Contar con más mecanismos para controlar no solo los contenidos, sino también a los medios de comunicación a través de diferentes legislaciones, ha resurgido nuevamente entre las intenciones del FMLN, mismas que vienen desde que llegaron por primera vez a la Presidencia del país en 2009.
Esto quedó plasmado en la presentación de la plataforma legislativa de sus candidatos a diputados para el periodo 2015-2018 el pasado 12 de enero, y dejó en evidencia otra vez las intenciones del partido efemelenista.
Como en todas las ocasiones anteriores, la propuesta no cuenta con mucho detalle.
Fue la actual jefa de bancada legislativa del FMLN y miembro de la Comisión Política del partido, Norma Guevara, quien presentó la plataforma.
“Promoveremos que los contenidos difundidos en los diversos medios de comunicación sean en el marco de la ética social”. Este es el quinto compromiso del apartado de cultura y educación que está en la plataforma efemelenista hecha pública.
En esa misma sección aparece la propuesta de reformar la Ley de Espectáculos Públicos, pero no define en qué consiste dicho planteamiento.
Dicha ley ha estado en la mira de los parlamentarios del FMLN las legislaturas 2009-2012 y 2012-2015.
En 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el reglamento respectivo, entre otras cosas, por transgredir el derecho de la libertad de expresión a través de los espectáculos públicos.
Respecto a las propuestas planteadas en la plataforma legislativa 2015-2018, la diputada Norma Guevara, quien busca la reelección, asegura que no se busca “regular nada”, pues para que algo llegue a concretarse se necesitan al menos de 43 votos.
“La plataforma no regula nada, es una mayoría de 43 votos lo que un día pueda dar una ley. No hay iniciativa en ese sentido, pero es una aspiración legítima que tengamos todos derecho a una información veraz”, manifestó.
Al cuestionársele sobre la propuesta sobre ética, la diputada expresó que es un “deber de todos contribuir a que seamos cada vez una sociedad leal a la verdad” y que la ética existe para todos, sean personas naturales o jurídicas, para el caso de los medios de comunicación.
“Es un deber de todos contribuir a que seamos cada vez una sociedad leal a la verdad, menos promotora del miedo y la desesperanza, esos deberes, así como hoy instituciones nos invitan, ojalá un día entre ustedes los medios se comprometan a ser más respetuosos de la dignidad humana, de la verdad y eso va a ayudar a ser más cultos como país”, agregó la farabundista.
Al repreguntarle si eso implica regular publicaciones que no le agradan al Gobierno, respondió evasiva: “No sé quién es el Gobierno. El Gobierno somos muchos, cuando el agrado suyo y el mío pueden estar más cerca que otros, no hay un termómetro para medir el agrado del Gobierno y el del ciudadano. Queremos que haya ética en todo, incluyendo los medios de comunicación, en la empresa privada, en los partidos, en las escuelas”.
La búsqueda del FMLN de regula los medios de comunicación o los contenidos que difunden no es nuevo.
En 2008, de cara a las elecciones presidenciales, el partido gobernante creó la Mesa de Comunicaciones y Libertad de Expresión.
En ese momento, los asesores efemelenistas pidieron “una ley de prensa que incluya sanciones concretas contra periodistas que aceptan sobornos o que violentan los principios éticos de la labor periodística”, lo cual no ha prosperado hasta la fecha.
Cuando era candidato, Salvador Sánchez Cerén se comprometió a crear las condiciones para que los periodistas tengan acceso a información gubernamental de forma oportuna y para que haya una mayor democratización de los medios de comunicación.
“Nosotros vamos a seguir estimulando siempre la libertad de expresión, vamos a seguir respetando el derecho a la información de los periodistas, vamos a respetar su labor y también vamos a dar la información oportuna cuando se nos solicite”, afirmó.
Sin embargo, en los primeros meses de su gestión, la fracción de su partido siguió impulsando reformas en leyes como la de lavado de dinero para que los medios sean sujetos de fiscalización.
El FMLN insistía que tanto los medios de comunicación como otros actores debían ser incluidos en la ley y, de hecho, así lo hicieron. Pero posteriormente fueron sacados de la misma cuando la mayoría de diputados, a excepción de los efemelenistas, votó por excluirlos de la normativa.
En ese entonces, el diputado de ARENA, Ernesto Angulo, señaló que no era posible que se “les ponga una pistola a los medios de comunicación”, pues al haberlos incluido en esa ley se atentaba contra la libertad de expresión.
Otra vía que, según ASDER, el Gobierno está utilizando para tener control de los medios en El Salvador ha sido a través de la Superintendencia de Competencia (SC) y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), por medio de resoluciones a favor de radios comunitarias afines al Gobierno y en la asignación de frecuencia como el caso del canal 37.
En el primero de los casos, en junio de 2014, la SC emitió una resolución en la que señalaban que realizaría un estudio en conjunto con la Siget para revisar la regulación relacionada con la concesión del espectro, proponiendo que quienes actualmente manejan concesiones, no participen en nuevos procedimientos de subasta en el futuro.
Asimismo, está la autorización de traslado de la frecuencia del canal 37 al 11, una decisión exprés que hiciera el exsuperintendente de la Siget, Ástor Escalante, y que permitió al canal 11 operar en el sistema VHF, de mayor calidad.
TVRed, propiedad de un salvadoreño y del mexicano Juan Carlos González Sáenz, adquirió a la Universidad Francisco Gavidia el canal 37, en sistema UHF, y en menos de 24 horas Escalante lo reasignó al canal 11 y obvió un acuerdo de no otorgar más concesiones hasta el 2018.
A TVRed la relacionan al magnate mexicano, Remigio Ángel González González, señalado a nivel internacional por adquirir canales que están en quiebra para luego ponerlos al servicio de los gobiernos en turno.