A raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional la tasa que el Gobierno paga por usar los ahorros para pensiones del nuevo sistema previsional, los partidos políticos -menos el FMLN- coinciden en que el Estado debe ser “equitativo” y pagar a las aseguradoras de pensiones el mismo porcentaje que cancela por la emisión de los eurobonos.
El 22 de diciembre del año pasado la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa reformar los artículos 17 y 12 letra c), así como el 14 incisos 5° y 6° de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), y los artículos 91 letra m) y 223-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones sobre el uso de los ahorros de pensiones para la adquisición de los títulos valores.
Actualmente, el Estado paga una tasa que oscila entre el 6 % y el 7 % de interés por la emisión de títulos valores que coloca fuera del país, sin embargo, por utilizar el dinero de ahorro de los trabajadores les cancela únicamente el 1.2 % por la compra del 45 % de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Ante la baja rentabilidad que tienen los fondos de los cotizantes de las AFP, y que a causa de esto, quienes se jubilen bajo este sistema, no recibirán una pensión vitalicia, sino hasta donde sus ahorros les alcancen, hubo tres demandas en la CSJ.
Las denuncias fueron en contra del uso de los ahorros para pagar el Fideicomiso al antiguo sistema de pensiones administrado por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Es por esta razón que la Sala de lo Constitucional con base a las demandas recibidas ordenó al Primer Órgano del Estado corregir esa situación, pero no limitó el uso de los fondos que administran las AFP para pagar a los pensionados del INPEP, sino mejorar la rentabilidad de las cotizaciones que reciben esas empresas.
La Sala en su sentencia dice que la actual tasa de interés “vulnera la seguridad jurídica al violar el derecho a la previsión social”, y es que la base del interés que paga el Estado es la fijada por la London Interbank Offered Rate (Libor), una tasa de referencia internacional que era alta cuando se creó el FOP, en 2006, pero que cayó tras la crisis financiera de 2009.
Si bien la cercanía de las elecciones para alcaldes y diputados podría atrasar la tarea de los legisladores, al ser consultados de como avanza el consenso para acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la mayoría dicen que lo han analizado y que lo conveniente es que el Gobierno pague la misma tasa que cancela por los eurobonos.
Los más convencidos de reformar la ley en el sentido de que haya equidad en el pago por el uso de las pensiones de las AFP son Rodolfo Parker, del PDC, y Mariella Peña Pinto de ARENA.
“Nosotros estamos convencidos que la Sala tenía plena razón en lo que resolvió, no se puede estar pagando en eurobonos un siete y tanto por ciento y a los pensionados nuestros alrededor del uno por ciento, es decir, hasta mucho se tardó en reaccionar el sistema institucional, nosotros habíamos tratado de hacer resistencia sin posibilidades de evitarlo, pero el FMLN contó con aliados y votos para mantener ese estatus hasta que la Sala lo corrigió”, manifestó Parker.
Para el diputado pedecista la Sala le ha encomendado a la Asamblea que debe dar los “parámetros correctos” y eso, según Parker, se sintetiza en una sola cosa: aprobar que el Gobierno pague “la misma tasa de los eurobonos, eso es lo que a nuestro juicio debemos de reconocer, exactamente el mismo parámetro, por equidad, nosotros lo vamos a promover en la Asamblea”, dijo.
Peña Pinto es de la idea que en vez de estar pensando en subir la edad de jubilación de las personas cotizantes como en más de alguna ocasión se ha planteado por parte del Gobierno, debe dársele mayor rentabilidad a las cuotas que pagan mensualmente los trabajadores que cotizan en las AFP.
“Siempre hemos dicho que lo que tiene que recibir el empleado es más rendimiento de los dineros que tiene, que va cotizando mes a mes, mientras que sólo le paga el 1.5 % cuando presta al 7 %, ¿porqué no les paga igual a los empleados que es su dinero de jubilación”, cuestionó Peña Pinto.
Las discusiones en el Congreso para reformar la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), y la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, para cumplir con el fallo de la Sala de lo Constitucional aún no han iniciado, pero los diputados que integran la Comisión de Hacienda legislativa del FMLN, ya están preparando una propuesta que someterán a evaluación del resto de partidos.
“Estamos esperando que los compañeros que trabajan en la Comisión de Hacienda nos lleven una propuesta”, afirmó a este periódico la diputada y dirigente del FMLN, Nidia Díaz.
Añadió que el partido en el Gobierno acatará lo que la Sala de lo Constitucional ordenó, ya que así lo han hecho en otras ocasiones, aún cuando el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, acudió a la Corte Centroamericana de Justicia en 2012 cuando la CSJ declaró inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte Suprema electos en 2006 y 2012.
También, ha ignorado la sentencia de la Sala de lo Constitucional que le ordenó retirar los privilegios que gozan los diputados tránsfugas, al disolver el grupo legislativo “Unidos por El Salvador”, el cual formaron tras haberse salido de ARENA.
Pero según Díaz, el FMLN esta vez no se opondrá a lo que ha dictado el Máximo Tribunal. “No nos vamos a oponer a las sentencias ni ningún diputado, creemos en la independencia de Poderes del Estado y queremos que se respete la Asamblea. En este punto te puedo decir que ha comenzado el debate, que vamos a ver lo más justo para nuestro pueblo, lo más ecuánime y que podamos optimizar los recursos que están dentro de la disponibilidad que tenemos como Estado, pero respetando la sentencia misma”, aseveró.
Pero cuando se le preguntó a la diputada Lorena Peña, del FMLN, respondió de forma escueta que antes de comentar sobre las reformas al Fideicomiso y al sistema de pensiones, como partido están esperando la propuesta que les hará llegar la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Francisco Merino tampoco dice estar en contra de incrementar el porcentaje que el Gobierno paga por usar el fondo de pensiones, pero opina que el Estado tendría que tener más recaudación de dinero para cumplirlo.
Cree que en este caso habría que aumentar los impuestos, el IVA o echar mano de otros recursos. “No hay almuerzo gratis, esa es la realidad del panorama”, reflexionó.
“Conveniente sería para los cotizantes porque significan ahorros, esos ahorros en vez de tenerlos al 1 % se les paga al 6 %, la pensión sería mejor, pero en este caso quien tendría que pagar esos intereses más altos es el pueblo entero”, aseveró.
Guillermo Gallegos, de GANA, dice que lo analizarán posterior a las elecciones, pero en primera instancia no desestima la propuesta del PDC de que el Gobierno pague la misma tasa que cancela por los eurobonos.