¿Estaría usted de acuerdo con que se aumentaran los años de jubilación y los años de cotización para poder recibir una mejor pensión en el futuro? Según la ley, una persona puede jubilarse solo si ha cumplido los años requeridos (55 mujeres y 60 hombres) y si ha cotizado durante 25 años.
Pues estas son algunas de las recomendaciones que ha dado al país el Fondo Monetario Internacional (FMI) en vista de la presión fiscal que ejercen las pensiones del sistema público a las finanzas del país.
Y no lo dice por el sistema de pensiones privado, sino más bien, por el sistema público por el que el Estado tiene el compromiso de pagar $16,000 millones de aquí a 70 años.
A diferencia del sistema público, el esquema privado paga pensiones de acuerdo al dinero que han acumulado los cotizantes. Si el dinero recaudado es poco, la pensión es poca, si lo recaudado es mucho, la pensión también será grande.
Las recomendaciones que el FMI ha hecho está centradas en la deuda que generó el sistema público y que, según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se ha vuelto impagable.
Cada año el Gobierno debe pagar un promedio de $400 millones en pensiones para los jubilados del ISSS y el INPEP y su monto aumenta a medida que sus cotizantes envejecen y solicitan su jubilación.
Inicialmente el dinero para estas jubilaciones tenía que salir de las reservas de cotización de los afiliados al ISSS y al INPEP, las dos instituciones encargadas de administrar el sistema de pensiones público al que se le puso fin en 1998.
Pero no fue así. Los $343 millones que el sistema público acumuló desde sus inicios en 1969 y 1975 se acabaron en 2002, tan solo cuatro años después que se aprobara el sistema privado, de capitalización individual que está vigente.
¿Por qué se acabó tan rápido el dinero? De acuerdo con estudios realizados por economistas, las reservas se acabaron con rapidez porque los beneficios o prestaciones que recibían los jubilados de ese sistema eran más altas que la cantidad que aportaban los cotizantes. En sus estudios, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) indica que una persona que solo cotizaba el 3.5 % de su salario en el ISSS por un período de 14 años gozaba del 80 % de su salario al jubilarse.
Los trabajadores administrativos y los docentes que solo cotizaban por 15 años recibían el 100 % de su salario al jubilarse. Esto desequilibró totalmente el sistema de pensiones antiguo y provocó un agujero que ya no pudo financiarse cuando las reservas se acabaron.
El Gobierno tuvo que haber programado en su presupuesto anual el gasto de pensiones y procurado medidas fiscales y de crecimiento económico para obtener más ingresos con los que respaldar el pago.
Sin embargo, Fusades explica en su más reciente estudio sobre el tema, que el Gobierno no hizo ningún cambio y por el contrario, realizó reformas que empeoraron su situación fiscal. Una de ellas fue crear una deuda más al aprobar la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en 2006, pues a la fecha ha creado una deuda más de $3,500 al tomar prestado dinero de los nuevos cotizantes de las AFP.
El FMI aseguró en su último informe 2014 tras su visita al país que El Salvador debe crear una reforma eficaz y ambiciosa que incluya reformas paramétricas (edad de jubilación, de cotización), un costeo de las opciones de reforma (cuál tendría menor costo para el país) con el que se evalúe la sostenibilidad de la deuda a futuro, así como una tributación progresiva de las prestaciones previsionales, a fin de mitigar la elevada desigualdad en los beneficios y una identificación clara del apoyo presupuestario para el Gobierno a fin de no afectar a los futuros pensionados de AFP.