El tema central que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) cuestiona en el proyecto de ley para combatir las extorsiones presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, es garantizar que se “sustente la prueba”, esto en aras de que los culpables salgan bien librados por falta de ellas.
“Lo más importante es cómo se sustentarán esos casos de extorsión que se van a llevar. Lo que vemos en el informe es que las denuncias han disminuido, pero esto no quiere decir que las extorsiones han disminuido, sino que hay poca confianza de los ciudadanos en acudir a las instancias respectivas o temor”, afirmó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
Lo anterior salió a relucir ayer como parte del informe de coyuntura legal e institucional que Fusades brindó del segundo semestre de 2014.
Castro coincidió con el Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, en que la moción del Ejecutivo de que las investigaciones por el delito de extorsión se inicien de oficio, no sería conveniente, y que ese aspecto ya estaba regulado en el Código Penal.
Añadió que en el anteproyecto de ley se incluyen agravantes adicionales como sanciones económicas fuertes a las telefónicas por no bloquear la señal en los centros penitenciarios (superan el millón de dólares), lo cual “está bien”, explicó, pero enfatiza en que el talón de Aquiles en dicha normativa sería como “fortalecer la prueba” para que los culpables vayan a juicio y sean condenados.
El informe de Fusades también revela que 2014 cerró con un aumento “alarmante” del 57 % en la tasa de homicidios, en comparación con la cifra global de 2013, “lo cual revierte la tendencia a la baja con que cerraron esos años”.