Un grupo de agentes supernumerarios de las divisiones de Protección a Personalidades Importantes (PPI) y de Víctimas y Testigos, de la Policía, se quejaron de que las jefaturas de esas unidades no les permiten llevarse el arma de equipo cuando no están en horas laborales.
Argumentan que muchos residen en zonas de presencia de pandillas, por lo que tanto ellos como familiares corren el riesgo de ser blanco de esos grupos ilegales.
La plantilla del PPI la forman 2,600 agentes supernumerarios, la mayoría de ellos no son policías de carrera, es decir graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Los agentes aseguran que 700 de ellos están asignados a la Unidad de Protección Judicial (UPJ), es decir que son los que se encargan del traslado de los reclusos a las distintas audiencias, darles protección a los jueces y seguridad a instalaciones judiciales del país.
Los supernumerarios cuestionan al jefe del PPI, comisionado Gersan Pérez, porque no les autoriza la portación de las armas de equipo, bajo el argumento de que no son personal policial operativo.
También sostienen que el jefe policial no toma en cuenta el asesinato de su compañero Julio César Serrano Girón, quien era parte de la seguridad del diputado del FMLN Antonio Echeverría Véliz, registrado el 12 de enero pasado en Jutiapa, Cabañas.
Otro señalamiento que hacen es una serie de ataques al personal de traslados de reos de la UPJ, como el sufrido por el agente Rigoberto V., quien fue emboscado por pandilleros cuando salía de su casa, pero reaccionó a tiempo para defenderse con una pistola de su propiedad. En este hecho murió uno de los pandilleros que lo atacaron.
Sufren acoso de delincuentes
Denuncian asimismo que los pandilleros que residen en una de las comunidades cercanas al centro judicial “Isidro Menéndez” han amenazado al personal de esa unidad y sostienen que en una oportunidad trataron de raptar a un agente supernumerario que se dirigía a cuidar la casa de un funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el guardia pudo escapar de los pandilleros que lo querían secuestrar.
Las salidas forzosas de los lugares donde viven, ante las amenazas de las pandillas es otro problema.
Ellos explican que un compañero de ellos, a quien solo identifican como William R., está desaparecido desde hace quince días.
Pero el comisionado Pérez sostiene que la orden del director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, de autorizar a los agentes a llevarse el arma de equipo en sus tiempos libres solo abarca a los policías de carrera.
Sin embargo, Pérez aclara que la indicación del director es que si algún supernumerario se siente amenazado por las pandillas, puede plantear su caso para determinar si se le permite llevar su arma de equipo en horas no laborales.
Otra de las situaciones que, dicen, les aquejan a los destacados en la UPJ, es que corren el riesgo de no recibir su salario de enero porque, según ellos, las autoridades de la PNC y de la CSJ no han renovado el convenio entre esas instituciones para el pago de los supernumerarios que prestan seguridad en el Órgano Judicial.
Los miembros de la División de Víctimas y Testigos aseguran que viven una situación similar respecto a la portación del arma en días libres para defenderse de un ataque, pues no les quieren dar la autorización de que se las lleven, cuando están de licencia.
Además, los integrantes de esta división se quejaron de que les han atrasado el pago del salario y la alimentación correspondiente a enero.
En este caso, señalaron que se debe a que no ha sido firmado el acuerdo entre la Policía y la Unidad Técnica del Sector Justicia, para la cancelación de los salarios.