El Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, ha ordenado a la Fiscalía General de la República que le entregue copia del acuerdo que firmó el Fiscal General, Luis Martínez, en nombre del Estado con la empresa Enel y que terminó con el largo litigio por la venta de acciones. Este acuerdo pondría en la cuerda floja la acusación que mantiene la Fiscalía en ese tribunal.
“Encomiéndase a la Representación Fiscal que en término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la correspondiente notificación, presente a este juzgado la prueba requerida por la defensa técnica del procesado Sol Bang consistente en: certificación del Acuerdo Marco suscrito en el proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) suscrito por una parte Enel Green Power, S.p.A (EGP) y el Estado de la República de El Salvador representado por el licenciado Luis Antonio Martínez González en su carácter de Fiscal General de la República de El Salvador”, dice parte de la resolución del juez emitida el 21 de enero pasado.
Este acuerdo, que permitió sellar la compra de las acciones de la Enel en LaGeo por valor de $287 millones, a juicio de abogados defensores de varios de las personas que son acusadas de peculado (apropiación indebida de bienes del Estado) los libera del delito que les imputan.
Pero pese a este acuerdo, la Fiscalía decidió mantener la acusación, pues a juicio del titular Luis Martínez, la parte penal en este proceso debe separarse de la acción civil.
Miguel Lacayo, uno de los acusados, cuestiona a la Fiscalía e incluso tilda a Martínez de actuar como Poncio Pilatos al descargar en el juez la decisión de liberar a los nueve acusados porque ya no hay delito, pero además, porque la Fiscalía nunca ha logrado probarles el delito.
Aparte del acuerdo marco, el juez también demanda de la Fiscalía el contrato de compra venta de acciones de LaGeo, S.A. de C.V. suscrito entre Enel e INE, S.A. de C.V. o cualquier otra identidad que se designó en cumplimiento del Acuerdo marco, el cual, dice en la petición, ha sido “ampliamente publicitado y conocido, el cual tuvo como presupuesto resoluciones de este Tribunal ordenando el desembargo de los bienes de la vendedora”.
Y un tercer documento que le pide es el contrato de compraventa de acciones de LaGeo, S.A. de C.V. suscrito por la CEL a favor de la INE, S.A. de C.V., de fecha 05-04-2006, que amparó el respectivo endoso de los certificados de acciones, a fin de que la misma se encuentre oportunamente agregada al expediente penal.
Ya el Juez Séptimo de Paz, que es donde se ventila el proceso a las personas que ya fueron sobreseídas, pidió también el acuerdo el 5 de enero.
También los abogados defensores de Miguel Lacayo Argüello y Tomas Hawk ya habían solicitado lo mismo al juzgador pero se los negó, según Lacayo.
El acuerdo marco establece en uno de sus apartados exonerar a todos los imputados, a los que se les acusa de seguir un proceso ilegal para venderle acciones a la Enel que le permitían una mayoría accionaria en el consorcio LaGeo.
El jueves, El Diario de Hoy desveló esa parte del acuerdo que firmó el Fiscal Luis Martínez con la empresa Enel Green Power, que en su artículo 3 habla de la “extinción definitiva e irrevocable de la acción civil” para todos los involucrados de la firma a Enel y a todas las personas naturales que tienen calidad de imputada.
“Las partes han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a EGP y EGP El Salvador en los procesos penales Nos. 171-A-2-13 en el Juzgado Séptimo de Paz y 133-2013-12 No. 175-DEUP-13, la cual se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen la calidad de imputadas en los mismos”, dice el artículo 3 del acuerdo.
El abogado Francisco Bertrand Galindo ha dicho a El Diario de Hoy que “si no hay daños o acción civil no hubo ningún beneficio de los imputados. Eso conlleva a que no hay parte penal y no existe ningún argumento para la tipificación de peculado. Es una prueba más de que el caso siempre fue débil”, dijo.
En otra parte del acuerdo dice textualmente: “El Salvador se compromete a mantener indemnes a EGP y a todas las sociedad del Grupo Enel y a sus empleados o directivos pasados, presentes y futuros con relación a cualquier acción judicial o reclamo de cualquier naturaleza planteado o que se plantee en el futuro en su contra por cualquier entidad o dependencia del Gobierno de El Salvador, así como por cualquier nacional de El Salvador o residente en El Salvador que actúe a instancias o bajo instrucciones o bajo el impulso de cualquier entidad o dependencia del Gobierno de El Salvador, con motivo o con relación a la participación accionaria de EGP en LaGeo”.
Acusación y defensa
El fiscal Martínez está convencido de que el acuerdo marco no conlleva sobreseimiento automático del caso porque la parte civil y penal son aspectos diferentes del proceso y ha negado que están siguiendo ese proceso por motivación política o estén manipulando la justicia.
“No somos fiscales con saña. Logramos una buena solución con mucho esfuerzo y ayuda de los funcionarios de CEL. No estamos manipulando la justicia o persiguiendo políticamente a alguien. Todo lo que hemos presentado es parte de una investigación que duró seis meses”, dijo el Fiscal el pasado miércoles.
Pero a juicio de demandados, la investigación hecha por la Fiscalía no ha podido probar el delito peculado. Ante eso, Lacayo insiste en su inocencia y esta, añade, no está sujeta al arreglo con la Enel, sino a que no hay pruebas en su contra y otros imputados.
Además indica la contradicción de la Fiscalía en que por un lado se empeña en acusarlos de hacer una venta ilegal de acciones a la Enel, pero luego la legitima al comprárselas a Enel. (Lea nota aparte).