El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, resolvió ayer seguir procesando en libertad a cuatro oficiales de la Policía por haber revelado públicamente información falsa de varios ciudadanos para vincularlos como integrantes de una organización del crimen organizado que operaba en la zona Occidental del país, informaron fuentes judiciales.
Por tener reserva total el proceso judicial, los nombres de los oficiales de la Policía que son juzgados no fueron proporcionados. Sin embargo, los acusados son un subcomisionado, dos inspectores y un sargento; quienes fungieron en distintas jefaturas del Centro de Inteligencia Policial (CIP) entre junio de 2009 y noviembre de 2011.
Los acusados no podrán salir del país, deberán de presentarse de forma periódica al Juzgado de Instrucción, no podrán cambiarse de domicilio y no acercarse a los testigos y personas que aparecen mencionadas en el proceso judicial.
Los acusados habrían relacionado a altos oficiales de la Policía, jefes fiscales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, políticos, exfuncionarios de gobiernos anteriores, y personas particulares como integrantes de un grupo del crimen organizado que tenía el Occidente del país como centro de sus operaciones.
Las investigaciones revelaron que los procesados vincularon a personas que no estaban ligadas con los hechos investigados para dañarles la imagen a esas personas, aparentemente por razones político-ideológicas.
Luego habrían publicado esa información en las redes sociales y la filtraron a periódicos digitales con el propósito de desprestigiarlos ante la opinión pública, según las investigaciones.
Además se estableció en las indagaciones que los oficiales acusados usaron los recursos informáticos de la Policía para crear montajes de organigramas de estructuras criminales y les pegaban las fotografías de los ofendidos para hacer ver que eran integrantes de esos grupos.
A los cuatro oficiales los seguirán procesando por el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, contemplado en el artículo 324 del Código Penal y el cual es sancionado de cuatro a seis años de prisión.
Las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía determinaron que la organización criminal sí existía en la zona Occidental del país, y de hecho se han capturado y están siendo procesados varios de sus integrantes ligados a robo de autos y narcotráfico, pero en ningún momento se procedió en contra de las personas que involucraron porque no se estableció que tuvieran algún vínculo.
El caso pasará a conocimiento del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad; donde se decidirá en los próximos meses si los cuatro policías son llevados a juicio.
El fiscal general Luis Martínez dijo en su oportunidad que “vamos a romper esa mala cultura de andar espiando funcionarios, empresarios, o personas particulares. Ya es tiempo de llevar orden al país.
También dentro de las investigaciones se incluía el seguimiento en vehículos policiales y en taxis a empresarios y oficiales de la misma Policía por considerarlos sus adversarios políticos, aunque en las investigaciones no se obtuvieron indicios de esa hipótesis.
Los ofendidos bien pueden demandar a los cuatro procesados por difamación al tratar de mancharles la imagen.