Los fiscales anticorrupción hacen pesquisa en la expansión 5 de Noviembre

Ayer inició la investigación en el proyecto que fue adjudicado bajo la administración del expresidente Mauricio Funes

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CEL paga a la firma brasileña Queiroz Galvao $189.3 millones por la Expansión. Esta sigue bajo investigación por el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras. Foto EDH / ??velyn Linares

Por Juan José Morales politica@eldiariodehoy.com

2015-01-07 9:20:00

Un equipo de cinco fiscales especializados contra la corrupción inició las pesquisas sobre el proyecto de expansión de la represa 5 de Noviembre, por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) paga $189.3 millones a la firma Queiroz Galvao, la misma que ha sido ligada a una estructura de corrupción a través de la estatal brasileña Petrobras.

Además los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron a El Diario de Hoy que las investigaciones abarcarán el proceso de licitación y adjudicación de la obra, realizado entre julio de 2012 y enero de 2013, bajo el gobierno del expresidente Mauricio Funes y siendo Leopoldo Samour presidente de la CEL.

Las indagaciones iniciaron con una inspección técnico-ocular de todo lo que actualmente construye el contratista de CEL. Luego de esta etapa la Fiscalía definirá si requiere de peritos para realizar otras averiguaciones, confirmó Andrés Amaya, jefe del equipo de fiscales anticorrupción que están en el lugar.

“Es una investigación por instrucciones del Fiscal General (Luis Martínez). Nuestro equipo realizará todas las verificaciones del lugar y revisará los avances en la obra. Además están involucrados otros tres investigadores que también analizarán toda la documentación entre la CEL y la compañía contratada”, sintetizó Amaya.

Así, la FGR no tiene un plazo definido para concluir la investigación, ya que las inspecciones podrían extenderse varias semanas en su fase inicial, indicó Rocío Rodríguez, fiscal anticorrupción que participa en la indagación.

“En este momento estamos haciendo diligencias iniciales de investigación, que consisten en esta inspección y en la recolección de toda la prueba documental que ya se solicitó a CEL relacionada con la contratación y la ejecución. Son acciones paralelas que después se someterán a un análisis detallado para encontrar o no posibles delitos”, detalló la fiscal.

Rodríguez agregó que las pesquisas alcanzarán las instalaciones industriales y administrativas dentro del plantel de obras. También ratificó que en áreas clave del proyecto como la estructura de control, el canal de acceso y la futura casa de máquinas (donde se colocará la turbina) hay presencia de personal técnico de Queiroz Galvao, tanto salvadoreños como brasileños.

“Hay gente y hay maquinaria. Ellos están trabajado, están avanzando, no sabemos sus plazos. Lo importante es que todo esto inició a raíz de la información que se publicó en los medios de comunicación nacional e internacional por los conflictos de corrupción que afectan a la empresa Queiroz Galvao. La obligación de la Fiscalía es defender los intereses del Estado”, complementó Rodríguez.

Cabe destacar que este periódico ya publicó a mediados de diciembre de 2014 que el costo inicial de la obra, cuando fue anunciada en enero de 2011, era de $136.3 millones, $52,945,000 menos que los $189.3 por los que se firmó el contrato durante el gobierno Funes. En la expansión también participa Andritz Hydro Inepar, el principal fabricante de turbinas de Brasil e Interchene Consultores como firma supervisora a un costo de $9.2 millones, $1 millón más de lo que CEL tenía presupuestado.

Pedirían ayuda a Brasil

Si en el transcurso de las investigaciones es necesario solicitar documentos o colaboración a autoridades fiscales o policiales del país sudamericano, el Fiscal General, Luis Martínez, adelantó en diciembre que por la naturaleza local e internacional del caso se podría realizar un trabajo coordinado entre las instancias de ambos países.

“Tenemos que ser frontales en combatir la corrupción. Pediremos asistencia a la Fiscalía y la Policía de Brasil para conocer qué ha pasado o si a lo mejor hay alguna vinculación entre el caso salvadoreño y lo que allá se está indagando (escándalo Petrobras)”, afirmó el Fiscal.

Por ello, otro de los fiscales anticorrupción asignados recordó que Queiroz Galvao forma parte de la estructura de Petrobras y bajo esa lógica la investigación es mucho más amplia.

“De momento no es que se esté señalando directamente a Queiroz Galvao. Lo que pasa que ha sido el consorcio el que ha participado en la red de corrupción y se ha visto involucrado directamente. Más allá de esto, nosotros como Fiscalía tenemos el compromiso de que todo se realice con transparencia, eso nos ha ordenado el Fiscal General”, apuntó la fuente, que pidió reserva de su identidad.

Según han revelado las autoridades brasileñas, las empresas ligadas a Petrobras inflaban los costos de los proyectos de licitación en los que participaban para luego lavar dinero y realizar donativos a políticos, sobre todo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas de oposición

El Diario de Hoy pudo constatar que en el proyecto de Expansión de la Presa 5 de Noviembre ya se está avanzando en la excavación de la casa de máquinas, donde se instalarán dos turbinas de 40 megavatios (MW) cada una, las cuales generarán energía aprovechando los excedentes de agua del actual embalse. Asimismo ya se colocó una grúa torre y se avanza en colocar inyecciones de lechada de concreto en la zona donde se construirá el anexo de la central.

El informe de examen especial de auditoría al proceso de licitación CEL-LP-19/12, realizado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) en noviembre de 2013, revela que Queiroz Galvao y Andritz Hydro, al final presentaron como consorcio una única oferta sin competidores, ya que la Comisión Evaluadora de Ofertas de CEL “recomendó” la adjudicación de la licitación a los brasileños, porque obtuvieron “puntajes mayores al mínimo exigido” (en lo técnico) y una evaluación económica “dentro del rango de variación de precios del mercado”.

Cuando se licitó el proyecto 65 empresas se interesaron en el proyecto al descargar las bases de licitación del portal gubernamental Comprasal. De estas 10 firmaron cartas de confidencialidad y pagaron una fianza de participación de $50,000.

Por último hay que resaltar que los fiscales anticorrupción aseguraron que la administración del proyecto “no ha obstaculizado las investigaciones” y se desconoce si estas afectarán o no el desarrollo de todos los trabajos.