El hacinamiento carcelario salvadoreño, que supera los 28 mil reos, ha sido duramente cuestionado por el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco.
Este pronunciamiento fue expuesto por el constitucionalista en un conversatorio denominado “funciones y desafíos de la justicia constitucional en el país”, realizado el viernes anterior en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
El magistrado Blanco afirmó que en el seno de la Sala han tramitado varias demandas en las que se plantean serios inconvenientes por el hacinamiento carcelario.
“Hay más de 28 mil presos, en cárceles, mientras su capacidad real es de unos diez mil internos, lo que implica que hay sobrepoblación penitenciaria que afecta la manutención de estas personas”, subrayó Blanco en su ponencia.
En ese mismo sentido se expresó Roberto Valent, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país.
El especialista abogó por la reducción de la mora en la investigación inicial y penal.
Frente a esta realidad, el magistrado Blanco calificó al sistema penitenciario salvadoreño como “estancado, fracasado y poco creativo”.
“Tenemos un sistema de cárceles que está completamente saturado”, aseguró Valent.
Respecto a las declaraciones del magistrado y las del experto del PNUD, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, salió al paso, al negar que no es cierto que el sistema penitenciario salvadoreño esté fracasado y estancado.
Al contrario, dijo, este año se preparan para invertir en el sistema más de 80 millones de dólares. Entre tanto, el magistrado Blanco sostiene que en las actuales condiciones, el régimen “prevalece y subsiste exclusivamente bajo la concepción de la custodia y evitar la fuga, desentendiéndose de la “resocialización, que es la finalidad principal de la prisión”.
La críticas del magistrado constitucionalista se dan en momentos que las autoridades penitenciarias impulsan el programa “Yo Cambio” solo en uno de los 19 centros penitenciarios.
Mientras los proyectos de construcción de nuevas cárceles, ampliaciones y readecuaciones en otras, así como la puesta en marcha de otras opciones penitenciarias como granjas y uso de brazaletes electrónicos para prisioneros de baja peligrosidad están paralizados, pese a contar con el sustento económico.
Desde junio del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha contado con 71 millones de dólares de un préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE).
En esas circunstancias, el magistrado Blanco puntualizó que “hay falta de voluntad en el sistema penitenciario de poner en práctica todos los postulados del ordenamiento jurídico penitenciario”.
Sentenció que estos vacíos e incongruencias no surgen por falta del marco jurídico pues el país “tiene una Ley Penitenciaria moderna que regula, recoge y desarrolla el sistema progresivo que permite a los internos, adaptarse a la sociedad hasta alcanzar la libertad definitiva”.
Valent es del criterio de que es necesario una reforma penal y hay que descongestionar las cárceles y empezar siendo sensatos.
Separación de sentenciados
El sistema penitenciario separa a los prisioneros en cuatro fases: ordinaria (encierro total), confianza (puede salir de prisión a trabajar en el día y regresar por la noche, permanecer con su familia un fin de semana), semilibertad (goza de libertad y solo debe presentarse a firmar ante el juzgado correspondiente) y libertad condicional (no cambiarse de domicilio o salir fuera del país), para finalmente alcanzar la libertad total.
Pero ante la falta de espacio en las prisiones, los reos están juntos, sin importar el nivel de peligrosidad o delito.
“Ahí hay gente que se ha robado gallinas o manzanas, que se le dan penas que en cualquier país serían penas pecuniarias o cualquier otro tipo de penas o servicio comunitario”, manifestó el representante del PNUD.
El magistrado Blanco se refiere a que en una misma cárcel están confinados los reos que han sido condenados a una sentencia y aquellos que todavía están en el proceso judicial para determinar si son inocentes o culpables de lo que se les acusa.
“Hemos dicho que son inconstitucionales las condiciones que se describen en un espacio concreto, es contrario a la Constitución, tener en la misma celda a los condenados y a los procesados que todavía se presumen inocentes”, afirmó.
Criticó la situación que se experimenta en los penales del país, sin importarles su condición de salud. “Hemos dicho que la Administración penitenciaria tiene la obligación de garantizar la salud de los presos”. Sin embargo, solo basta ir a los penales y ver personas de la tercera edad con enfermedades terminales, durmiendo en el suelo, abandonados, comiendo de pie, consideró Blanco.
“Debemos trabajar en humanizar las cárceles, eso no quiere decir que estamos a favor de los delincuentes”, expresó.
Medidas contra el hacinamiento
En administraciones anteriores, en 2008 se crearon dos decretos legislativas el 444 y 445 que permitía a los reos mayores de 70 años cumplir su pena en la casa, al igual que otros prisioneros con diagnóstico de enfermedades terminales como cáncer, sida, entre otros.
Los decretos también ayudaban a los reos que habían cumplido las dos terceras partes de la pena para que se acogieran a la libertad condicional. Para que estos reos fueran seleccionados, antes debían pasar por las evaluaciones de los Consejos Criminológicos y luego contar con el aval de los jueces de Vigilancia Penitenciaria. Este trámite se volvió engorroso, lo que impidió que las cárceles se redujeran en su saturación con este mecanismo, pues solo unos 800 de mil 347 que se proponían favorecer se beneficiaron.