Un joven de 18 años, identificado como José Ismael García, es otra víctima de la delincuencia en el país. Ayer fue ultimado de cinco disparos en el municipio de El Carmen, Cuscatlán, cuando comenzaba su jornada laboral.
García se ganaba la vida como cobrador de un camión en que transporta personas entre El Carmen y Cojutepeque.
Autoridades de la zona aseguran que los homicidas le dispararon en la cabeza, el abdomen y una pierna. García murió al instante.
El hecho fue cometido por hombres con apariencia de pandilleros, quienes detuvieron la unidad de transporte, bajaron al cobrador y lo abatieron, según la información recabada por policías.
La PNC no descarta que el asesinato tenga relación con disputas personales o por no pagar el dinero de la extorsión a la pandilla que delinque en el sector donde ocurrió el hecho ayer.
Otros casos
Entre la noche del jueves y la madrugada de ayer se reportaron cuatro homicidios más, en diferentes sectores del país. Uno de ellos fue el de Erick Ernesto Navarrete, de 27 años, que fue atacado a balazos en el Reparto Las Cañas, de Soyapango.
Además, la Fiscalía informó acerca del asesinato de José Roberto Alfaro Ventura, de 33 años, quien fue abatido con arma de fuego en el caserío La Galera ubicado en el Cantón Río Frío del municipio de Atiquizaya, Ahuachapán.
Además, se encontraron dos hombres asesinados que no pudieron ser reconocidos por no portar documentos.
El primero fue en el caserío El Tamarindo, del cantón Santa Rosa, Nueva Concepción, Chalatenango, a las orillas del Río Lempa. Otro fue hallado en el pasaje Santa Isabel, del cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado. La víctima fue lapidada, dijo la PNC.
Un periodo marcado por la violencia
Los asesinatos perpetrados en el país desde la firma de los acuerdos de paz a la fecha suman alrededor de 73 mil, una cantidad de víctimas similar a la del conflicto armado en los años ochenta.
Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
En el estudio denominado “La situación de la seguridad y justicia 2009-2014” se indica que en los últimos 23 años la violencia ha cobrado la vida de 73 mil personas en El Salvador. El conflicto armado cobró la vida de 75 mil personas.
“De acuerdo con los registros oficiales, entre 1990 y 2013 han sido asesinadas en El Salvador un poco más de 73 mil personas, cifra cercana al número de muertes estimadas durante el conflicto armado, lo que indica que la violencia letal ha sido un desafío constante a lo largo de la etapa de la postguerra”, resalta.
Se indica que la tasa de homicidios en el país fue de 39.7 por cada 100 mil habitantes en 2013, es seis veces la media mundial y supera cuatro veces el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (OPS).
“Este escenario se ha visto agravado en los años recientes por el amplio control territorial y poblacional que ejercen los grupos delincuenciales en diversas zonas del país, y por el creciente uso de complejas modalidades criminales que general zozobra y miedo entre la población”, dice el reporte.
Resalta que para crear ese ambiente de zozobra dichas estructuras criminales hacen uso de desmembramientos y mutilación de personas, control extorsivo de la población, desaparición de personas y crean nuevos flujos de desplazamiento forzado en las comunidades. Indica que el aumento de homicidios se dio a partir de 2009, en donde pasó de 39.7 por cada 100 mil habitantes a 71.2.
Destaca que entre 2009 y el 2011 las tasas de homicidios de mujeres subieron de 7.4 a 19.1. La mayoría de las víctimas de la vorágine delincuencial está en las edades comprendidas entre los 15 y 35 años. Un 90 % son hombres y el resto mujeres.
En el estudio el IUDOP indica que la proliferación de prácticas de enterramiento y ocultamiento de cadáveres en los últimos años en cementerios clandestinos dificulta cada vez más la localización de las víctimas.
Los datos del estudio no dejan de lado los delitos cometidos por delincuentes comunes como la desaparición forzosa de personas, agresiones sexuales, lesiones, amenazas, violencia intrafamiliar y las extorsiones.
La mayoría de casos acabó en sobreseimiento
El IUDOP muestra en su informe su preocupación por el número elevado de casos que entran al sistema judicial y terminan en sobreseimientos definitivos de los imputados.
Alerta que esto pone en evidencia la poca capacidad investigativa de los operadores de justicia, del rol de la Fiscalía y de la dirección de la investigación penal. Como ejemplo indica el reporte que en 2009 un 70% de los requerimientos fiscales terminaron en sobreseimientos definitivos.
Medicina Legal informó que lo que va del de enero han ocurrido 113 homicidios y que en enero hubo 334.