Ciento veintitrés familias de la comunidad La Esperanza II, de Nuevo Cuscatlán, se han visto afectadas después de que el Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) no entregó a la comuna un terreno que sería destinado para zona verde recreativa, tal como lo señalaban permisos y resoluciones del Viceministerio de Vivienda y la alcaldía.
Pese a que ya había prometido entregar esa porción de tierra de 3,072 metros cuadrados como compensación por la construcción de proyectos urbanísticos –según consta en documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy–, el IPSFA vendió el terreno de 71 mil metros cuadrados que incluye el área verde. La venta se hizo a la empresa Inversiones Valiosas S.A. de C.V., que recibió un préstamo de 16 millones de dólares de Alba Petróleos y dejó hipotecada la propiedad en favor de esta empresa.
Dicho terreno colinda con la comunidad, que tenía derecho a la zona verde luego de que sus pobladores fueran reubicados en 2008 por la constructora Lomas de Santa Elena S.A., de C.V. para realizar un proyecto urbanístico cerca del terreno donde antes estaba la comunidad, según expresaron moradores.
Un año antes, el Viceministerio de Vivienda y la comuna aprobaron los permisos para la reubicación, y en los mismos se incluía la zona verde.
Pero en una carta enviada a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán el 25 de febrero de 2011, el IPSFA informaba al entonces alcalde, Thomás Rodríguez, que estaban preparando la entrega del área verde recreativa para la comunidad, pero después de que asumió como alcalde Nayib Bukele, la comuna no siguió gestionando la inscripción del área verde a pesar de que ya había permisos y acuerdos por parte de la administración anterior, dijeron los afectados.
En la misiva, el gerente general del IPSFA, René Díaz, señala que están listos para hacer la “desmembración simple” para pasar el terreno del área verde a la comunidad en mayo de 2011, pero ese paso previo para otorgar el área verde no se hizo.
De la misma manera como a la comunidad La Esperanza II se ha afectado a otras comunidades de Nuevo Cuscatlán como la Zamora Rivas, que viven en alto riesgo. En este último caso, el concejo que preside Bukele le devolvió al IPSFA, en un canje, el terreno que les fue cedido para que la comunidad Zamora Rivas estuviera más segura.
El Diario de Hoy buscó al gerente del IPSFA para que explicara por qué no se entregó el área verde a la comunidad La Esperanza II, pero dijo que no se pronunciaría al respecto por ser época de campaña. Igual se buscó a la alcaldesa en funciones Michelle Sol a su celular, no respondió.
Venta del terreno
Fue el 14 de diciembre de 2012 cuando el IPSFA vendió a Inverval el terreno para la construcción de un proyecto urbanístico de 125 viviendas, en el que se incluía la parte destinada desde un inicio para la zona verde recreativa de la comunidad La Esperanza II.
El inmueble, con un costo de $48.22 por vara cuadrada, fue vendido por $3.4 millones, y en el mismo se realizaría un proyecto para construir 125 viviendas, según señala el contrato celebrado entre el IPSFA e Inverval, al que El Diario de Hoy tuvo acceso.
El terreno que le vendió el IPSFA a dicha empresa está junto al inmueble donde la empresa Terrein S.A. de C.V., de la que es socio el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, con su exasesor Byron Larrazábal, compró varios lotes a más de $100 la vara cuadrada.
Para la construcción del proyecto, la empresa abrió una línea de crédito con la empresa Alba Petróleos de El Salvador por $16 millones, que le dio condiciones crediticias favorables con interés del 7 % sobre saldo, además de un plazo de 10 años y un recargo por mora del 1 % anual sobre saldo de mora, según consta en el contrato de compraventa.
El primer desembolso del crédito a Inverval fue de $4 millones, y según señala el contrato Alba Petróleos otorgaría los $12 millones que faltaban en desembolsos de $4 millones cuando la empresa iniciara trabajos de terracería en los terrenos que sirvieron de garantía, además de comenzar con a construcción de las viviendas y realizar los acabados finales en las mismas.
Inverval tiene como administrador único, según los registros de comercio, al abogado José Mauricio Cortez Avelar y suplente Edwin Antonio Merino Hernández. Cortez Avelar está ligado a la empresa Alba Petróleos, pues según señala una publicación de Diario El Mundo, fue el abogado y notario ante el cual se constituyó, el 5 de mayo de 2012, la Fundación Alba Petróleos de El Salvador.
Es más, el periódico señala que ambos son apoderados de la Sociedad Distribuidora y Comercializadora de Combustibles y Lubricantes (Sódico), una de las empresas que figuran como deudoras de Alba Petróleos.
Además de Alba Petróleos, Cortez Avelar tiene vínculos con la empresa Subes de El Salvador, S.A. de C.V., para implementar el pago del transporte público mediante el sistema de tarjeta prepago.
Según los registros de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR), Cortez Avelar fue nombrado, en abril de 2011, director presidente de Subes El Salvador.