La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió ayer a las autoridades decir “la verdad” respecto a la nueva tregua entre pandillas que, según los cabecillas de estos grupos, se pactó el pasado 17 de enero para bajar los asesinatos.
“Esperamos que el gobierno nos diga la verdad. ¿Están basando la criminalidad en una tregua o en el combate a la delincuencia? Eso queremos saber los salvadoreños de nuestro gobierno”, dijo Javier Simán, presidente de la gremial empresarial.
Esta petición se suma a la de otros sectores que piden al gobierno aclarar si ha pactado con las maras a cambio de disminuir los hechos criminales, como ocurrió en la gestión del expresidente Mauricio Funes, según admitió el mes pasado su antecesor, Salvador Sánchez Cerén.
Analistas y políticos consultados por El Diario de Hoy consideran que se están viendo “indicios” de que las autoridades podrían haber hecho un acuerdo con las maras, aunque lo nieguen (ver nota siguiente).
“(De ser así) eso nos regresa a la misma política del gobierno anterior, de lograr reducir la criminalidad en base a negociaciones con los criminales “, señaló Simán.
El representante de la gremial también criticó al gobierno por que, según él, no tiene ni aplica una política de seguridad y combate a la delincuencia, pese a que los trabajadores y empresarios deben sufrir a diario el problema de la criminalidad.
“Por un lado niegan rotundamente que haya una tregua y por otro vemos a Raúl Mijango y a las iglesias evangélicas diciendo que sí hay pláticas; que si hay diálogo; que si hay tregua”, reprochó el presidente de la ASI.
El empresario aclaró que no se cuestiona que las iglesias dialoguen con los reos, pues ellas les pueden ayudar a rehabilitarse o reconvertirse.
“La iglesia no tiene responsabilidad en el combate de la delincuencia, eso es responsabilidad de Estado. El Estado tiene tres responsabilidades básicas: brindar salud, seguridad y educación, y en esos tres servicios básicos estamos viendo deficiencias”, sostuvo Simán.
En el tema de la seguridad, él instó a las autoridades a coordinar el trabajo con otras instituciones del Estado como la Fiscalía General y el Órgano de Justicia.
En reiteradas ocasiones, la ASI ha denunciado que sus trabajadores están desamparados por las autoridades en las colonias donde residen y están sujetos a los controles ilegales de territorio que hacen estos grupos delictivos.
Asimismo, algunos agremiados de la ASI han señalado que ya no soportan las extorsiones que les hacen las estructuras delictivas y han criticado que las autoridades no den garantías para que las víctimas puedan hacer las denuncias.
FMLN acepta diálogo con cabecillas de maras
Medardo González, coordinador general del FMLN, aseguró ayer en radio Maya Visión que su partido está a favor de que las iglesias que participan en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana puedan entablar un diálogo con las pandillas.
“Sí está claro que no debe de perderse la oportunidad de dialogar (con las pandillas) con las bases, con mandos medios, inclusive con mandos superiores para mantener un diálogo que pueda ser constructivo y darles oportunidades de reinserción a todos”, dijo González.
El político reconoció que el FMLN tiene claro que la población desaprueba las negociaciones entre el gobierno y los grupos criminales.
Según él, el presidente Sánchez Cerén ha asegurado que no utilizará la tregua como un método para buscar detener el crimen.
“El presidente ha dicho que va aplicar la ley, pero al mismo tiempo ha dicho que va aplicar el método suave, el método inteligente, para poder quitarle elementos a las pandillas”, señaló González.
El tema de la tregua ha generado desconfianza, porque los grupos delictivos supuestamente la pactaron en momentos en que se cuestionó al gobierno por el traslado de cabecillas de pandillas de cárceles comunes hacia el penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca (Zacatraz).
Las autoridades han manejado el tema con hermetismo y se han negado a revelar la cantidad y la identidad de los delincuentes que ya habrían sido devuelto a esa prisión, tras haberlos sacado en 2012, como parte de los beneficios que les hizo el gobierno de Funes.
Diferentes sectores temen que los cabecillas de las pandillas hayan acordado la nueva tregua como una estrategia para evitar que los llevaran hacia Zacatraz.