A raíz de que un buen número de personas no denuncian las extorsiones de las que son víctimas por parte de pandillas, por temor a represalias en contra de ellas o de sus familias, las autoridades de Seguridad Pública presentaron ayer un anteproyecto de la Ley especial contra la Extorsión, en el que se faculta el inicio de investigaciones, sin que se haya hecho la denuncia.
Actualmente, las autoridades fiscales y policiales pueden abrir un expediente de investigación de un caso de extorsión, solo si existe una denuncia formal de parte de la o las víctimas. De lo contrario, no lo pueden hacer, lo que aumenta el nivel de impunidad delictiva, según fuentes de la Policía.
Aunque las autoridades de la Policía no tienen un dato específico sobre la cifra negra de la extorsión (cantidad de extorsiones que no son denunciadas por las víctimas), fuentes de la Policía se atreven a establecer que de cada 10 extorsiones que se registran, solo tres son denunciadas ante las autoridades correspondientes.
Tal como lo reconoció ayer el presidente Salvador Sánchez Cerén en la conferencia de prensa en la que anunció la creación de esta nueva ley, la extorsión es el problema de inseguridad que “más golpea al país, golpea la productividad del país y golpea también a las familias, a las personas”.
Además, el mandatario aceptó que la mayoría de las personas que son extorsionadas no denuncian por temor y se exponen a “estar pagando y estar viviendo solo para estar pagando la renta”.
En la normativa especial que se presentó ayer ante la Asamblea Legislativa se contempla en el artículo 5 que la persecución penal de la extorsión será pública, es decir, que las investigaciones de un caso podrán ser iniciadas por las autoridades sin necesidad de que la víctima haya puesto la denuncia.
El Fiscal General, Luis Martínez, sostuvo que esa nueva herramienta legal les servirá en sus investigaciones para poder combatir los chantajes de las pandillas.
“No vamos a revictimizar a las víctimas, esto nos dará más confianza con la población, para que se acerquen a colaborar con las autoridades para disminuir este tipo de delito”, dijo Martínez, quien agregó que habrá mayores facilidades para las víctimas en el sentido de “evitar que ellos se presenten a los tribunales, permitiendo que participen querellantes, apoderados, y otras facilidades que se le estarán dando para que puedan acudir. Comunidades, gremios, asociaciones, van a poder participar en el combate de este crimen”.
Sánchez Cerén, quien también reconoció que “la extorsión se dirige desde los centros penales”, indicó que la normativa especial contempla sancionar a las empresas telefónicas que no acaten la regulación de las señales de los teléfonos celulares en los alrededores de los reclusorios.
“Si una empresa no acata la decisión (de bajarle potencia a la señal de celulares), pues vamos a poner multas que pueden llegar hasta un millón doscientos mil dólares. Pero si reincide esa empresa, le vamos a suspender la concesión (de la frecuencia)”, advirtió Sánchez Cerén.
A discusión de los diputados
El anteproyecto deberá de ser estudiado por los diputados de la Asamblea Legislativa, aunque algunos de la Comisión de Seguridad dieron sus primeros comentarios.
Ernesto Angulo, de ARENA, fue el que más enfatizó en que es necesario hacerle varias reformas para que la normativa sea eficaz, ya que a criterio del legislador tricolor, la propuesta en la ley de que el delito de la extorsión sea investigado de oficio y que a los culpables se les aplique la Ley de Extinción de Dominio, es decir, que se les confisquen los bienes producto de las extorsiones, es un poco contradictorio, pues argumentó que esa normativa ya regula esa parte.
En este sentido, el diputado tránsfuga Sigifredo Ochoa Pérez, también recalcó lo dicho por Angulo, de que es un “vacío” de la ley que deben corregir, por lo que el próximo martes han convocado al ministro de Seguridad, así como a las operadoras telefónicas para que les den sus consideraciones sobre el anteproyecto en la Comisión de Seguridad.
Guillermo Gallegos, de GANA, dijo que como partido han abanderado la lucha en contra de las extorsiones y de agravar las penas para quienes usen a niños en el cometimiento de este delito, por lo que no vio reparos en la normativa. Sin embargo, antes de dar sus votos para aprobarla escucharán las observaciones que pueda hacer el fiscal Martínez.