La Superintendencia de Competencia (SC) giró recientemente nuevas peticiones de información privada a las empresas televisoras del país, las cuales van desde documentación de registro legal de las empresas y el detalle de compras de productos que han hecho en los últimos años hasta sondeos que ellas hacen y estrategias que utilizan para competir con sus rivales en el mercado.
Esta es la segunda vez que esa autónoma busca datos de operación de estas empresas: La primera fue el pasado 18 de noviembre, cuando ordenó a comparecer a estas empresas para que fueran entrevistadas por un consultor extranjero que ha contratado para la elaboración de un diagnóstico sobre cómo funciona el mercado televisivo.
En una nota enviada el pasado 23 de enero, a cuya copia tuvo acceso El Diario de Hoy, la Superintendencia de Competencia les agradece la colaboración para ese diagnóstico titulado “Estudio sobre condiciones de competencia en la televisión abierta” y les insta a enviar más y diversa información bajo el argumento de que necesita hacer una “evaluación” del mercado televisivo en vista de que están por vencerse los plazos de concesiones del espacio radioeléctrico.
Pero además, la SC les alega que esa evaluación responde a su rol de “intermediación entre los anunciantes publicitarios, proveedores de contenido y los consumidores finales” y que en esa dinámica se “generan la necesidad de contar con una evaluación de las condiciones de competencia”. Ese “insumo”, añade, le servirá para dar cumplimiento a sus funciones de promover, proteger y garantizar la competencia.
Bajo ese argumento y la promesa de mantener la privacidad al respecto, la autónoma les pidió, además de esos documentos legales de registro, un listado de otros 28 requerimientos de información.
Dentro de la documentación requerida está la constancia de la composición del capital accionario de la sociedad en la que se indique el nombre de cada accionista y el número de acciones que le corresponde a cada uno, así como el esquema del grupo económico al que pertenece esa sociedad, ya sea esta nacional o internacional, la “influencia sustancial” de estas empresas que la componen y la votación y decisión de los organismos directivos.
Pero, además, los porcentajes de participación de cada una en las actividades de producción y provisión de contenidos, publicidad, producción de servicios conexos (televisoras por cable, satelital, etc.).
También, de ese esquema pidió el “detalle de todas las compras de acciones realizadas de agentes económicos”, y “el tipo de alianzas o relaciones comerciales que tiene su representada con otras empresas, nacionales o internacionales” tales como: productores de contenidos, licenciatarios o cesionarios de los derechos económicos de obras, otros operadores de canal, comercializadores de señales, agentes de publicidad comercial.
En ese punto les requirió, entre otros datos: la proporción de los ingresos por ventas mediante contratos u otras modalidades comerciales como ventas puntuales o spot entre 2010 y 2014, así como la copia de contratos suscritos con agencias de publicidad, de proveedores de televisión por suscripción y proveedores de contenido.
En el tema de los proveedores, la Superintendencia les exige a las televisoras que también le notifiquen sobre las identidades de los 15 principales proveedores de contenido, por año, con los que se han relacionado en los últimos cinco años, el país de origen, el monto invertido en la compra de material audiovisual, el tipo de contenido adquirido y una muestra del producto adquirido a esos proveedores, a manera de ejemplo.
En el punto 7, les pide que le informen sobre la distribución porcentual de la programación total de las televisoras, según el origen de su producción, es decir, ya sea producida en el país o enlatado aquí o en el extranjero desde 2010 hasta 2014.
Pero no solo eso. También pide detalles de “los rasgos principales de la demanda o teleaudiencia” por la que cada televisora compitió en cada franja horaria el año pasado, y eso incluye edad, sexo y otras características socioeconómicas que estime relevantes.
En el punto 10, la SC les pide “informes sectoriales y/o estudios de mercado”, ya sea de la televisión abierta o paga o aquellos que la empresa tenga conocimiento.
Lo anterior incluye: estudios sobre mercado de la televisión (tanto abierta como por suscripción), mediciones de audiencia por franja horaria y día de la semana, estudios de hábitos de consumo de medios de la población salvadoreña y “cualquier otro informe, encuesta o estudio sobre hábitos de consumo de medios televisivos”.
Inversión y estrategias
Basada en la Ley de Competencia, en los artículos 1, 4, 13, 14 y otros artículos del Reglamento, la autónoma les ha pedido más información, bajo palabra del superintendente Francisco Díaz de que harán uso de ella de manera interna y no compartirán con otras instituciones públicas ni con agentes económicos.
La SC también les pide que revelen sus estados financieros, su estructura de costos anuales en la prestación del servicio que brindan, lo que han gastado en la compra de contenidos y en el uso del espacio radioeléctrico.
Además les pide que, en caso de que la empresa amplíe su cobertura a través de otras plataformas (TV por suscripción, IPTV, OTT etc.), le “describa detalladamente el tipo de relación comercial que posee con los operadores de dichas plataformas”, que identifique si existen costos o inversiones asociadas realizadas por las partes y “las particularidades de la transacción económica sostenida”.
Basándose en la transición de la televisión analógica a la digital que está próxima a hacerse, les ha requerido información sobre el estado actual de los equipos y demás tecnología que utilizan, el porcentaje de su infraestructura que necesita para ajustarse a los nuevos estándares y los equipos o tecnología que deberá adquirir, así como los montos que requerirá invertir en ello y los obstáculos que se les presentan para hacer transición.
Pero hay un dato que requiere la SC que llama la atención: que basado en su experiencia, las televisoras le detallen las inversiones que incurriría “un nuevo agente económico que quisiera ingresar al mercado de la televisión abierta con tecnología digital”, entre otros aspectos.
También les pide que le detallen qué canales de televisión abierta han adquirido mediante procesos de concesión antes y desde la vigencia de la Ley de Telecomunicaciones, además de los obstáculos de carácter regulatorio que considera existen actualmente y que limitan su capacidad competitiva.
Pero además les pide una serie de datos como: número de espectadores promedio estimados e ingresos por publicidad de los diez programas con mayor impacto en la audiencia transmitidos en 2014, el inventario de programas enlatados o de producción propia de los que se tenga derechos exclusivos de transmisión y cuáles fueron reproducidos entre 2010 y 2014.
Agregado a ello, también les pide enumerar los agentes que pautaron publicidad y el tipo de cliente (gobierno, agencia o cliente directo) y que le digan las identidades de los diez principales anunciantes por tipo de cliente, según ingresos por publicidad que hayan pautado en la empresa, y los montos, además del tarifario anual para publicidad.
Otro dato que llama la atención es que les requirió “su estrategia para rivalizar y ganar audiencia, su (s) apuesta (s) de programación principal (es) y sus planes y proyectos de corto y mediano plazo de innovación y/o expresión”.
“Para cada canal, describa su estrategia comercial para rivalizar en el mercado en la colocación de pauta publicitaria directa o por agencia, y sus planes y proyectos de corto y mediano plazo de innovación y/o expansión”, reza la otra demanda.
En ese contexto pidió que identificaran a sus tres principales rivales por cada franja horaria en 2014 y que precise cuáles son “las prácticas comerciales más estratégicas para disputar clientela en términos de audiencia y de publicidad”.
Pero además de eso, les demanda descripción anual detallada del tipo y condiciones de oferta de espacio publicitario o servicios complementarios ofertados, si ha hecho precompras, cómo éstas funcionan y qué tipo de descuentos hacen etcétera.
En noviembre pasado, la SC llamó a representantes de distintos medios televisivos y publicitarios a “colaborar” con la elaboración de un diagnóstico justificando que era para mejorar la eficiencia y el bienestar de los consumidores de servicios de TV.