El exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, pidió ayer una investigación de la Fiscalía para que determine quién autorizó el ingreso de decenas de televisores, ventiladores, consolas de juego y otros artículos de entretenimiento al centro penal de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
Ayer, El Diario de Hoy publicó que el martes anterior, en el centro penal de San Francisco Gotera, fueron decomisados 64 televisores, tipo plasma, 899 ventiladores, varias consolas de juego (PlayStation), teatros en casa (home theater) y muchos artículos más que los internos utilizaban para su entretenimiento.
“Ahí había un desorden; el decomiso de esos aparatos lo demuestra”, afirmó Ávila, consultado por este diario.
Según el exfuncionario, lo grave no es que tengan esos aparatos sino la forma en que fueron ingresados. “Esos aparatos no ingresaron solos. Siempre hemos dicho que los penales son los centros neurálgicos de los criminales”, afirmó.
Para el exjefe de la PNC, esos aparatos decomisados demuestran que son resabios de la tregua pactada entre las pandillas y figuras gubernamentales.
El exfuncionario enfatizó que el Estado debe de tener el control de los penales en el país porque hay mucho desorden. “Qué bien que se hizo el decomiso, aunque sea un par de días antes de las elecciones”, resaltó Ávila.
Cuestionó que a los presos se les permita tener tablets y celulares con acceso a las redes sociales, como Facebook, que utilizan para extorsionar.
Por su parte, el diputado Antonio Almendáriz, miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, de la Asamblea Legislativa, también se pronunció porque se deduzcan responsabilidades sobre quiénes permitieron el ingreso de todos los aparatos decomisados el martes anterior en el penal de Gotera.
Según Almendáriz, habría que ver si la introducción de todos esos aparatos fue avalada por el consejo criminológico o si el juez de vigilancia penitenciaria estaba consciente de la existencia de esos aparatos decomisados.
Consultado sobre si consideraba que la requisa efectuada en el penal de Gotera era una reacción a los recientes asesinatos de dos custodios y un agente policial, luego de que 14 cabecillas de pandillas fueran trasladados al penal de máxima seguridad, el diputado pecenista se limitó a decir que sería malo que la requisa fuera una reacción a tales actividades delictivas.
Entre tanto, el analista de seguridad, Carlos Ponce, dijo que las pandillas eran capaces de lanzar una ofensiva mayor, pero que haciendo un análisis de los acontecimientos criminales después de los traslados de los cabecillas, dijo que no consideraba que las pandillas estuvieran atacando a empleados vinculados con la seguridad pública o penitenciaria como reacción al referido traslado.
Ponce indicó que el registro de homicidios en general es más bajo que el que había antes de que los cabecillas fueran trasladados a Zacatraz.
Ponce espera no sea algo mediático
Ponce dijo que habrá que esperar a ver si el gobierno está realmente interesado en combatir la inseguridad o si simplemente es algo mediático por la coyuntura electoral que actualmente atraviesa el país.
Según Ponce, podría ser una medida para afectar la percepción de la ciudadanía y de esa manera favorecer al partido oficial que ha tenido un gran desgaste por la negociación que el Gobierno anterior hizo con las pandillas.
“La indignación de la gente hay que tomarla en cuenta, pues solo por el hecho de haber sido decomisados, ya tendría que haber funcionarios capturados o al menos en vías de investigación. “Que no haya habido capturas en ese sentido, llama mucho la atención”, apuntó el criminólogo.
Mientras tanto, el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández, afirmó a El Diario de Hoy que se deducirán responsabilidades y que las investigaciones continuarían.
El director indicó, en referencia a la tenencia de decenas de televisores y equipos de sonido, que es un derecho que tienen los internos de estar informados, pero que eso tiene que ser regulado por los equipos técnicos y los directores de cada centro penal.
Hernández aseguró que los decomisos realizados el martes anterior en Gotera es parte de un plan de ordenamiento que lleva la entidad que dirige.