LA UNIÓN. Unas siete familias del barrio La Esperanza, en el municipio de Santa Rosa de Lima, están en riesgo por un posible derrumbe, luego de que el propietario de un terreno colindante a sus viviendas terraceó la zona, debilitando el paredón que se ubica atrás las casas.
Posterior a la terracería de la zona, este construyó un muro que serviría para contener los desprendimientos de tierra, pero se derrumbó la semana pasada, lo que aumentó el riesgo de las familias.
Según los vecinos, la vulnerabilidad de sus viviendas se habría evitado si las autoridades municipales y de Protección Civil hubiesen hecho su trabajo.
Los primeros (la municipalidad), evitando que el particular terraceara la zona y construyera el muro; mientras que los segundos (Protección Civil), parando las labores una vez recibieron la notificación del riesgo que eso generaría y que fue enviada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
Andrés Zúniga, jefe de la oficina de la PDDH en Santa Rosa de Lima, dijo que el problema data de 2013.
Ese año recibieron la visita de los afectados, quienes manifestaron su preocupación por los trabajos de terracería y que pondrían sus casas en riesgo de derrumbes.
Según Zúniga, en octubre del año pasado hicieron una inspección, vieron la magnitud del problema y se mandó un oficio a la gobernadora de La Unión, Cricia Hernández, con copia a la alcaldía de Santa Rosa de Lima.
En el escrito fue detallada la cantidad de personas y viviendas que estaban en riesgo por el posible derrumbe.
También se les informó, en el mismo documento, que la situación se había complicado porque el muro que construyeron se había rajado.
“No solo se les informó, se les recomendó que buscaran alternativas de solución para salvaguardar la vida de las personas y los bienes, porque se preveía que eso podía colapsar, y de hecho ocurrió”, dijo Zúniga a este medio.
El alcalde santarroseño, Jorge Rosales, confirmó que habían recibido el informe de los Derechos Humanos, pero que la institución hizo las recomendaciones cuando el problema se estaba dando.
Agregó que por eso se ordenó parar la construcción porque “no contaban con los permisos respectivos de la alcaldía; hoy tenemos un grave problema que si no se resuelve antes del invierno, hay peligro del colapso de las casas que están ahí. También se dañó la calle”, dijo el edil.
Deisy Marlene Funes, una de las afectadas, lamentó que lo que se temía ocurrió y dice que “es un problema que tenemos desde hace dos años; se le dijo al dueño de la propiedad que con estar desbastar ese terreno nos afectaría”.
Temen que se registren desprendimientos de tierra por alguna actividad sísmica o por las lluvias que se den en el invierno, al punto que afecten el paso por la carretera conocida como Ruta Militar.
La semana pasada, en la alcaldía se desarrolló una reunión con todas las partes involucradas en el problema.
El alcalde Rosales se comprometió a pagarles a los afectados el arrendamiento de las casas, para que se reubiquen temporalmente fuera del alcance de un posible derrumbe en la zona.
Aclaró que por tratarse de un problema que surgió en una propiedad privada, la alcaldía no puede invertir y por eso costeará, con fondos municipales, los gastos de arrendamiento de las familias, cuyas casas podrían resultar dañadas parcialmente o destruidas en su totalidad.
La gobernadora, Cricia Hernández, dijo que el compromiso que se adquirió es llevar ingenieros para que realicen un estudio técnico del lugar.
Referente al aviso del problema que había dado Derechos Humanos, la funcionaria dijo que de inmediato llegaron al lugar a inspeccionar y lo primero que le recomendaron al dueño fue que si levantaba esa obra, (el muro) debía tener un estudio técnico.
Juan Girón, propietario del inmueble, aceptó que el agosto del año pasado empezó a construir el muro sin el permiso respectivo, y aseguró que cuando las autoridades de Protección Civil Departamental llegaron, el muro tenía un gran avance en construcción.
Girón se comprometió a realizar los trabajos basados en los estudios técnicos que hagan los expertos y aseguró estar en total disponibilidad de apoyar a los afectados.