Las pandillas que delinquen en el país pactaron, el 17 de enero, una nueva tregua entre ellas, confirmó Raúl Mijango, uno de los mediadores entre estos grupos.
Según Mijango, los mareros quieren demostrar “que tienen voluntad de ser parte de la solución al problema de violencia”.
Sin embargo, la noticia ha sido recibida con dudas y escepticismo por diferentes sectores y, más bien, parece salir al paso del requerimiento hecho por el fiscal general, Luis Martínez, que los cabecillas de dichos grupos vuelvan al Penal de Máxima Seguridad (Zacatraz).
Pese a que el ministro de Seguridad, Benito Lara, ha asegurado que algunos jefe pandilleros han sido devueltos a Máxima Seguridad, Martínez ha reiterado que ninguno de ellos ha sido regresado.
A algunos analistas les parece “extraño” que los grupos delictivos hayan hecho un nuevo acuerdo cuando las autoridades han estado discutiendo el tema de los traslados de reos.
Pero Mijango rechazó ayer que la pretensión de las pandillas sea reducir los hechos delictivos a cambio de que el gobierno desista de regresar a los pandilleros que están recluidos en cárceles comunes a la prisión de mayor rigor.
“Eso es una especulación. Este nuevo esfuerzo termina de reafirmar la tesis de que el diálogo es la solución a este asunto, no los llamados a más violencia”, expresó Mijango.
El primero en restarle méritos al anuncio de Mijango fue el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, “Todos tenemos libertad de expresarnos, pero como institución no podemos guiarnos por meras declaraciones”, señaló.
Entre 2012 y 2013, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, las pandillas pactaron una tregua que aparentemente redujo el número de los asesinatos.
Después, algunos exfuncionarios de gobierno admitieron que, a cambio de eso, las autoridades les concedieron beneficios a los delincuentes.
En ese contexto fue que decenas de cabecillas de las pandillas que estaban presos en Zacatraz fueron llevados a cárceles comunes. Algunos pandilleros favorecidos fueron Arístides Dionisio Umanzor, apodado el Sirra, José Ángel Turcios, apodado el 13, y Carlos Ernesto Lechuga, Viejo Lin, entre otros.
La semana anterior, el fiscal general responsabilizó a los cabecillas de pandillas que fueron sacados de Zacatraz de ser los que dan las órdenes de cometer hechos delictivos.
“Bien estaba el país cuando (los cabecillas) no estaban recluidos en penales de menor seguridad”, afirmó Martínez.
Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, aseguró que sí se estaban regresando a pandilleros al presidio de Zacatecoluca.
Él agregó que entre los criterios que se estaban tomando en cuenta para hacer los traslados estaban: el grado de peligrosidad que representan los reos y si estos habían ordenado, desde la prisión, cometer hechos delincuenciales.
Días atrás, el presidente Salvador Sánchez Cerén reconoció que la tregua entre pandillas que hubo en la administración pasada —en la que él fue vicepresidente— permitió que estos grupos crecieran y se fortalecieran.
El mandatario también sostuvo que estas estructuras delincuenciales son las principales responsables de la espiral de violencia que golpea a la población. Él aseguró que su gobierno no hará negociaciones con ellas.
“Si tienen voluntad, que se salgan de la pandilla”
Raúl Mijango aseguró ayer que las pandillas están convencidas que el acuerdo al que han llegado “no es fácil de sostener por mucho tiempo”, ya que no existen las condiciones adecuadas de comunicación para hacerlo.
Según él, los pandilleros no le han revelado las condiciones en las que se hizo el nuevo pacto, tampoco quiénes lo acordaron ni el tiempo en que estará vigente.
“Ellos quieren demostrar que el diálogo es la vía más eficaz, expedita y económicamente más cómoda para resolver el problema (de la violencia)”, sostuvo el vocero de los mareros.
A Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía, le parece una “coincidencia perfecta” que los pandilleros hayan suscrito una nueva tregua cuando está en debate el tema de los traslados de mareros al penal de Máxima Seguridad.
El exfuncionario es de la idea que de parte de los mareros no puede haber “buena voluntad” para que se resuelva el problema de la violencia “si ellos no dejan de cometer delitos”.
“Si son parte de una organización que sigue cometiendo delito, difícilmente se puede dialogar con ellos. Si hablan de diálogo, que quieren ser parte de la solución, y siguen extorsionando no es una voluntad honesta”, opinó Ávila.
A su juicio, los pandilleros que verdaderamente quieren hacerle un bien a la sociedad deberían unir esfuerzos para crear un programa nacional de desarticulación de estos grupos delictivos y se reintegren a la sociedad, como ha pasado en otros países.
Por su parte, el exministro de Justicia y Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, calificó de positivo el acuerdo entre los grupos pandilleriles, siempre y cuando “el gobierno no esté actuando como tercer negociador, como la otra vez (en 2012)”.
“Si las pandillas deciden que no se van a matar, pues bienvenido sea, es algo que ayuda para la paz. Pero si hay un acuerdo con el gobierno, va a generar mucha desconfianza y está en contra de lo que ha propuesto el Consejo de Seguridad y lo que han dicho los mismos funcionarios”, señaló Bertrand Galindo.
Según el mediador de las pandillas, una muestra de que la nueva tregua está dando resultados es que, a partir del domingo 18 de enero, han empezado a descender los homicidios en el país. Hasta hace unas semanas, las autoridades registraban un promedio de 15 asesinatos al día. Esta semana, la cifra ha tenido altibajos.
Las estadísticas de las autoridades revelan que el 18 de enero hubo seis asesinatos, un día después se registraron cuatro. El martes hubo 10 (cinco de ellos resultado de una masacre); el miércoles siete y el jueves no hubo ninguna muerte violenta.
“El acuerdo lo tomaron el sábado y ya el domingo hubo una disminución significativa. Desde entonces la curva ha llegado a descender hasta llegar a casos como el hecho de que se haya experimentado una tasa cero, el día 22 de enero”, expresó Mijango.
Al respecto, el director general de la Policía aseguró que el alza y disminución de asesinatos se ha tenido varias veces y en diferentes periodos y, a su juicio, son muchos factores los que influyen en eso.
En reiteradas ocasiones, las autoridades han señalado que se ha detectado una relación entre el incremento y disminución de muertes violentas con la época electoral. Por ejemplo, en febrero de 2014, tras una aparente reducción de homicidios antes, durante y después de las elecciones presidenciales, las autoridades registraron un repunte de muerte violentas justo un fin de semana después. El día de las elecciones hubo tres asesinatos, mientras que el domingo siguiente, 15.
Previo a esas votaciones, los cabecillas de las pandillas, a través de un comunicado que hicieron llegar a los medios de comunicación, se comprometieron a no realizar acciones violentas. En esa ocasión, Mijango dijo que algunos crímenes tendrían el fin de obtener beneficios electorales.
Aunque él asegura que ellas se han comprometido a reducir los asesinatos. Ayer, al mediodía, dos miembros de esta estructura intentaron matar a un policía en Salvador y en San Miguel vapulearon a otro agente que sobrevivió.
Además, la Fiscalía registró al menos otros nueve homicidios en diferentes municipios del país.