El exdirector de la Policía y candidato a diputado por el partido ARENA, Rodrigo Ávila, tiene claro que el principal problema de la inseguridad en el país son las pandillas y que su fuente de ingreso de dinero son las extorsiones.
En ese sentido, una de sus prioridades, de llegar a la Asamblea Legislativa, será la de impulsar una ley especial para el combate de las extorsiones, sobre todo las que exigen las pandillas. Además, muchos homicidios tienen como móvil los chantajes de los pandilleros.
“Necesitamos instrumentos procesales que permitan darle un peso más grande a la prueba técnica”, considera el candidato tricolor.
En este sentido, indica que por la naturaleza del delito es difícil que sea admitida en los juzgados, “se necesitan decretos que incorporen instrumentos especiales que ya existen, como las escuchas telefónicas y otras figuras procesales que respondan a la realidad que estamos viviendo”, dijo Ávila.
Para el exdirector de la Policía, estas disposiciones podrían ser temporales, “mientras se reducen las extorsiones”.
Ávila señala que en los últimos cuatro meses se ha incrementado el número de pandilleros, lo cual obedece a que “simple y sencillamente ha crecido la oportunidad de extorsionar”.
Según el exdirector de la PNC, de la extorsión, que se ha convertido en la forma de vida de esos grupos delincuenciales, “deriva el dominio territorial, la paulatina aceptación o legitimización de las pandillas y la violencia”.
Es por eso que Ávila cuestiona que a pesar de contar con leyes para combatir a esos grupos ilegales, no se aplican.
“Tenemos leyes, pero son leyes que no se aplican, leyes que han quedado guardadas en una gaveta. Leyes que ni siquiera se quieren mencionar, como por ejemplo, la Ley Antipandillas”, detalló.
Lo indicado por el candidato forma parte de las 16 propuestas electorales que ofrecen los candidatos a diputado por el partido ARENA. De aplicarse, permitiría a los salvadoreños frenar el embate de la violencia y la criminalidad.
Ávila afirma que impulsará un plan nacional de desarticulación de las pandillas, en el que se incluya programas de rehabilitación y de reinserción de los jóvenes que deseen dejar esos grupos para reincorporarse a la vida productiva del país.
“Lo que necesitamos es dar una respuesta como Estado. Y creo que todos los ciudadanos debemos de ayudarle al gobierno, pero obviamente el gobierno se tiene que dejar ayudar”, detalla Ávila.
Y esto pasa, añade, porque “en El Salvador, las pandillas están proscritas por ley, en El Salvador ser pandillero es ser delincuente”.
Sostuvo que él advirtió que desde la aprobación de la Ley Antipandilas, esta no funcionaría porque había sido una respuesta política, coyuntural ante un hecho que conmocionó al país.
Ante esto, propone que la misma sea derogada y que el componente represivo sea incorporado a la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja.
Y a manera de complemento, se propondrá la creación de una Ley especial de Protección de los Menores en Riesgo Social, en la cual se deberá incluir aspectos que faciliten la prevención, rehabilitación y y reinserción.