La subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lema (CEL), Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) presentó un escrito, a través de sus querellantes, en el cual desiste del proceso penal contra nueve ex funcionarios acusados de peculado ( apropiación de fondos públicos), lo cual deja implícito que la autónoma estima que no hay delito que perseguir.
El documento, enviado al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, incluso reconoce que las circunstancias iniciales de la querella “se han visto modificadas” y que esta debe surtir iguales efectos a favor de las Sociedades Enel Green Power El Salvador y su casa matriz en Italia.
Además en el dictamen de acusación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado viernes 9 de enero se confirma que CEL se mantendrá en el proceso, a través de sus apoderados porque tiene renunciada la acción civil, constató este periódico.
Este nuevo escenario se relaciona con la venta de acciones de Enel en LaGeo a INE a un monto de $287.6 millones, una cifra inferior al cálculo que realizó la FGR para acusar y pedir embargo a los imputados con un valúo sobreestimado, realizado por la firma Ochoa Benítez y Asociados, fundada por el ex ministro de Agricultura, Pablo Ochoa, bajo la administración del ex presidente Mauricio Funes.
Por otra parte, en la acusación de la FGR a procesados como el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, se le ha cambiado la tipificación del delito de “instigador” a “coautor”, al igual que a otros directores y funcionarios de CEL y LaGeo.
“Nunca participé en ninguna reunión de junta directiva ni firme acta alguna, no tuve involucramiento alguno en el contrato entre CEL y Enel”, indicó Lacayo.