El repunte de homicidios, que alcanza un promedio de 15 por día al inicio de este año; los asesinatos de policías, que demuestran que las pandillas están irrespetando a la autoridad; y la actitud pasiva de las autoridades ante los altos índices de inseguridad son acciones que ve con preocupación la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que advierte que sino se toman las medidas contundentes inmediatas se va camino a un Estado fallido.
Las cifras de la Policía son reveladoras: 90 homicidios en los primeros seis días del año, superando con 31 crímenes más al mismo período del año pasado en el que se registraron 59 muertes violentas.
Los datos anteriores reflejan que 15 personas son asesinadas cada día en el inicio de este nuevo año.
El informe policial detalla que los salvadoreños recibieron el 2015 con 16 homicidios, mientras que el segundo día hubo 12 crímenes. Para el tercer día se produjeron 14 asesinatos; otros 15 al día siguiente y el 5 de enero se registraron 14 muertes violentas. El martes 6 de enero asesinaron a 19 personas, convirtiéndose en el día más violento.
La escalada de homicidios contrasta con la postura del ministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara, al decir que “la delincuencia en este país no es elevada, lo que pasa es que hay que distinguir entre la realidad y la percepción”.
Las autoridades policiales han insistido en que el alza de homicidios en las últimas semanas tiene que ver con las disputas territoriales que han retomado las pandillas, ya sea para tener mayor control de las extorsiones y de la distribución de droga en las zonas de persistencia pandilleril.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal, sostuvo que si las autoridades de Seguridad Pública no imponen el orden en las comunidades y aplican las leyes “estamos en riesgo de que caer en un Estado fallido, y no lo he dicho yo, lo ha dicho el Arzobispo y lo ha dicho un montón de gente que sabe de este tema”.
Explicó que “un Estado fallido es cuando el Estado no controla sus territorios, aquí ya no los controlamos, cuando el Estado no puede ejercer la ley dentro de esos territorios, y aquí en esos territorios no la pueden ejercer ni pueden entrar, amenos que llegue un batallón ahí”.
Agregó el dirigente empresarial que “el imperio de la ley debe de ser el que rija en la nación y la única que puede imponer la ley es la autoridad legalmente constituida”, pero según Cardenal “en estos momentos la autoridad legalmente constituida no puede imponer la ley en una serie de territorios y de lugares que están siendo controlados por grupos delincuenciales y eso hay que detenerlo, hay que pararlo”.
Pero lo que más le preocupa a la gremial empresarial es que el fenómeno de las pandillas se esté saliendo de control y que no se haga nada para frenar esa situación.
Cardenal advirtió que “sino hacemos algo, la ruta que llevamos es la menos conveniente y la menos deseada para el país” y por eso la gremial empresarial está contribuyendo con la contratación de la empresa consultora en temas de seguridad del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani para lograr frenar “ese avance y esa ruta que llevamos, se han hecho muchas cosas pero no han funcionado”.
Haber contratado a la empresa de Giuliani para que ayude a solventar el problema de inseguridad es parte de la contribución del sector empresarial en el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana porque “le tomamos la palabra al gobierno y al Presidente, de buena voluntad, de querer dialogar y de trabajar juntos para resolver un problema que nos afecta a todos”.
Poner orden en las comunidades antes de prevención
Considera Cardenal que antes de impulsar programas de prevención, rehabilitación y reinserción, la prioridad debe de ser que la autoridad ponga orden en las comunidades y combatir la impunidad, porque “va hacer muy difícil rehabilitar a alguien que está viviendo en un territorio que está controlado por las pandillas y que lo pueden forzar a meterse a actividades delincuenciales, es muy difícil rehabilitar a alguien si las escuelas están controladas por ellos y de ahí ellos se nutren de nuevos miembros de pandillas”.
El director ejecutivo de la gremial empresarial, Arnoldo Jiménez, sostuvo que “hay un interés de parte, no solo de ANEP, sino que de toda la sociedad civil que está apoyando al Gobierno en el Consejo de Seguridad, para que realmente sea efectiva la persecución del delito, que se aplique la ley y que se baje la impunidad”.
Ante las críticas y cuestionamientos de algunos sectores sobre la contratación de la empresa de Giuliani, Cardenal dijo que “estamos haciendo énfasis de que no se nos critique, ni se nos quite la oportunidad de tener a un consultor especialista que venga hacer un diagnóstico y haga una propuesta de tratamiento antes de que la haga”.
En ese sentido, el dirigente empresarial demandó de las instituciones que velan por la seguridad ciudadana y la administración de justicia que colaboren con el equipo de expertos para que puedan ofrecer las mejores propuestas y “de ahí se verá si se pueden aplicar las recomendaciones que hagan los asesores”.
En todo caso, Cardenal sostiene que sino no se toman en cuenta las recomendaciones que puedan surgir de la consultoría que haga el equipo de Giuliani “quedaría en evidencia de que algo se oculta o no hay voluntad para que se resuelva el problema de la inseguridad o no somos capaces de resolverlo”.
Demandan regreso de cabecillas a Zacatraz
Sin embargo, el cambio de postura del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, al reconocer públicamente que la tregua permitió crecer y fortalecerse a las pandillas, para Cardenal es un signo de que el Gobierno pueda cambiar de rumbo en el combate del crimen y la violencia.
Cardenal ve positivo el cambio de visión del presidente Sánchez Cerén con respecto a las pandillas, porque es reconocer un problema que se ha venido señalando desde hace algún tiempo que no iba a resolver el problema.
Agregó que “el hecho de que el Presidente lo reconozca es un avance, es un buen síntoma de decir : ‘Eso no funcionó y no lo vamos a seguir repitiendo'”.
Por su parte, Jiménez cree que el discurso del presidente Sánchez Cerén, al reconocer que la política de su antecesor, el presidente Funes, de propiciar una tregua entre las pandillas y de darles privilegios a los cabecillas fue un fracaso, tiene que ser consecuente con los hechos.
“Si hay consistencia con las palabras del presidente que está en contra de la política de la tregua, tiene que haber una consistencia en cuanto a los beneficios que les dieron a ellos en materia penitenciaria”, dijo Jiménez.
En ese sentido, Jiménez cree necesario que el Gobierno regrese de nuevo a los 30 cabecillas de las pandillas al centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz; y quienes fueron movidos hacia otras penitenciarías de menor seguridad.
Sostuvo que no se puede seguir permitiendo que estos cabecillas continúen teniendo acceso a celulares para poder ordenar asesinatos y extorsiones en perjuicio de los salvadoreños.
Actuar con rigor ante asesinatos de policías
Con respecto a los asesinatos de policías que se agudizaron en los últimos meses del año pasado y han continuado al inicio de este, Cardenal lo interpreta como que las pandillas están retando a la autoridad y esa es una situación preocupante y peligrosa, por lo que se hace urgente que esta consultoría se haga lo más pronto posible porque “estamos viendo que los grupos criminales organizados están retando a la autoridad y que la autoridad no tiene la capacidad en muchos casos ni siquiera de proteger a los mismos agentes de autoridad que deben de proteger a los ciudadanos honrados”.
Citó como ejemplo que en “Estados Unidos tocar a un policía es pecado mortal, inmediatamente que tocan a un policía, todos los recursos del Estado se voltean a tratar de capturar a esa gente y condenarlos, mandar una señal clara de que eso no es tolerable”.