El posible retorno de los 30 cabecillas de las pandillas al centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, conocido como Zacatraz, deberá de esperar al menos por un tiempo más, porque no se quiere violentar los procedimientos legales para traslados de reos, según lo afirmó ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
“Nuestra decisión es que todos aquellos cabecillas que dirigen el crimen y la extorsión desde los centros penales, regresen al penal de máxima seguridad, cumpliendo los procedimientos”, declaró Sánchez Cerén.
El presidente agregó que ya ha ordenado al Director de Centros Penales para que “aquellos privados de libertad que son de alta peligrosidad sean trasladados al penal de máxima seguridad”.
Sin dar mayores detalles sobre cantidad y nombres de los que podrían regresar a Zacatraz, Sánchez Cerén aseguró que ya se hicieron algunos traslados, pero “que prontamente vamos a hacer otros traslados de personas que están dentro de los centros penales y que están dirigiendo el delito, dirigiendo las extorsiones”.
Agregó que “estamos siguiendo los procedimientos de aquellas personas que sí tenemos información que están conduciendo y dirigiendo desde las cárceles, ya se traslado una parte y estamos por trasladar otra parte. No puedo decir qué personas son, pero sí estamos por la vía de aplicar los procedimientos”.
El Fiscal General, Luis Martínez, cuestionó recientemente que las autoridades penitenciarias no habían trasladado a los cabecillas de las pandillas a Zacatraz, pese a que él lo había solicitado en el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Ayer el fiscal Martínez sostuvo que el regreso de los cabecillas es un compromiso del gobierno, pero que confía en que los pandilleros que siguen ordenando extorsiones y asesinatos desde las cárceles serán recluidos en el penal de Zacatecoluca, La Paz.
“Hay que tener paciencia, nosotros estamos conocedores de todo este proceso, han sido reuniones que hemos sostenido como funcionarios de Estado, respetándonos las competencias de cada uno, y creemos que hay que tener confianza en este esfuerzo que estamos haciendo todos”, dijo Martínez.
Las autoridades fiscales mantienen una investigación sobre exfuncionarios del gobierno anterior que autorizaron la salida de los 30 cabecillas de las pandillas hacia penales con menores medidas de seguridad, como parte de los supuestos beneficios que recibieron por mantener una tregua entre las pandillas.
“Nosotros estamos revirtiendo todos esos errores, se está corrigiendo, lo hemos discutido con el Presidente (Sánchez Cerén), con los otros presidentes de Órganos de Estado y vamos caminando en una línea de país adecuada”, dijo Martínez.
Hasta la fecha se desconocen los avances de esas investigaciones.
El director de Centros Penales, Rodil Hernández, aseguró que 27 empleados penitenciarios han sido separados de sus cargos entre 2014 y lo que va de 2015 porque se sospechaba que colaboraban con el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.