Ante la decisión de la Fiscalía General de la República de mantener la acusación en su contra y de otras personas, Miguel Lacayo, lanza varios cuestionamientos que a su juicio no se han dilucidado en este proceso y no tienen asidero legal. El primero de ellos es que en este proceso no se ha logrado presentar pruebas que fundamenten las acusaciones. El segundo es por qué si existe ya un acuerdo marco que extingue a todos los involucrados de responsabilidad en el perjuicio económico al Estado, insiste la Fiscalía en continuar con la acusación.
Otra pregunta que se hace es porqué, después de este acuerdo que firmó la Fiscalía con la firma italiana Enel, se acusa a Vicente Machado, el ex director de la empresa LaGeo, y por qué se acusa a esta misma compañía de haber participado de manera ilegítima en el proceso que terminó en la venta de acciones a Enel.
La legalidad de ese proceso, dice Lacayo, queda demostrada por el acuerdo marco mismo que compra esas acciones a cambio de $287 millones a la empresa italiana con la que pusieron fin al largo proceso de demandas por incumplimiento de contrato al país.
“¿La única forma en que el Gobierno pudo haber, legalmente comprado las acciones de Enel, es que estas acciones fueron adquiridas legítimamente, de otra manera los funcionarios hubiesen cometido un delito?, le pregunté a un Juez de Instrucción, y él me contestó: Sí”, ilustra Lacayo la contradicción.