Las repercusiones de la corrupción en los sectores público, privado y político, así como el blanqueo de capitales fue el tema que el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, España, Rafael Rebollo Vargas, expuso ayer a unos 500 empleados de la Corte de Cuentas.
El propósito de la jornada fue que jueces, magistrados y auditores de este tribunal conocieran las herramientas legales que se deben emplear para combatir y reducir los niveles de corrupción en el gobierno.
Rebollo Vargas puso de manifiesto que los actos de corrupción se encuentran en estrecha relación con los delitos de blanqueo de capitales, porque se convierte en el instrumento necesario para el disfrute y el aprovechamiento de los ingresos de ilícitos.
Afirmó que la corrupción facilita el lavado de activos, corrompiendo a los funcionarios encargados de perseguir y sancionar el delito (Policía y Tribunales).
Agregó que este flagelo ocasiona serias consecuencias a una nación.
“Se trata de un fenómeno que ha alcanzado dimensiones globales y que se sitúa por encima de la barreras nacionales”, aseveró Rebollo.
“La corrupción es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo y el crecimiento económico de un país. Además, amenaza el desarrollo político y económico de los Estados”, sentenció.
Los actos de corrupción afectan de manera directa a la credibilidad, la honra y el prestigio de personas e instituciones.
Rebollo manifestó que, por su complejidad, la corrupción es difícil de perseguir, policial y judicialmente, debido a la inmediatez de las transacciones, la facilidad de desplazamiento y la utilización de medios técnicos altamente sofisticados.
A todo esto se suma la colaboración de algunos de los mejores expertos en la ingeniería financiera para hacerlo aún más invisible.
Puntualizó que blanqueo de dinero no solo es el ingreso que proviene del narcotráfico, sino los dineros que un funcionario recibe como resultado de sobornos a cambio de permisos, autorizaciones y licencias para desarrollar actividades ilícitas.
Rebollo cuestionó a los partidos políticos también, quienes escogen a sus funcionarios en las principales dependencias del gobierno, autónomas y semiautónomas, así como alcaldías.
Agregó que los partidos políticos tienen el poder y la decisión de designar a los representantes de los principales poderes de un país, como Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, hasta llegar al grado de que se convierten en intocables.
En esas condiciones, dijo, a un país se le hace difícil combatir la corrupción, pues todo el sistema está a su favor y fácilmente se encubre cualquier irregularidad.
La corrupción política es una de las enfermedades más dolorosas y más crueles de las sociedades democráticas, afirmó el experto.
“Cuando la corrupción se afianza y se consolida en los Estados, estructuralmente corren graves problemas porque sus funcionarios están podridos”, señaló.
En estos paraísos de impunidad, los funcionarios corruptos levantan su voz y afirman “aquí no pasa nada y a mí nadie me va a tocar”.
Deben procesarlos y enviarlos a prisión
“Los políticos corruptos deben acabar en la cárcel. Les hablo de la corrupción de mi país (España), que no es ningún modelo, pero donde el ministro del Interior, el presidente del Banco de España, el director general de la Guardia Civil, el director de la Policía Militar acaban en la cárcel, algo anda mal, pero funciona”, dijo Rebollo, a razón de ejemplo de la lucha contra la corrupción en su país.
Las democracias con alto nivel de corrupción, donde se incumplen sistemáticamente las leyes, son democracias ineficientes, agregó el experto español.
Señaló que, en la actualidad, la corrupción política está poniendo al descubierto una profunda crisis en un Estado de derecho con dimensiones patológicas en clara divergencia de la realidad.
Según Transparencia Internacional: “la corrupción política socava las esperanzas de prosperidad de los países en vías de desarrollo y perjudica enormemente la economía mundial”.
Afecta a todos
Las consecuencias de la corrupción política son “absolutamente demoledoras” no solo desde el punto de vista ético y económico, sino también desde el punto de vista social y político.
La corrupción y el blanqueo de capitales, que están estrechamente enlazadas, lesionan el orden socioeconómico de los países, explicó
En el ámbito privado, citó la “mordida” o soborno hacia el funcionario público para acelerar los trámites administrativos, otorgar concesiones de obras públicas y de proveedores de bienes y servicios, sin reunir los requisitos o cumplir los procedimientos legales.
Estos ingresos se convierten en complemento de salario para los funcionarios públicos, que se reflejarán en alza de los costos de las obras o bienes y servicios de un país, y que los ciudadanos, más tarde, pagan con más elevados impuestos. Además, reducen la inversión en salud, educación y seguridad, entre otras áreas.