La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa un pliego de cambios a la nueva Ley Antiextorsiones propuesta por Seguridad Pública, con el objetivo de no caer en la ilegalidad.
El Fiscal General de la República, Luis Martínez, acompañado por un grupo de fiscales y por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Benito Lara, acudieron ayer a la referida comisión con el fin de conocer la nueva normativa y plantear sus diferencias.
David Acosta, asesor jurídico de la Fiscalía, explicó las observaciones, entre estas que no se debe destruir la presunción de inocencia al regular el combate y tratamiento del delito de extorsión.
“Consideramos que, de aprobarse como está estructurado el decreto, sería inaplicable en cuanto a algunas figuras que son contradictorias en sí”, dijo Acosta.
La Fiscalía está en contra de que se abra de oficio procesos penales por extorsiones, sin que intervengan las víctimas.
También se opone a que sea la PNC la que inicie las investigaciones de oficio, sin que se le informe a la Fiscalía.
Al respecto, Luis Martínez dijo que solo la Fiscalía tiene la facultad de dirigir las investigaciones. “Si la PNC lo hace de oficio, tendremos problemas”, recalcó.
Acosta dijo que como Fiscalía necesitan que la víctima esté presente en las acusaciones para fundamentarlas y reiteró que cuentan con mecanismos para proteger a los declarantes.
Alan Hernández, jefe de la Unidad Antiextorsiones de la Fiscalía, dijo a los diputados que cuentan con agentes especializados en negociar con los extorsionistas, a fin de evitar la exposición de las víctimas y que no tengan temor.
Acosta pidió también a los diputados que incluyan un nuevo artículo en la ley, que establezca castigo para los cómplices de extorsionistas, entre ellos quienes realicen actividades de vigilancia, den medios para movilizarse o que guarden el producto del chantaje.
“No es justo que el pan de cada día, ganado con el sudor de la frente sea ensangrentado y amargado por grupos delincuenciales, holgazanes y terroristas”, dijo el fiscal.
Martínez aclaró que apoyan la nueva normativa, pero que deben realizarse algunos cambios en ella, para que opere de forma técnica.
“Cuando hacemos referencias a sugerencias técnicas, por favor tómenlas en cuenta, porque la vez pasada me pidieron información técnica, pero me dijeron que, de todos modos, lo que ustedes digan no será tomado en cuenta porque (al final) va a ser una decisión política”, recriminó el fiscal a los diputados de la Comisión de Seguridad.
Por su parte, el ministro Lara afirmó que la Ley Especial Antiextorsiones ayudará a combatir ese delito y que se propone hacerlo de oficio, debido a que las víctimas no denuncian por temor.
Agregó que la normativa obliga a bajar la señal de telefonía móvil en los penales del país y, además, establece la extinción de dominio para quitar los bienes mal habidos a quienes resulten involucrados en extorsiones.
El ministro afirmó que las denuncias de extorsiones en el país han bajado; sin embargo, no ofreció detalles.
Pero el Fiscal General externó en la comisión que el nivel de las extorsiones que se comete en el país “ya rompe esquemas”.
Martínez dijo que apoyaba que las telefónicas bajaran intensidad de señal en los penales. “Si se hace sacrificio en la cobertura de la señal, el daño es menor. Sabemos que mayoría de crímenes son ordenados desde penales”, dijo.