Aíslan a los cabecillas trasladados a Zacatecoluca

b Hubo readecuaciones en penal de máxima seguridad para garantizar el confinamiento

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Los principales cabecillas de las estructuras delictivas fueron llevados al penal conocido como Zacatraz el pasado viernes, bajo estrictas medidas de seguridad. Foto EDH / Archivo

Por nacional@eldiariodehoy.com

2015-02-20 8:00:00

El director de Centros Penales, Rodil Hernández, explicó ayer en una entrevista televisiva, que previo al traslado de reos hacia el penal de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca, La Paz, hubo adecuaciones en el recinto. En esa entrevista también estuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara.

El objetivo de esos trabajos, dijo Hernández, era garantizar que los reos “no tendrán ningún contacto ni siquiera con otro privado de libertad, nada de comunicación”.

Otras medidas para garantizar ese confinamiento es un nuevo centro de monitoreo, pues en el anterior “el almacenamiento de la información era obsoleto”, aclaró Hernández y añadió que ahora cuentan con mejor tecnología para el control de movimiento de reclusos.

“(El nuevo sistema) nos permitirá un cien por ciento de control de las actividades de los internos”, enfatizó.

Hernández aseguró que los cabecillas “siguen siendo un peligro para la sociedad. De alguna manera siguen dirigiendo la estructura (delictiva)”.

Son 14 los cabecillas de las pandillas mara Salvatrucha (MS-13), y pandilla 18 (sureños y revolucionarios) que han sido trasladados al penal de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz. A la mayoría de ellos los sacaron de ese mismo penal el 9 de marzo de 2012, mediante una negociación entre ambas pandillas, avalada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, según fue admitido el pasado 4 de enero por el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Sobre el reciente traslado, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, mencionó que ha sido un proceso que ha tomado “mucho tiempo. Hemos movilizado, desde el 1 de enero, a 24 reos en tres movimientos”.

El ministro Benito Lara admitió que el gobierno tiene parte de responsabilidad en el ingreso de teléfonos celulares a centros penales.

“Reconocemos la responsabilidad que nos toca, pero también es bueno dar a conocer lo que estamos haciendo”, expuso el funcionario.

En este sentido, Lara aseguró que el año pasado decomisaron más de cuatro mil celulares e igual cantidad de chips en mil requisas específicas y unas 100 generales en los presidios del país.

El ministro se refirió asimismo al bloqueo de señales de telefonía móvil en el sistema carcelario, para frenar las extorsiones que se hacen desde las prisiones. Espera que el martes, la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea saque el dictamen, pues asegura que ya hay acuerdo entre el ministerio, Fiscalía y los jurídicos de Casa Presidencial.