LA UNIÓN. Mientras las autoridades policiales de La Unión lanzaban un nuevo contingente de elementos de la unidad comunitaria, los comerciantes del sector sur y oriente de la ciudad se quejaban porque las cámaras del sistema de videovigilancia de la unidad no funcionan desde hace varios meses.
El sistema compuesto por cuatro cámaras y monitoreado desde la base comunitaria policial, ubicada en el parque central, está dañado en dos de sus equipos y han dejado descubiertas las zonas antes mencionadas.
Los comerciantes aseguran que temen que la delincuencia, que había tomado cierta pasividad por el sistema, retorne de nuevo a la zona comercial al saber que nadie los está vigilando.
El subinspector, Luis Alberto Burgos, que realizó el lanzamiento del nuevo equipo comunitario, admitió que “sólo hay dos cámaras funcionando en su capacidad total, y las otras dos cámaras tienen dos meses de estar dañadas, pero se les están buscando repuestos para que funcionen”, señaló.
Aún así, afirmó que el sistema de videovigilancia está operando en un 80 por ciento, sin tomar en cuenta que de los cuatro equipos, sólo dos operan, es decir, el 50 por ciento del equipo.
Julian Ramírez, unionense, dijo que “es necesario que las cámaras sean reparadas, porque así anda uno más tranquilo cuando va a comprar o viene al parque”, aseguró.
Mencionó que desde recién instalados los equipos escucharon sobre las fallas en las cámaras, por lo que instó a las autoridades a repararlas antes que todos los equipos se dañen.
Burgos mencionó que, para contrarrestar el problema de las cámaras dañadas en los sectores, están operando con más patrullajes con sus elementos, mismo que ahora hacen con mayor frecuencia para mantener presencia en la zona.
Parte de los elementos que darán vigilancia serán los nuevos 12 agentes que conforman la nueva unidad comunitaria que lanzaron.
Los comerciantes de la ciudad reconocen que el área comercial, después que instalaron las cámaras se volvió más seguro, pues la Base de la Policía Comunitaria ha evitado los delitos más comunes como robos o hurtos a los compradores y negociantes.
No así el pago de las extorsiones que están dando cada mes a las pandillas, aseguraron.
“Hay comerciantes que estamos pagando cada mes, otros a la semana, son cuotas que van desde los 50 dólares en adelante, depende del negocio que tengamos”, expresó una comerciante que prefirió no dar su nombre.
Agregó que para este delito de poco o nada sirven las cámaras de vigilancia, pues los pandilleros siempre encuentran la forma de chantajearles y burlar a las autoridades para que no los detecten.
La afectada mencionó que aunque la Policía tenga algún acercamiento con los comerciantes, nadie de las víctimas se atreve a hablar de las extorsiones, por temor a represalias, y por la falta de confianza que aún tienen en las autoridades.
Las fallas del sistema de videovigilancia no es un tema nuevo, pues desde que abrieron la Base de la Policía Comunitaria, en junio de 2013, presentaron problemas, aún año de estar funcionando ya habían fallado dos veces.
El proyecto tuvo un costo de 40 mil dólares y fue financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en coordinación con la alcaldía y Policía Nacional Civil.
Hasta el momento, las autoridades no saben con certeza cuándo las cámaras funcionarán nuevamente.