Al empresario y académico, Ricardo Poma, le preocupa la dura realidad que enluta a 15 familias que en promedio pierden a un ser querido cada día en el país.
Pero lo que más ha calado en este empresario ha sido la muerte de siete agentes policiales en lo que va de 2015 y de 39, el año pasado.
A juicio del entrevistado, quien es Rector de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), estos hechos hacen ver muy mal al país, sobre todo, asegura, porque están pasando cosas que se vuelven intolerables.
“Este es un tema (la muerte de los policías) que hay que tratarlo con urgencia y hay que darle la más alta prioridad”, afirmó.
Poma ve muy preocupante el mensaje que las pandillas están enviando a todo un país, con tantos asesinatos, masacres, amenazas y extorsiones. “Creo que el gobierno y la sociedad en general debe tomar acciones en ese sentido”, subrayó.
A pesar que el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en reiteradas ocasiones ha manifestado que esta escalada de homicidios y el accionar desmesurado de las pandillas está llevando al país a un Estado fallido, el inversionista a escala nacional e internacional no se atrevió a secundarlo.
“El Arzobispo creo que mencionó algo en ese sentido, que dijo que estábamos llegando a un Estado fallido, yo no quisiera comentar en esos términos”, explicó.
Control de territorios
Sin embargo, consideró “alarmante” que las pandillas estén controlando comunidades y territorios.
Como solución, cree que el plan de seguridad quinquenal podría ser una alternativa.
El empresario dijo no tener información sobre los fondos que el gobierno requiere para impulsar las 125 medidas de seguridad que el jueves anterior demandó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
“No tengo ningún detalle de cómo se van a conseguir esos fondos para llevar a cabo ese plan, que estimo anda por dos mil millones de dólares por cinco años”, aseveró.
Poma dejó entrever que le da el beneficio de la duda a la labor que ha empezado a desarrollar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual recientemente ha sido dado a conocer.
Lo cierto es que “la gente en general está bastante frustrada y decepcionada, en vez de ver una mejoría, la situación se está poniendo más difícil”, señaló, en relación con al tratamiento que el actual Gobierno le está dando a la ola delincuencial.
El empresario afirmó que a la población le preocupa la inseguridad, sobre todo por los problemas que aquejan al país. “No cabe la menor duda que la inseguridad ciudadana es el tema fundamental del país en este momento”.
Puntualizó que, a pesar de que la situación económica que atraviesa el país es “sumamente importante, “yo creo que lo primero, hoy en día, es el tema de violencia e inseguridad, el tema de las extorsiones, en fin, todo esto es lo que más le preocupa a las personas”.
Se afectan inversiones
Frente a esta realidad, estima que el Gobierno debe estar viendo la enorme prioridad que el problema de inseguridad tiene para que el país , que la solución sea viable y pueda atraer las inversiones que se necesitan para generar empleo, así como crecimiento económico para satisfacer las necesidades de los salvadoreños y en el futuro, mejorar su calidad de vida.
“El tema de inseguridad ciudadana afecta muchísimo a las inversiones, porque el inversionista siempre busca confianza, esa es la palabra clave”, afirmó.
Si los inversionistas no tienen claro un panorama a cinco o diez años plazo, difícilmente van a escoger a este país y buscarían otros que les puedan ofrecer mejor clima de seguridad.
En su discurso inaugural de ayer, en el conversatorio “La Justicia Constitucional en El Salvador”, promovido por la Escuela Superior de Economía y Negocios, Poma manifestó que en la situación actual del país destacan cinco áreas cruciales para el progreso: seguridad jurídica, seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la salud y la educación.
Cada uno de estos temas requiere, para su pleno desarrollo, de una efectiva protección constitucional, necesaria para generar confianza y vital para que cada individuo alcance su máximo potencial, para la sana convivencia y para que las instituciones funcionen y alcancen las grandes metas de la Nación.