La Asamblea Legislativa aprobó 27 modificaciones al presupuesto del año fiscal 2014 para reorientar $47.7 millones a distintas carteras de Estado, entre las que sobresalen, con la mayor cantidad de fondos, la Presidencia de la República, Obras Públicas, Salud y Seguridad, entre otras instituciones.
Algunos dineros fueron trasladados de una entidad a otra, pero en la mayoría de las veces el Gobierno echó mano de fondos de préstamos, y en otros casos fueron donativos y asignaciones de recaudación adicional de impuestos, que fueron distribuidos a distintos ministerios para que pudieran cumplir con el déficit presupuestario que pasaron en el último trimestre del año pasado.
Sólo a la Presidencia de la República, el Congreso avaló reasignarle $6.5 millones en distintas ocasiones, la de mayor cuantía fue la de $1.3 millones el 13 de noviembre, para que lo ejecute la Secretaría de Inclusión Social.
El dictamen 355 dice que los fondos se tomaron de un préstamo, sin especificar cuál, pero “que permitirá mejorar la calidad de vida de las mujeres, a través de la promoción de sus derechos y el fomento de la autonomía económica y la atención integral a la salud”, versa el decreto.
En total, fueron cinco reasignaciones de dinero los que obtuvo la Presidencia de la República durante 2014, en su mayoría, para completar la asistencia de los programas sociales que los Gobiernos del FMLN han promovido, como es el de las comunidades solidarias urbanas y rurales en situación de “extrema pobreza”, entre otros planes, según se lee en los decretos avalados por la Asamblea.
Algunos de estos movimientos financieros generaron discusión en el seno de la Asamblea, en específico, de la bancada de ARENA, sus diputados reclamaron que la falta de liquidez se debe al mal manejo de los fondos públicos que ha hecho el Gobierno, la falta de “austeridad” y la presentación de “presupuestos desfinanciados”.
Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, y Donato Vaquerano, jefe de la fracción tricolor, han cuestionado que el Gobierno promete mejoras para los sectores más deprimidos de la sociedad, pero sin tener claridad de qué fuente de financiamiento sacarán el dinero, y por ende, sin darle “sostenibilidad a los programa sociales”, han criticado.
La cartera de Seguridad Pública es otra de las instituciones que más ha recibido fondos de reorientaciones.
De acuerdo con el dictamen 292 del 3 de junio, publicado en el sitio de Internet de la Asamblea, para Seguridad Pública se destinaron $19.1 millones con fondos “provenientes de préstamos, donaciones y contrapartida”.
Según el decreto hubo, que darle solvencia económica a la institución para “fortalecer la infraestructura policial, para la reparación, remodelación, construcción y equipamiento, suministro e instalación del sistema integral para los centros de atención de emergencia 911 y para la Policía”, entre otros fines.
Pero la realidad que vive la Policía Nacional Civil (PNC) es otra, ya que la institución adeuda, desde junio hasta diciembre del año pasado, más de dos millones de dólares por el alquiler de 369 locales distribuidos en todo el país.
Esto, según información brindada a este periódico por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la institución policial, quien explicó que la PNC debe pagar una factura mensual de $375 mil por el alquiler de los locales.
En los fondos asignados a Seguridad también se menciona que servirían para construir, reparar, remodelar y equipar a los centros penales de Zacatecoluca, de La Paz, y concluir, además, la fase III del complejo penitenciario de Izalco, en Sonsonate, pero las obras en ese lugar se encuentran paralizadas desde 2011, y las de Zacatecoluca aún no han iniciado.
Entre el 16 de septiembre y el 27 de octubre del año pasado, la Asamblea aprobó otros $10.2 millones en reorientaciones para distintas instituciones del sector público.
Lo anterior, con el objetivo de que pudieran finalizar el último trimestre de 2014 cumpliendo con sus compromisos de “gastos, adquisición de bienes y servicios… debido al desfinanciamiento en las asignaciones presupuestarias programadas para el último trimestre del presente ejercicio fiscal”, reza el dictamen 331 con el que se autorizó, el 16 de septiembre, los primeros $5.1 millones provenientes de los gastos imprevistos de diferentes carteras de Estado.
Esto se sumó a otros $5.1 millones aprobados el 27 de octubre, de “tributos complementarios que adeudaban al fisco y de saldos a favor en una cuantía superior a la que legalmente les pertenece”, según dice el dictamen legislativo 344.
Este mecanismo originó un incremento de $5.1 millones a las arcas de Hacienda, que terminaron siendo repartidos “al sector público que no dispone de asignación presupuestaria para el último trimestre”, dicta el decreto legislativo en mención.
El 27 de marzo de 2014 también se vivió una enconada discusión entre las bancadas de ARENA y el FMLN, por la transferencia de $1.4 millones que el Gobierno pidió que la Asamblea le avalara para el traspaso de mando presidencial del 1 de junio.
ARENA cuestionó, en ese entonces, que el Estado le quitara dinero a los ministerios de la Defensa, Seguridad Pública, Educación y Salud, para atender a los invitados especiales que asistieron a la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Cerén.
En el dictamen 265 se menciona que para ese objetivo se le restaron $400 mil a Defensa; $204,760 a Seguridad Pública; $400 mil a Educación y otros $400 mil a Salud.
La acción fue cuestionada en redes sociales, pues la población resintió que se le quitara fondos a entidades que sufren escasez, tales como Educación y Salud. Al final, el Gobierno tuvo que reducir el gasto a unos $900 mil.