El ataque que sufrió la noche del jueves la jueza de Paz de Victoria, Cabañas, Ana María Velásquez de Escobar, pudo derivarse de problemas que le acarreó el cobro de la vigilancia privada con algunos residentes de la colonia donde vive, o con familiares de pandilleros que operan en la zona.
Ayer por la tarde, el subdirector general de la Policía, Howard Cotto, confirmó el arresto de los dos vigilantes de la colonia donde vive la funcionaria, como sospechosos del atentado contra la jueza De Escobar.
La Policía aseguró que la jueza se encuentra en cuidados intensivos de un centro hospitalario de San Salvador.
El jefe de la unidad fiscal que investiga los homicidios y a las pandillas, Óscar Torres, explicó que la jueza De Escobar es la presidenta de la junta directiva de la residencial Las Margaritas y se encargaba de la cobranza de la cuota de la vigilancia particular.
“Esto conlleva a que las personas que se encargan de mantener el control, la sana convivencia y la armonía, causen algún desagrado hacia las otras personas. Precisamente eso es lo que hemos considerado que es el motivo por el cual pudo haber sido hecho este atentado”, dijo Torres, quien agregó que existen indicios de que los atacantes sean pandilleros de la 18 que operan en los alrededores.
“Al final de la colonia hay comunidades donde los pandilleros llegan a hacer sus ceremonias de ingreso, y no descartamos que también esto haya motivado que haya habido alguna represalia en contra de la señora y no motivado ni por su cargo ni por el trabajo que está desempeñando en su juzgado, sino que algo muy particular”, dijo Torres.
Torres explicó que se contempló la posibilidad de que el atentado se haya derivado de alguna causa que lleve la jueza, en la cual los procesados sean pandilleros de la mara 18, del grupo que se autodenomina “Revolucionarios”, pero no se encontraron indicios de esa situación.
Otras de las motivaciones que las autoridades han considerado es que como la jueza por ser la encargada del cobro de la vigilancia, los pandilleros de la zona la hayan tratado de extorsionar y ella se haya opuesto.
Ataque se produjo en residencial privada
Testigos dijeron a la Fiscalía y Policía que dos individuos con apariencia de pandilleros ingresaron a la referida colonia, que tiene un portón de seguridad y con un vigilante particular en la entrada. Los motociclistas se dirigieron a la casa de la jueza. Uno de los sujetos, quienes andaban con cascos de motociclista, se acercó a la puerta balcón de la vivienda, la cual tenía abierta la hoja de la misma, y dijo “licenciada le vamos a pagar (cuota de vigilancia)”.
Enseguida, la jueza se acercó a la puerta y el individuo aprovechó para hacerle cuatro disparos, pero solo uno le impactó en uno de sus pómulos y le salió a la altura del cuello.
Tras los disparos, el atacante se subió a la motocicleta y escapó junto a su cómplice, sin que el vigilante haya tratado de evitar que se fugaran, lo que ha despertado sospechas de las autoridades de la posibilidad de que sean cómplices de los atacantes.
Torres explicó que los dos guardias se encuentran en vías de investigación para establecer si colaboraron con los delincuentes para que cometieran el ataque.
Sin embargo, el guardia privado que estaba de turno en los momentos en los que ocurrió el hecho, manifestó a los policías que él no se dio cuenta cuando entraron los individuos en la motocicleta, porque estaba ocupado en anotar las placas de un vehículo. Tampoco se dio cuenta cuando escaparon los atacantes de la funcionaria.
Las primeras investigaciones apuntan a que el vigilante habría recibido una llamada telefónica minutos antes del atentado, en la cual le habrían ordenado que abriera el portón de seguridad a los motociclistas, según fuentes policiales. En la entrada a esta residencial privada hay un rótulo en el que le advierten a los visitantes que llegan en vehículos que es obligación identificarse con el Documento Único de Identidad (DUI).
Con más de 20 años en el sistema judicial
Vecinos de la jueza repudiaron el ataque a la funcionaria y expresaron su sorpresa porque es una persona tranquila, amable e interesada con el bienestar de los residentes de la colonia.
La jueza De Escobar tiene más de 20 años de laborar en el Órgano Judicial. Ella comenzó a trabajar como colaboradora jurídica en los tribunales de San Salvador y desde hace unos 15 años se desempeña como jueza de Paz, según amigos de la víctima.