San Pedro Perulapán fue el municipio donde más asesinatos hubo en enero de este año, según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML).
La OMS (Organización Mundial para la Salud) considera una epidemia cuando la tasa de muertos llega a 10 por cada 100 mil habitantes. Y en ese municipio, según el IML, en enero, la tasa fue de 26.
Pero los habitantes de San Pedro Perulapán no solo son agobiados por los asesinatos y las extorsiones.
El control territorial que ejercen grupos de maras o pandillas en varios lugares de ese municipio es tal que desde hace varios meses, vecinos de algunos cantones, caseríos, colonias o lotificaciones no reciben en sus casas los recibos de los servicios básicos, según comentaron varios afectados a El Diario de Hoy.
Esas circunstancias de inseguridad fueron confirmadas no solo por pobladores afectados sino también por el subinspector Edwin González, jefe de la subdelegación policial de San Pedro Perulapán, por la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y por empleados de la Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente (Acosama), entidad que distribuye el agua en San Pedro Perulapán, quienes hablaron a condición de no revelar su identidad.
El Diario de Hoy entrevistó a vecinos de los cantones o caseríos El Tamarindo, El Guayabo, cantones El Flor y Pasunteos, quienes aseguraron que en algunos lugares, el problema se ha agudizado desde diciembre.
Desconfianza de mareros
Otras fuentes indicaron que al cantón San Agustín y otros aledaños CAESS y Acosama tampoco llegan a dejarles los recibos, sino que los usuarios son quienes deben ir a traerlos hasta esas oficinas. Esto último fue comprobado por El Diario de Hoy.
Un empleado de CAESS afirmó que esa empresa no entra a varias comunidades de San Pedro Perulapán desde que, a mediados de 2014, un pandillero fue acribillado y otros más resultaron heridos al ser atacados por hombres armados que portaban uniformes similares a los de la compañía de alumbrado y que se transportaban en un pick up similar a los que usa esa empresa eléctrica.
El ataque fue cometido en el sector del cantón El Flor, en la calle que también conduce al cantón San Agustín, en la ribera norte del Lago de Ilopango.
Después de ese incidente, los pandilleros advirtieron a empleados de CAESS que en adelante no les permitirían ingresar a dejar los recibos ni a leer los contadores.
Luego de explicarles de que los empleados de la compañía eléctrica no tenían nada que ver en el ataque y que quienes lo hicieron se disfrazaron para poder ingresar, el cabecilla del lugar lapidó la orden de no entrar: “Bueno, aquí van a pagar justos por pecadores”.
CAESS dice que solo es un cantón
El 10 de febrero anterior, de manera escrita, CAESS explicó a El Diario de Hoy que únicamente en el cantón La Flor y sectores aledaños, en San Pedro Perulapán, no se toma la lectura de medidores y no se entregan las facturas del servicio a domicilio. Aclaró que sí le dan mantenimiento a la red eléctrica en coordinación con la alcaldía del municipio.
Según CAESS, ese problema se originó desde abril de 2014. Desde esa fecha, los habitantes de ese lugar y otros aledaños a él, tienen que ir a por la factura hasta la agencia que funciona en San Martín.
No obstante lo dicho por CAESS, el subinspector González aseguró que, en ocasiones, CAESS les ha solicitado seguridad para podar árboles que podrían dañar la red eléctrica en la carretera que conecta la ciudad de San Pedro Perulapán, con el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, específicamente en un sector del caserío Pasunteo, dominado por la mara Salvatrucha (MS-13).
Amenazas y extorsiones
Pero el problema no es solo con la factura de electricidad; sucede también con los recibos de agua potable, pues desde hace varios meses, Acosama no las entrega a domicilio debido a amenazas de pandillas.
Sobre este servicio, el jefe policial de San Pedro Perulapán indicó que desde hace varios meses, le dan seguridad a la planta de bombeo de agua, pues la asociación que la distribuye la solicitó desde diciembre anterior.
“Al parecer como que les estaban exigiendo dinero (miembros de pandillas), aunque no hay una denuncia formal”, explicó González.
El oficial afirmó que se mantiene vigilancia permanente en esas instalaciones, que funcionan en el cantón Pasunteo; cuando no hay policías, son los soldados quienes dan seguridad al lugar.
Sin embargo, el martes 10 de febrero al mediodía, el mismo día que se consultó con González la existencia del problema, en la estación de bombeo de agua no había ni policías ni soldados, según comprobaron periodistas de El Diario de Hoy.
Tarifas fijas de agua y luz
El problema, según usuarios consultados, es más generalizado y más antiguo, en algunos lugares, que el del fluido eléctrico.
El pasado jueves, varios residentes del caserío El Tamarindo del cantón La Loma, llegaron a Acosama a retirar los recibos, pero tuvieron que regresarse sin los mismos porque no estaban listos para entregarlos; eso es lo que dijeron algunos usuarios.
En el caso de la facturación de electricidad, CAESS confirmó que se hace con base en el promedio de consumo de los últimos seis meses anteriores a que dejaran de llegar a leer los medidores al cantón La Flor y aledaños.
Lo mismo ocurre con la factura del agua, según usuarios consultados de varias comunidades afectadas.
Solo que en este último caso, los usuarios se quejaron de que a veces deben ir más de una vez hasta las oficinas de Acosama, pues en ocasiones aún no están listas en la fecha acordada.
En el caso del servicio de electricidad, CAESS descartó que la facturación por tarifa única estuviera afectando sus finanzas. La empresa de electricidad dijo que ante el problema surgido en el cantón La Flor y otras comunidades aledañas, continuará ejecutando las labores como hasta hoy, es decir, emitiendo facturas con tarifas fijas, las cuales son los usuarios que llegan a retirarlas para su posterior pago.