La poca transparencia y combate a la corrupción que se refleja en un retroceso al acceso de la información pública, en funcionarios como el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, es uno de los que más sobresalen en el informe de coyuntura legal e institucional del segundo semestre de 2014 que presentó ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“En cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción, el país continúa reprobado”. Así de tajante fue una de las conclusiones que vertió ayer Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
Para Castro, la calificación que El Salvador obtuvo de mediciones internacionales como Transparencia Internacional, con 39 puntos bajo 100 no es para alegrarse.
Ante esto, Lilliam Arrieta de Carsana, Investigadora Coordinadora del Departamento de Estudios Legales de Fusades pidió a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue de dónde sacó Reyes el dinero para adquirir varios terrenos en Nuevo Cuscatlán junto a su exasesor y socio empresarial en Terrein, Byron Larrazábal, según lo publicó La Prensa Gráfica.
“Debería de haber una investigación de oficio de la Sección de Probidad, porque cualquier funcionario tiene que ser auditado en cuanto al manejo de sus fondos públicos, habría que ver si la capacidad económica personal de este señor es la suficiente para que pueda adquirir este tipo de terrenos que es una de las interrogantes que nos hicimos muchos”, aseveró.
Arrieta de Carsana recordó que ya la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió su opinión sobre el caso, exonerándolo, pero en el examen de la auditoría no se investigó de dónde sacó Reyes los fondos.
Están pendientes las indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
Sin embargo, Castro cuestionó que instituciones como el TEG son “deficientes” en sus funciones y que la CCR así como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la Sección de Probidad de la CSJ requieren de “reformas estructurales” para ser eficientes.
Añadió que hay una propuesta de ley ciudadana para reformar la ley de Probidad la cual data de 1950, una normativa que calificó de “obsoleta” para la realidad del país.
El caso de Reyes no es el único que Fusades advierte que representa un retroceso en el acceso a la información pública, Arrieta de Carsana mencionó el veto que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó en diciembre del año pasado para que Casa Presidencial no revelara los gastos en viajes y viáticos del expresidente Mauricio Funes.
“En caso de duda el Instituto debe fallar en favor de divulgar la información, en el tema del caso de viajes y viáticos ni siquiera es un tema de interpretación, la ley establece que esa información es oficiosa, los viajes y viáticos (de Funes) no le pedimos que diga los que hizo con sus fondos, sino viajes que hizo con fondos del pueblo”, aseveró.
Al respecto, Castro planteó que para mejorar el acceso a la información pública es necesario que se exprese claramente en la Constitución y pidió al IAIP revertir lo actuado en diciembre, que “retome el rumbo que tuvo desde sus inicios con mucha independencia, esta última resolución nos ha llenado de mucha preocupación”, acotó.
Fusades también evaluó otras áreas como el clima de negocios y advirtió que el país tiene oportunidades de inversión, pero que el manejo que se hizo de casos como el de Cel-Enel no han generado confianza a los inversionistas internacionales.
Destacaron que se han reducido los choques entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional, pero lamentan que los diputados no han cumplido con fallos emanados del Máximo Tribunal, entre ellos, el de transparentar las donaciones que reciben los partidos y el de no haber legislado para el voto cruzado.