El fiscal general, Luis Martínez, solicitó a las autoridades carcelarias devolver a los cabecillas de las pandillas al Penal de Máxima Seguridad (Zacatraz), pues consideró que “bien estaba el país” cuando estaban recluidos ahí.
Martínez confirmó que ninguno de los 30 cabecillas de pandillas han sido trasladados de las penitenciarías donde se encuentran recluidos hacia el Máxima Seguridad en Zacatecoluca, La Paz, una versión que contradice la de las autoridades carcelarias.
“Hicieron el traslado de tres sujetos el primero de enero, pero así como los sacaron (a los cabecillas), ¿Por qué no los regresan? Es más, al Payaso y otros grandes cabecillas los trasladan también (del penal de Zacatecoluca). Entonces, que los regresen. ¿Y no estaban ahí, pues? (Zacatecoluca) Bien estaba el país cuando ellos no estaban en penales de menor seguridad”, señaló Martínez a periodistas luego de asistir a la Asamblea Legislativa, donde se discutía el decreto transitorio que ayer mismo envió el Ejecutivo para poder enviar a penales de máxima seguridad a los pandilleros que, en el futuro, atenten contra policías, jueces o fiscales y que no no pudo ser avalada como pretendía el ministro de Seguridad.
Los tres cabecillas que han sido llevados al penal de Zacatecoluca son pandilleros acusados de haber asesinado a un policía, según indicaron fuentes policiales.
El fiscal Martínez dijo que “existen graves indecisiones por parte de algunas autoridades en temas penitenciarios….el clamor de los mismos policías que hoy (ayer) en la reunión que tuvimos de planificación estratégica, ellos me expresaron: ‘señor fiscal, pida que trasladen a todos los cabecillas a Zacatraz'”.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que los delitos más graves son ordenados desde las cárceles.
Horas antes de esas declaraciones, el Gobierno anunció una serie de disposiciones transitorias destinadas a proteger a los agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales, jueces y miembros del Ejército que sean víctimas de la delincuencia.
La propuesta de reformas penales fue anunciada en una conferencia en Casa Presidencial por el presidente en funciones, Óscar Ortiz, quien estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara; el director general de la PNC, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de Penales, Rodil Hernández.
Ortiz expuso que se solicitaría al pleno legislativo la consideración de urgencia (la dispensa de trámites), a fin de contar cuanto antes con las nuevas disposiciones “para la imposición de penas a todos aquellos individuos involucrados en delitos del crimen organizado y de realización compleja, específicamente contra nuestra Policía Nacional civil, Fuerza Armada, fiscales y jueces”.
Esto, en el contexto del asesinato de siete policías en lo que va de este año, mientras que el año pasado fueron 39.
Lo que se persigue con la propuesta, según lo expresado por el presidente en funciones, es la “simplificación de procesos que nos permitan ser más rápidos, efectivos y diligentes” para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las fuerzas del orden.
Pero además de facilitar la aplicación de las nuevas disposiciones legales en delitos del crimen organizado y de realización compleja, específicamente, Ortiz también anunció la aplicación de medidas más severas.
“Todos aquellos que pretendan afectar la integridad física de la autoridades establecidas, serán duramente castigados por nuestras leyes”, aseguró el Vicepresidente.
La propuesta del Ejecutivo fue presentada a la Asamblea Legislativa ayer por la tarde y aunque fue convocada la comisión de Seguridad para intentar avalarla ayer mismo, esto no fue posible porque el fiscal general pidió ocho días para poder analizarlas y ver si no hay algún problema legal en la simplificación de los procesos contra los delincuentes.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, declaró el martes que los agentes de la corporación deben disparar sin miedo a los delincuentes y, además, les recordó que no hay ningún miembro de la institución que esté detenido por una situación de esas.
“Necesitamos que los policías tengan conciencia que pueden usar su arma de equipo para defenderse o defender a terceras personas”, expresó, de manera tajante, Ramírez Landaverde.
“Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo (disparen) con toda confianza y con convicción”, agregó el funcionario.
El comisionado Ramírez Landaverde reveló que se ha instruido a su gente en tácticas de tiro y que hay una delegación entera entrenando para eso en la actualidad.
Fiscal pide ocho días para analizar propuesta
El fiscal general de la República, Luis Martínez, aseguró ayer, tras la presentación de las peticiones de reformas a la Asamblea, que van a colaborar con las peticiones hechas para proteger a las fuerzas del orden, sin embargo, señaló que debe analizarse la propuesta del Ejecutivo.
En este sentido, el titular de la Fiscalía pidió un plazo de ocho días, durante el cual analizarán las reformas penales anunciadas por el presidente en funciones. También mencionó que como Fiscalía siempre han tenido la disposición de proteger a los policías afectados por los delincuentes.
Añadió que han formado una mesa de diálogo integrada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo para resolver el problema penitenciario y que espera que este comité tenga resultados positivos.
El fiscal también llegó ayer a pedir a los diputados autorización para que el Gobierno negocie $44 millones para construir un nuevo edificio para la FGR.
Luego que le los diputados le solicitaran su opinión al respecto de la moción enviada por el Ministerio de Seguridad, y pidiera un tiempo para estudiarla, los diputados acordaron darle ese tiempo, aunque Guillermo Gallegos, de GANA, comentó que hubo falta de coordinación por parte del Gobierno con la FGR para la presentación del mismo, lo cual retardaría la aprobación.
Lara señaló en la presentación oficial del documento de que piden reducir los procesos que se siguen en contra de personas que cometen delitos contra policías y soldados, de 7 a 2 meses.
Las autoridades penitenciarias también anunciaron que les serían restringidas las visitas íntimas a quienes atenten contra policías, como una forma de disuadir el ataque contra los efectivos de seguridad que se han incrementado desde este año.