones”, explicó.
Señalan fallas del MARN
Representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y SalvaNatura señalaron algunas ineficiencias e incongruencias por parte del Ministerio de Medio Ambiente en este tipo de casos.
Leopoldo Dimas, investigador del Departamento de Estudios Sociales de Fusades, señaló que debido a que la referida zona es de recarga acuífera, debería haber una integración interinstitucional para protegerla, a partir de un estudio de impacto ambiental, a cargo del MARN.
Afirmó que la deforestación provocada por estos proyectos favorece que en invierno San Salvador sufra inundaciones, pues al no infiltrarse el agua lluvia en la zona de recarga, toda esa agua se desborda por las quebradas que bajan por las faldas del volcán.
Asimismo criticó la ineficiencia de Medio Ambiente en la supervisión de este tipo de proyectos, a tal grado que de su presupuesto de $25 millones en 2014, solo ejecutó el 45 %.
Por su parte, el directo ejecutivo de SalvaNatura, Álvaro Moisés, calificó como incongruente el hecho de que en las zonas bajas, como El Espino, hay celeridad porque se cumpla la ley ambiental, pero no en la parte alta, donde el daño ambiental tiene un mayor impacto en la capital.
En palabras del Moisés: “Todo el Espino dichosamente está bajo régimen de Ley Forestal y el Parque del Bicentenario es un Área Natural Protegida, pero lo incongruente es que las áreas más críticas… no tienen mayores restricciones…”.