El exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, dijo ayer que las reformas a la ley para acabar con las extorsiones están bien, pero que sería mejor contar con un decreto especial para combatirlas eficazmente.
A criterio de Ávila, las penas de prisión para extorsionistas están bien, pero lo que hay que cambiar es la parte procesal que no funciona.
Ávila indicó que con un Decreto Especial Antiextorsiones se podría obviar la declaración de las víctimas para condenar a los culpables, ya que se daría prioridad a otras pruebas, como las escuchas telefónicas.
Afirmó que la mayoría de casos de extorsiones que se cometen en el país, en un 90 % no son denunciados, ya que la víctima tiene temor a declarar en el proceso penal.
El exjefe policial es del criterio que los casos de extorsiones deberían ser más expeditos y de oficio validar la prueba anticipada.
También se incluiría incrementar las penas cuando haya recurrencia y que los imputados que reincidan sean enviados al penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Incluso, Ávila indicó que se podría crear una base de datos con las voces de los extorsionistas y por medio de un espectómetro de voz identificarlos y procesarlos.
También indica que con el decreto se podría monitorear a los pandilleros que sigan cometiendo delitos de extorsión desde los penales y al confirmar su participación en esos hechos trasladarlos al penal de Zacatecoluca.
Agregó que incluso se podría readaptar un penal para tenerlo con aislamiento total para los que resulten involucrados en extorsiones.
Ávila sostuvo que debería de crearse un cuerpo de litigación pública que represente a las comunidades que son víctimas de bandas que se dedican a la extorsión.
Ávila sostiene que en la normativa contra las extorsiones no deben de dejarse por fuera a los que son cómplices, como algunos familiares de los extorsionistas que introducen celulares a los penales.