El Salvador parece rezagarse en sus preparativos para pasar totalmente a la televisión digitalizada antes de 2018, lo cual se presta para maniobras con miras a favorecer a grupos políticos o individuos en el poder, o grupos económicos ligados a ellos, marginar a los medios desafectos al gobierno de turno y ahogar la libertad de expresión, según han denunciado sectores empresariales y las televisoras independientes.
El 31 de diciembre de 2018, los salvadoreños dejarán de recibir transmisiones de televisión en señal analógica, o tradicional, en lo que se constituirá como “el gran apagón” y la tendrán sólo receptores digitales (TTD).
Conforme al plan internacional, a partir del año 2020, ningún país deberá utilizar el estándar analógico, según la Unidad Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Actualmente, muchas naciones ya dieron el salto a la digitalización televisiva, entre ellas Canadá, Estados Unidos, México y Panamá.
En el caso de Centroamérica, la mayoría de países ya definieron el estándar a implementar y la fecha del cese de transmisiones análogas (Ver recuadro).
En Centroamérica, los países se han inclinado por el sistema ISDB-T japonés-brasileño, a excepción de El Salvador, que durante la administración Saca había acogido el sistema ATSC, mismo que ya tienen Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el exsuperintendente Luis Méndez, lo dejó sin efecto hasta que, según argumentó, se hiciera una consulta pública.
Pero la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) sigue sin definir cómo se distribuirá el espectro, pues ya no se podrán sintonizar los tradicionales canales 2, 4 y 6, sino desde el 7 y habría una recomposición.
Este atraso se ha prestado para que se cometan hechos cuestionados e insólitos, tales como asignarle la frecuencia del canal 11 al canal 37 en un proceso exprés y lleno de dudas, ordenado por el exsuperintendente Astor Escalante, nombrado por el expresidente Funes poco antes de finalizar su periodo.
La reconfiguración misma se presta para arbitrariedades como la asignación de canales de forma antojadiza o por móviles políticos ideológicos o a individuos u organizaciones que posteriormente harían negocio con la reventa de frecuencias.
La empresa favorecida ha sido vinculada al magnate mexicano de la televisión, Ángel González, quien se ha denunciado que adquiere medios y estos se vuelven complacientes con los regímenes de turno.
Se consultó a la oficina de comunicaciones de la Siget si hay algún cambio, y la única respuesta obtenida fue que hay una resolución de CSJ que paraliza dar nuevas concesiones.
Hasta el momento, Blanca Coto, titular de la Siget, aún no define la migración y eso podría afectar a la industria televisiva local y a los salvadoreños, cuyos aparatos receptores de televisión quedarían obsoletos con la nueva señal y no podrían sintonizarla.
Esta transformación es muy similar a la que permitió dejar de oír la radio para empezar a ver la televisión, y luego dio paso a la transmisión de imágenes en blanco y negro a color.
El propósito del apagón analógico es garantizar que en el país haya condiciones para que toda la población pueda acceder al servicio de televisión abierta (no de cable) y no solo quienes puedan sustituir los aparatos tradicionales por digitales, según expertos consultados.
Además, el servicio de televisión mejorará porque se ampliará la oferta de canales (con mejor sonido y calidad) y los consumidores podrán acceder a servicios adicionales de datos y telefonía.
Para concretar este salto, los consumidores deberán adquirir televisores con tecnología digital y quienes conserven el formato análogo deberán comprar un convertidor análogo-digital. Por eso es importante que el país defina el estándar ya que eso definirá los costos de las cajas convertidoras que tendrán que adquirir los salvadoreños para ver televisión digital en sus actuales aparatos.
Este cambio también obligará a las empresas de televisión a modernizarse y eso les exigirá hacer inversiones millonarias, pues con la extensión de la televisión por cable, los canales locales quedan en desventaja en cobertura, de acuerdo con técnicos de la industria televisiva nacional.
“La gente que no tiene un televisor digital y una caja que le convierta la señal de análogo a digital, en el momento en que se apague el transmisor análogo, ya no lo podrá encender (el aparato)”, según explicó un especialista en el tema.
Para hacer esta mutación se debe seguir un proceso que la Siget —entidad responsable de regular y administrar el espectro radioeléctrico— ha venido retrasando desde el gobierno de Funes.
Las empresas televisivas se quejan porque, hasta la fecha, la institución no ha avanzado en los pasos previos que se requieren para hacer el tránsito al sistema digital.
“Ahorita estamos detenidos, el tiempo está corriendo. Hay que hacer inversión y esto requiere de saber cuál va a ser el sistema y si (los consumidores) nos van a poder ver”, señaló el técnico.
Para la emisión terrestre de programas digitales existen cuatro sistemas en el mundo que compiten entre sí: el estadounidense (ATSC, por sus siglas en inglés), el brasileño (SBTVD-T), el chino (ISDB-T) y el japonés (ISDB-T).
Disposición sin efecto
El exsuperintendente Luis Méndez decidió que no se tomaría el sistema americano y que se haría una valoración para determinar si este era el más conveniente. Algunos delegados de las empresas televisivas aseguran que el Gobierno se había inclinado por el brasileño y el japonés. Sin embargo, en septiembre pasado, la actual titular de la Siget, Blanca Coto, justificó que el proceso de digitalización de la televisión quedaba suspendido por una orden de la Corte Suprema de Justicia que le ordena al ente regulador no modificar el Cuadro Nacional de Frecuencias y la asignación del espectro radioeléctrico para la radiodifusión sonora.
La funcionaria agregó que mientras la CSJ no resuelva de manera definitiva una demanda de inconstitucionalidad interpuesta, la Siget no puede hacer ninguna acción para digitalizar la televisión en el país, un paso para avanzar en la modernización de las telecomunicaciones.