El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió una investigación sobre el proceso que siguió la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) para nombrar a Mario Guillermo Miranda Alfaro como Director Ejecutivo de esa entidad. Esto, a raíz de un aviso que recibió la semana pasada, según informó el presidente del TEG, Marcel Orestes Posada.
Este periódico publicó, el pasado 14 de enero, que Miranda Alfaro llegó al puesto de director ejecutivo de la AMP en junio de 2014, contraviniendo la Ley Orgánica de esa autónoma, ya que no podía ser considerado para el cargo siendo asesor del grupo parlamentario del FMLN, y con el agravante de que al ser electo fungía como directivo de la institución, algo que la ley de esa entidad lo prohíbe.
La normativa de la autónoma dice en el artículo 16, numeral 5: “el cargo de miembro del Consejo Directivo o de Director Ejecutivo de la AMP será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o función en la Administración Pública”.
Este medio le preguntó a Posada, hace varios días, sobre el caso de la AMP, posterior al pacto de ética electoral que firmaron los partidos políticos, y, en esa ocasión, el funcionario dijo que no podían investigar mientras no existiera una denuncia formal.
“Cuando existen ese tipo de problemas, que se llama nepotismo, necesitamos que nos planteen los casos concretos, con nombres y apellidos, con el grado de parentesco, porque afirmaciones generales no tenemos facultades para iniciar procedimientos como se suele decir por averiguar, la ley no nos lo permite”, justificó Posada.
Sin embargo, la publicación de este periódico detalló nombres, cargos y demás información que podía servir al Tribunal para iniciar de oficio una investigación aunque no se trate de nepotismo.
La ley del TEG, en el considerando cuatro del artículo 30, dice textualmente que: “El Tribunal también podrá iniciar de oficio la investigación cuando estime que existen suficientes indicios de la posible violación a la presente ley por información divulgada públicamente…”.
Posada explicó que la ley no les permite indagar en este caso porque no se trata de nepotismo, al referirse a la publicación en la que, con base en denuncias, se reveló sobre el nombramiento de Miranda Alfaro como director de la AMP, y que este, luego nombró a Duglas Alexander Flores Maldonado, hijo del diputado y dirigente del FMLN, Santiago Flores, en el cargo de supervisor de delegados sin pasar por el proceso de selección que exige la ley de la entidad.
Pero en la designación de Miranda Alfaro señaló que después de que este periódico le consultó, leyó la publicación y vieron que “hay pistas, huellas” que les pueden indicar algo irregular.
“El nepotismo que la ley contempla es limitado, tiene que ser pariente del mismo jefe que lo nombra, eso es nepotismo cruzado, es frecuente en la administración pública, yo lo veía en la Corte Suprema de Justicia”, reiteró Posada.
Ante esa limitación, dijo que esperan introducir a la Asamblea una reforma para regularlo, ya que para el caso en mención se trataría de “amiguismo o compadrazgo”, y que eso no lo norma la ley.
La denuncia de las dos contrataciones en la AMP la hizo a este periódico el excoordinador de delegados de esa entidad, capitán de navío Abraham Jiménez.
Jiménez era el jefe inmediato de Flores Maldonado cuando fue despedido por Miranda Alfaro en diciembre del año pasado sin causa justificada, con el objetivo de imponer en su puesto al hijo del diputado Flores, según la versión del militar que dio a este medio.
“A mí de entrada me la cantó que iba a llegar a diciembre (2014). Yo ya sabía, ese muchacho llegó sin ningún perfil. Para empezar, el cargo que yo tenía hay que hablar inglés, y él ni siquiera sabe decir hola en inglés, además son perfiles técnicos porque la mayoría de empleados, casi el ciento por ciento, es personal técnico, y todos hemos pasado por un proceso de selección”, aseveró Jiménez.
Miranda Alfaro justificó a este medio que desconocía que Flores Maldonado fuera hijo del diputado del FMLN, pese a que era asesor de ese partido. A la vez, afirmó que fue él quien lo escogió como supervisor de delegados, y que desde el 5 de enero es Coordinador interino.
Funde también indagó
Roberto Burgos, Coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de Funde, expresó que consultaron sobre el nombramiento de Miranda Alfaro, pero les argumentaron que no tenían información del proceso que se siguió. (Ver documentos anexos).
Burgos lamentó que los datos fueron “parciales”. El 12 de diciembre del año pasado, justifican que la Oficial de Información realizó las gestiones correspondientes para aclarar cómo se eligió al director de la institución, pero “que no existe dicho procedimiento”.
La ALAC también solicitó copia de la resolución del Consejo Directivo en la que se da por finalizada la relación laboral del anterior director, Juan José Giammattei, pero la AMP respondió que no era posible, ya que hay en curso un proceso administrativo.
Miranda Alfaro sustituyó a Giammattei como Director Ejecutivo, y según Jiménez, el funcionario incidió, ya que en ese entonces era miembro del Consejo Directivo, el organismo que decide quien ocupa el puesto de director.
Según Burgos, la AMP es una de las entidades con menos transparencia en el cumplimiento de sus misiones institucionales. “A nosotros nos interesa el desempeño de la AMP, debido a que tiene entre sus atribuciones inspeccionar los navíos que atracan en El Salvador y eso compromete la seguridad del país y la lucha contra el crimen organizado”.